El mismo día que comenzaron los allanamientos por la causa de coimas en la justicia federal mendocina, entró la denuncia contra el juez Walter Bento en el Consejo de la Magistratura de la Nación.  El siguiente paso será esperar la decisión de la Comisión de Disciplina y Acusación; algo que podría ocurrir en los próximos días.

La investigación que lo tiene a Bento imputado como líder de una asociación ilícita que se dedicaba al cobro de coimas a cambios de beneficios judiciales, impactó de lleno en el Consejo. Entienden que no se trata de una denuncia común y corriente ni que tiene que ver con algún abogado usando ese recurso para sacarse de encima a un magistrado que no le gusta. Lejos de eso, detrás de la presentación está el aval de un juez federal (Eduardo Puigdéngolas) y de un fiscal general (Dante Vega).

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Para el Consejo, la situación grave. Por eso, si bien no es seguro que se pueda concretar este martes (día de labor de la Comisión), está casi confirmado que Bento será suspendido, a más tarde, la semana que viene. Después, se analizará el caso al detalle.

“No puede seguir yendo a su despacho como si nada. Es una persona con contactos y con accesos a recursos que pueden entorpecer la causa”, aseguró desde Buenos Aires un miembro del Consejo.

La instrucción de la denuncia tiene que sortearse. Se determinará quién será el preopinante y luego habrá tiempo para evaluar los pasos a seguir. Lo único urgente, por ahora, es resolver su suspensión. Bento mantendrá los fueros que le permiten estar en libertad a pesar de los graves cargos en su contra.

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Una vez suspendido, empezará una batalla que tiene que ver más con la política que con la investigación penal, que se continuará sus carriles naturales.

Si la Comisión entiende que hay motivos para pedir la destitución del juez, enviará su petición al Poder Ejecutivo para que se constituya el tribunal de enjuiciamiento. Un festival de rosca política si se tiene en cuenta que, además, se trata del magistrado que tiene competencia electoral en Mendoza.

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La situación procesal de Bento tiende a agravarse. A las pruebas que se van conociendo en su contra se sumó un hecho que, más allá de que los investigadores insistan con que lo actuado hasta ahora es concluyente, puede ser determinante: las confesiones de otros involucrados.

Por estas horas, algunos de los detenidos e imputados están pidiendo garantías para declarar y contar cómo era la operación por la cual se contactaba a personas imputadas en causas que se tramitaban en el juzgado de Bento y luego se les pedía dinero para obtener beneficios procesales; casi siempre, excarcelaciones.

En concreto, piden seguridad; para ellos y para sus familiares. Temen que, si declaran, pueda existir alguna represalia. La decisión está tomada por parte de los imputados y de los abogados. Y en la Justicia entienden que sería un broche de oro para la investigación. El acuerdo de confesión a cambio de seguridad es prácticamente un hecho.