El manejo de los dineros públicos por parte de los gobiernos, en Argentina y en Mendoza, siempre estará bajo sospecha. No importa cuán transparente diga que es o se vea a sí misma una administración, cualquiera sea. Y esto ocurre por varias razones, está claro: porque, efectivamente, los hechos de corrupción denunciados, comprobados, viciados y nunca aclarados han plagado los años de gobierno en una democracia que se prepara para cumplir sus primeros 40 años, tras su recuperación en 1983. También, la sospecha se instala porque siempre, con sólo algunas rarísimas excepciones, los gobiernos se han negado a brindar información transparente y de fácil acceso sobre todos sus actos. Quizás, detrás de aquella premisa –fundamental en el particular manejo que ha hecho de la cosa pública nuestra dirigencia–, y que manda a tener el control de la información para conservar poder, además de intentar controlar a la opinión pública, ha existido una política opaca en un asunto fundamental para generar confianza, credibilidad y garantías alrededor de una administración. 

Ese vaho de sospechas permanentes y que suelen despertarse en ciertos momentos es el que se ha extendido sobre el gobierno de Rodolfo Suarez, por ejemplo, con el manejo dudoso de ese acuerdo político que selló con el pastor Héctor Bonarrico y su fundación. Es el mismo estado de desconfianza que afectó a los últimos dos gobiernos peronistas de la provincia, en parte, como víctimas del proceder impune y bochornoso que se adhirió como una marca registrada a los gobiernos del kirchnerismo en la Nación y que extendiera tal estilo, por efecto transitivo, a ambas gobernaciones. También, por hechos irregulares no explicados ni aclarados, algunos de los cuales todavía siguen en proceso judicial.

El acto por los 100 años de YPF, el viernes, en el que participaron el presidente Alberto Fernández y la vice, Cristina de Kirchner, lejos estuvo de constituirse en la expresión de una tregua en la interna del Gobierno. Eso se pudo corroborar apenas algunas horas después de la crítica urticante de Fernández de Kirchner a la, ahora sí más que oscura, negociación entre Techint y el Gobierno por el proyectado gasoducto Néstor Kirchner. La vice sobreactuó el enojo y la preocupación sobre el hecho de que por la vía de la subsidiaria de Techint en Brasil llegaran los caños laminados, sin costura, de 33 milímetros para la obra, exigiéndole al presidente que se impusiera con poder y firmeza ante la multinacional para que se instalara la línea de producción de esos caños en Argentina. Y, cuando Matías Kulfas, para defender su participación en el entuerto, difundió que quienes acordaron el pliego de licitación para el gasoducto fueron funcionarios de La Cámpora, echando a volar la sospecha de un negociado con Techint, el próximo e inmediato acto del presidente Fernández fue despedirlo sin más. Entonces, quedó claro que quien manda es la vicepresidenta, como todos suponen; que el viernes no hubo nada cercano a una tregua, sino más bien un acto de absoluta sumisión y entrega y de que se está frente a un presidente que usará la lapicera sólo y cuando se lo ordene la vice, su mentora y absoluta controlante.

Aquel acto ha vuelto a colocar en los primeros planos de la atención política de Argentina a la corrupción y al manejo irregular de los fondos públicos y de los actos de gobierno. La corrupción siempre ha estado en los primeros lugares de preocupación de los argentinos. En los últimos tiempos se ha ubicado detrás de la inflación, el empleo, los problemas económicos y la inseguridad. Ahora puede que escale, como cuando aparecieron las múltiples denuncias contra el gobierno de Cristina y que algunas de ellas, las que se han mantenido en pie y que no dejan de preocupar sin más a la vice, podrían ser resueltas en los próximos meses, incluso con intervención de la Corte de Justicia, que el kirchnerismo aborrece.

