La Justicia Federal detuvo este miércoles a 21 personas, entre ellas un ex juez y un ex fiscal, por las desapariciones forzadas de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, ocurridas el 28 de abril de 1990 en el Parque General San Martín.
El caso es investigado por fiscal federal Fernando Alcaraz, quien solicitó al juez federal Marcelo Garnica que ordenara las capturas del ex magistrado Enrique Knoll y del ex fiscal Adelmo Argüello (actuó como juez de la causa). Los restantes arrestados son ex policías de Mendoza, la mayoría integrantes de las áreas de Motorizada, Comisaría Quinta e Investigaciones.
En tal sentido, un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó que “los jueces [de instrucción] Knoll y Arguello no cumplieron [con] sus obligaciones legales, actuaron con parcialidad manifiesta y habrían incurrido en delitos en el ejercicio de sus funciones”.
Los operativos estuvieron a cargo de personal de la Gendarmería Nacional, que realizaron en total 25 allanamientos.
Los 21 detenidos están sospechados como coautores del delito privación ilegítima de la libertad, de acuerdo con lo que tipifica el artículo 142 ter del Código Penal: “Se impondrá prisión de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona”.
Y agrega: “La pena será de prisión perpetua si resultare la muerte o si la víctima fuere una mujer embarazada, una persona menor de dieciocho (18) años, una persona mayor de setenta (70) años o una persona con discapacidad. La misma pena se impondrá cuando la víctima sea una persona nacida durante la desaparición forzada de su madre”.
El caso
Garrido y Baigorria fueron los primeros desaparecidos en democracia en Mendoza y del país. La reconstrucción del caso sostiene que, entrada la tarde del sábado 28 de abril de 1990, ambos circulaban en Fiat 1.500 color azul por el interior del Parque General San Martín y, cuando llegaron la rotonda “Monseñor Orzali”, fueron interceptados por una movilidad de la Dirección Motorizada de la Policía de Mendoza con cuatro agentes.
Luego de hacerlos descender del vehículo y “cacharlos”, se los llevaron en uno de los vehículos de la Policía que arribaron al lugar.
Una vecina de la familia Garrido alcanzó ver la escena desde arriba de un colectivo que pasaba por allí. También algunos jóvenes que concurrían a jugar un partido de fútbol presenciaron el operativo policial.
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Cuando la mujer regresó a su casa, un par de horas más tarde, alertó a los parientes de Garrido sobre lo sucedido. Éstos se dirigieron inmediatamente a la Comisaría Quinta, ubicada a escasos cuadras del lugar, donde les negaron la detención alegando que el vehículo azul que se encontraba estacionado en la puerta de esa dependencia fue hallado sin ocupantes.
Los familiares de Garrido hicieron la denuncia de lo ocurrido y en los días sucesivos pusieron a disposición de las autoridades judiciales de la provincia toda la información con que contaban, identificando a los testigos presenciales de la detención, pero nunca obtuvieron ninguna respuesta y las actuaciones judiciales que se formaron a raíz de sus presentaciones fueron mantenidas durante seis años en estricto secreto de sumario.
Tras varios años de inacción judicial, el expediente llegó a los tribunales internacionales y se entendió que estaban frente a un caso de desaparición forzada. Por ese motivo pasó a la órbita de la Justicia Federal y es considerado un delito de desaparición forzada de personas. Es decir, imprescriptible.