El juez federal Eduardo Puigdéngolas amplió este lunes el procesamiento con prisión preventiva de su par Walter Bento, luego de que el magistrado fuera imputado en un nuevo caso de cohecho a fines del año pasado, cuando se ordenaron allanamientos masivos y cayeron más sospechosos de integrar una organización que presuntamente otorgaba beneficios a presos a cambio de miles de dólares.

De esta forma, ya son tres los procesamientos que recayeron sobre el titular del Juzgado Federal Nº1 de Mendoza por una docena de casos de coima, por lo que su situación es cada vez más complicada en los Tribunales.

Puigdéngolas consideró a Bento responsable en el llamado “caso 10”, que tiene al presunto contrabandista Daniel Martínez Pinto como uno de los hombres que habría pagado sobornos para conseguir beneficios en las causas que seguían contra él, y también amplió la traba de embargo sobre los bienes y dinero.

De acuerdo con la resolución de 178 hojas a la que accedió El Sol, fue por el monto de 5.040.000 pesos.

Además del titular del Juzgado Federal Nº1, también fueron procesados con prisión preventiva el citado Martínez Pinto, en calidad de autor del delito de cohecho activo agravado (le trabó embargo por la misma cifra que a Bento y ordenó que siga en la cárcel de Senillosa, Neuquén), y el abogado Luis Francisco Chato Álvarez.

Para los investigadores, el letrado es considerado, prima facie, penalmente responsable de tres casos de cohecho activo agravado.

Álvarez también sufrió un embargo sobre sus bienes pero por un monto mucho mayor: 15.120.000 pesos. Lo que sí, se hizo parcialmente lugar al pedido de la defensa y se le dictó la falta de mérito como presunto miembro de una asociación ilícita.

Al empresario que habían indagado por cohecho activo agravado luego de las medidas que se ordenaron a fines del año pasado, identificado como Fabián Alejandro Vaia, también lo desvincularon con falta de mérito, es decir, que el juez consideró que no había elementos suficientes para acreditar el hecho o la responsabilidad que le había endilgado el Ministerio Público.

Por último, a Marcos Adrián Calderón, el comerciante que ganó notoriedad en los últimos días porque se transformó en uno de los arrepentidos de la causa, también le dictaron la falta de mérito por una presunta participación secundaria de cohecho activo en el llamado “caso 11”.

Este hombre, que se encuentra con detención domiciliaria, aseguró que pagó un soborno de 80 mil dólares en un expediente que se tramitaba en el juzgado de Bento y por el que terminó consiguiendo el sobreseimiento.

Contó que conocía a uno de los abogados procesados (Luciano Ortego) y que le propusieron juntarse con el llamado nexo de la banda, el ex despachante de aduanas asesinado, Diego Aliaga.

Cada vez más 

Los últimos allanamientos por la megacausa se desarrollaron a mediados de diciembre del año pasado, luego de una serie de declaraciones, entre ellas, la de Sebastián Palumbo, uno de los imputados por el contrabando que está en pleno proceso de debate oral en los Tribunales de calle Pedro Molina.

Palumbo aportó datos reveladores sobre maniobras realizadas por algunos personajes vinculados al juez y las pruebas fueron documentadas, lo que permitió centrar la investigación con más precisión.

Todo se fue adjuntando en el expediente y el juez sanjuanino Leopoldo Rago Gallo, quien subrogó a su par Eduardo Puigdéngolas (de licencia por aquellos días), autorizó los allanamientos el lunes 14.

Se desarrollaron en el exclusivo complejo Palmares, en Godoy Cruz; en la casa de calle Siena del abogado Álvarez y también en el domicilio de Vaia. El objetivo era buscar documentación y material informático que podría ser clave para el futuro de la instrucción.

El Chato Álvarez, quien, para la Justicia, tenía estrecha relación con el llamado nexo de la organización, el ex despachante de aduana asesinado el año pasado en Guaymallén, también se movía con el titular del Juzgado Federal Nº1 de la provincia.

La fiscalía, representada por el fiscal general Dante Vega, sostiene la hipótesis de que Álvarez pagó coimas a través de Aliaga para beneficiar a uno de los 15 detenidos de la megacausa por contrabando que actualmente se encuentra en debate oral, el citado Martínez Pinto.

El llamado Bentogate tiene 26 imputados, la mayoría procesados. Quien más acusaciones tiene en su contra es el juez Bento, debido a que está sospechado de liderar una asociación ilícita con participación de abogados como Jaime Alba, Luciano Ortego, Martín Ríos, Matías Aramayo y el llamado nexo Diego Aliaga.