Otro de los aspectos que ha vuelto a revitalizarse con los discursos del viernes en Tecnópolis ha sido el relato. El relato de los acontecimientos a la medida de la militancia, de los auditorios donde se presentan y que no sólo busca afianzar la característica de épica de los gobiernos de los santacruceños, sino influir, claramente, en el estado de ánimo y hasta en las causas judiciales que se tramitan. Ocurrió cuando la vicepresidenta describió el proceso de privatización, desnacionalización y recuperación de YPF durante su gestión, criticando el mote de expropiación con el que la definió la prensa en aquellos años.

Lo más notable, quizás, haya estado en la referencia que hiciera Cristina sobre los fondos que recibió Santa Cruz entre 1992 y 1994 por aquella privatización de la compañía petrolera que ordenó Carlos Menem. Fueron 630 millones de dólares en bonos hidrocarburíferos que, según Cristina, Kirchner no usó y no se los gastó, como hizo la mayoría de las provincias que recibieron esos fondos. Mendoza, entre ellas.

Tanto los fondos de Santa Cruz como los que recibió Mendoza estuvieron rodeados de un uso supuestamente irregular y dudoso. Kirchner los envió al exterior, a bancos de Estados Unidos y de Suiza y, según un informe de la hermana del ex presidente fallecido, Alicia Kirchner, a junio del 2020 y de acuerdo con el Tribunal de Cuentas de la provincia patagónica, sólo quedaban 9.706 dólares de aquella cuenta voluminosa.

En tren de relatos, es muy interesante recordar lo que pasó en Mendoza con los fondos que recibió por ser productora de hidrocarburos. En 1994, durante la gobernación de Rodolfo Gabrielli –hoy titular de la Casa de la Moneda y presente en el acto del viernes por el centenario de YPF en Tecnópolis–, la Provincia recibió 647.441.000 millones de dólares en esos bonos que se llamaron Bonhidro, por Bonos de Consolidación de Deudas por Regalías de Hidrocarburos. Los informes oficiales de la época dieron cuenta de que con parte de esos recursos (se los llamó por aquel tiempo “las joyas de la abuela”) se pagaron deudas que los desaparecidos bancos de Mendoza y Previsión Social habían contraídos con el Banco Central, y el resto, un poco más de 540 millones de dólares, se canjeó por acciones de la nueva compañía, las de clase B.

Esos recursos permitieron conformar el Fondo para la Transformación y el Crecimiento, un organismo que ya por esos años funcionaría como un banco oficial paralelo frente al declive y la cercana quiebra de los bancos oficiales. A lo largo del tiempo, ese fondo debió ser recapitalizado en varias oportunidades. Hoy sólo contiene un puñado de millones de pesos, claro, y sigue brindando alguna asistencia a pymes y productores.

Tanto por el uso político que se les diera a esos recursos durante los 90 como por la participación que tuvieron en ellos los privados, el fondo creado por la ley 6.071 navegó en medio de sospechas permanentes y denuncias. 

Una de las más recordadas y ruidosas la elaboró el movedizo y siempre polémico Luis Alberto Balaguer, un contador y economista que supo ser asesor de José Octavio Bordón durante su gobernación y que lograra acorralar a Raúl Moneta y al Citibank con sus denuncias sobre lavado de dinero y alta corrupción financiera.

Dijo Balaguer sobre el fondo: “Solamente alcanzó para financiar unos pocos proyectos de inversión y después tuvo que liquidarse cuando el gobernador Gabrielli debió vender las acciones de YPF y destinar el producido de la venta para enjuagar las cuantiosas pérdidas de los bancos oficiales provocadas por las ilícitas e irregulares operatorias crediticias que él había diseñado”. Y, más adelante, en el texto de una de las denuncias ante la Justicia federal que motorizó, afirmó: “El primer y casi único beneficiario de los préstamos subsidiados que otorgó el Fondo para la Transformación y el Crecimiento de Mendoza fue Moneta a través de la Corporación de Los Andes SA, recibiendo un préstamo de 2.946.050 millones de dólares”.