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6 de mayo de 2021
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La megacauda, por dentro

Bentogate: los audios, llamadas y mensajes que complican a los detenidos

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Personal de Investigaciones durante el allanamiento en el despacho del juez.

Un imputado, abogados y el presunto nexo con el juez quedaron expuestos en cientos de comunicaciones a través de servicios de mensajería como Telegram.

Los investigadores lo tienen claro: la banda que presuntamente lideraba el juez federal Walter Bento cometía delitos con expedientes judiciales. Para eso estaba la presencia del hombre con el poder de concreción de la maniobra delictiva.

Existía un jefe –el magistrado-, un nexo que se movía en el medio del actos irregulares –Diego Aliaga–, la pata representativa en el juzgado –abogados defensores– y las personas que terminaban pagando grandes sumas de dinero en efectivo y en dólares para lograr algún beneficio -los imputados– .

Para solicitar los pedidos de detención e imputación contra 15 sospechosos que tiene la instrucción que lideran el juez Eduardo Puigdéndolas y el fiscal General Dante Vega, se trabajó durante un año en la incorporación de pruebas físicas y testimoniales.

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Declaración de letrados, personas sospechadas de cometer delitos, perjudicados con este tipo de maniobras que se habrían desarrollado durante años en los Tribunales de calle España, y análisis de mensajes de texto y llamadas de WhatsApp y Telegram fueron clave para arribar a una conclusión primaria en esta etapa del proceso: en la provincia actuó una asociación ilícita que cobraba miles de dólares para cambiar calificaciones de sumarios judiciales, brindar excarcelaciones o detenciones domiciliarias.

Y los peritajes de los teléfonos celulares fueron esenciales. Dos aparatos móviles –o mejor dicho, uno y lo que pudieron recuperar de otro que nunca fue hallado gracias a un software de clonación– expusieron la trama judicial más conmocionante y preocupante de los últimos años en Mendoza.

Algunos investigadores y abogados con años de experiencia en los pasillos tribunalicios hablan de “un escándalo” que puede superar a cualquiera de los que se ventilan cotidianamente en los juzgado de Comodoro Py (Capital Federal).

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Reveladores

Diego Aliaga fue asesinado a fines de julio del 2020. El ex despachante de Aduana y emprendedor particular tenía estrecha relación con el juez federal Bento. Vivían en el mismo barrio (el exclusivo complejo privado Palmares) y mantenían fluidos diálogos a través del servicio de mensajería Telegram.

El teléfono de Aliaga desapareció después de su crimen. Sin embargo, los detectives lograron duplicar su SIM card mediante tecnología y recuperaron información fragmentada.

Supieron que entre el 10 de setiembre del 2018 y el 5 de marzo del 2019 se registraron 265 llamadas entrantes y salientes en Telegram entre ambos.

La instrucción sostiene que Bento utilizaba el teléfono oficial provisto por el Estado para concretar con su hombre de confianza el pago de los sobornos que permitía alivianar la situación de ciertos personajes ligados al narcotráfico y el contrabando.

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Y allí aparece el nombre del malviviente Walter Bardinella Donoso (41), quien pasada sus días preso desde marzo del año pasado a la espera de ser juzgado por el transporte de más de 200 kilos de marihuana secuestrados en el 2015 mientras eran trasladados desde Malargüe a San Rafael.

El teléfono de Bardinella Donoso no tenía claves de acceso y los efectivos de la Policía contra el Narcotráfico de Mendoza que trabajaban en la búsqueda de pruebas para la causa narco se encontraron con mensajes entre Bardinella Donoso y Aliaga y los tres abogados que fueron detenidos: Martín Ríos y Luciano Ortego.

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Por citar un caso testigo, los mensajes de voz fueron más cotidianos durante el casi todo el 2019 y los tres primeros meses del 2020, antes de que cayera preso.

Gracias a los mensajes de voz se confirmó que quedó expuesta la maniobra de provocar la renuncia o remover al abogado de un imputado equis para que alguno de los tres letrados citados se hiciera cargo de la investigación.

Estos se contactaban con el llamado hombre fuerte de Bento en la calle –Aliaga– y luego se producía el pago del soborno, que terminaba en la manos del juez, sostiene la pesquisa. Y agrega que, con el paso de los días, luego se definía cómo se repartía el monto en dólares de lo que se cobraba.

“...bien Walter, ya ví eso, está todo bien, me faltaba hablar con este muchacho (sería Aliaga) que estaba esperándolo que viniera ahora, el otro amigo, así que lo metemos mañana, mañana o el viernes, pero ya estaría listo para hacerlo, haber cómo lo vamos a instrumentar faltaba”.

Este extracto de una mensaje de voz, que forma parte de la causa, Martín Ríos le contestó a Bardinella sobre una presentación que iban a realizar en el juzgado de Bento buscando la eximición de prisión de su nuevo cliente (en ese momento en calidad de prófugo), debido a que su abogado anterior había renunciado.

“...escuchame, yo estoy acá en el café que me dijo el Luciano (sería Ortego) que iba, a que nos juntábamos acá, vos me estás hablando de cuál amigo, del Luciano o del otro, porque yo está acá y viene el Luciano llegando”, respondió Bardinella.

Y Ríos Finalizó: “...sí es el otro, pero avisame cuando llegue el Luciano que quería hablar conmigo también, así que avisame yo estoy todavía atendiendo acá en el estudio”.

Cinco días después de esas conminaciones, Bardinella le mandó un mensaje de texto de Ríos y le preguntó “qué te ha dicho el Diego (sería Aliaga), a lo que el letrado le respondió que “mañana me tiene que dar expresas instrucciones”.

Siempre buscando beneficios para su cliente con el apoyo de la presunta mano derecha del juez en estos actos, trascendió que en octubre del 2019 Martín Ríos le envió una foto al teléfono de Aliaga con cifras de dinero en dólares que suman 800.000 mil dólares.

“Contado: 150 mil dólares; lancha: 70 mil dólares; 2 deptos: 480 mil dólares; 30 días (sería a cancelar) 100 mil dólares”, se aprecia en la imagen que captó un pequeño papel rectangular con los números a modo de cuenta matemática.

Los mensajes recuperados de Bardinella, Aliaga, Aramayo, Ríos, Ortego y otros acusados de contrabando se repiten a lo largo de la investigación fiscal, los que sirvieron para ir armando el rompecabezas de cómo funcionaba, para los investigadores, la asociación ilícita. 

El final

La causa comenzó a investigarse en el 2020, después de la detención del presunto narco Bardinella Donoso.

Surgieron datos de importancia en su teléfono que llevaron a la Justicia federal a investigar a uno de sus integrantes.

En julio de ese año, Diego Aliaga fue asesinado a golpes durante un encuentro que mantuvo con su socio, Diego Barrera, en Guaymallén.

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Con el paso de los días, el fiscal Dante Vega confirmó, gracias al estudio de las declaraciones del propio Barrera, otros abogados y el análisis de teléfonos, que existían arreglos para modificar la situación de algunos presos acusados de contrabando y narcotráfico.

Este miércoles 5 de mayo, se ordenaron allanamientos masivos en la zona metropolitana.

Los ejecutó la Policía de Investigaciones de Mendoza, que mucho tuvo que ver con los peritajes del teléfono de Walter Bardinella. Quince sospechosos imputados; la mitad tras las rejas.

En el medio, la mira puesta en el titular del Juzgado Federal Nº1 como jefe de una banda que cobró millones de dólares y blanqueó ese dinero en viajes, propiedades y vehículos.

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