El Gobierno nacional mantendrá suspendidas 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral, de las cuales más de 700 pertenecen a mendocinos sin certificado único de discapacidad. Ellos transitaron un largo camino administrativo y judicial por el cual primero les denegaron la pensión, luego se la restituyeron y finalmente la suspendieron nuevamente.

El Gobierno habilitó un plazo de 30 días hábiles para presentar la documentación que acredite la continuidad del beneficio.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, informó que la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) justificó la medida en la supuesta ausencia de presentaciones o antecedentes médicos o socioeconómicos suficientes para sostener ese beneficio.

Sin embargo, organizaciones en defensa de las personas con discapacidad reclamaron por el proceso de notificación y por la paralización de trámites ya iniciados. El Gobierno provincial, por intermedio de la Dirección de Atención a las Personas con Discapacidad, reconoció que la cuestión de las notificaciones suele generar una traba, aunque aclaró que el área no tiene competencia en la gestión de los trámites de las pensiones. Los únicos organismos que sí la tienen son la Senadis y la Anses.

La cronología de una disputa judicial y administrativa

El conflicto en torno a las pensiones no contributivas (PNC) por invalidez laboral se originó con una auditoría masiva del Gobierno nacional en 2024 y atravesó frenos judiciales en 2025 antes de reactivarse en 2026.

En septiembre de 2024, el Gobierno publicó el Decreto 843, con el que endureció los requisitos para acceder y mantener las PNC, al exigir, por ejemplo, un 66% o más de incapacidad laboral y criterios socioeconómicos estrictos. Facultó a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) -por entonces el organismo a cargo- a realizar auditorías. En 2025 comenzaron las citaciones médicas mediante carta documento. La falta de presentación o las inconsistencias documentales derivaron en la baja de más de 100.000 beneficios en todo el país, muchos de ellos de mendocinos.

En septiembre del año pasado, ante un amparo colectivo presentado por el Defensor del Pueblo de Catamarca y asociaciones de personas con discapacidad, el Juzgado Federal N° 2 de Catamarca ordenó suspender las auditorías y restituir las pensiones, en principio solo en esa provincia. Un mes después, el mismo juzgado hizo extensible la medida a todo el país. Para cumplir esa orden, la Agencia Nacional de Discapacidad publicó la Resolución 13901, que restableció el pago de las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas. En noviembre resolvieron la cuestión de fondo: declararon inválida la baja de las pensiones y prohibieron nuevas suspensiones.

Sin embargo, en febrero de 2026, tras la apelación del Gobierno nacional, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán revocó el fallo del juzgado catamarqueño y restableció las suspensiones. El argumento fue que no existía una situación homogénea como para tratar una acción colectiva. Por eso, invitó a todos los exbeneficiarios a presentar su reclamo administrativo o judicial de manera individual.

Semanas atrás, el 23 de octubre, el Gobierno publicó la Resolución 3695, que dejó sin efecto la restitución cautelar de 2025 para un grupo inicial de 21.812 titulares que —según la Senadis, el organismo ahora a cargo— no habían presentado la documentación respaldatoria tras ser notificados. Entre ellos están incluidos los 701 mendocinos.

El martes pasado publicó la Resolución 3702, con la que suspendió una segunda tanda de 4.329 pensiones por falta de documentación médica.

El reclamo por las notificaciones que no notifican

Georgina Cicchitti, la directora de atención a las personas con discapacidad del Gobierno provincial, reconoció a El Sol que la cuestión de las notificaciones este fue una de las “principales dificultades detectadas” durante las primeras auditorías del 2024. “Muchas personas no la habían recibido en su domicilio actual“, advirtió.

Según lo que le informó la Senadis, los domicilios utilizados para efectuar las notificaciones fueron obtenidos mediante el cruce de datos con RENAPER. Explicó que eso generó dificultades en aquellos casos en los que las personas habían cambiado de domicilio y no habían actualizado esa información en su DNI. La situación provocó que algunos beneficiarios no tomaran conocimiento de la convocatoria y, en consecuencia, no pudieran presentarse o completar la documentación requerida dentro de los plazos establecidos.

Monica Bascuñán, dirigente del Observatorio de Discapacidad en Mendoza, reclamó contra estos mecanismos de notificación. “Hay muchas personas que directamente no se enteraron. No podemos dar por sentado que todo el mundo tiene conectividad. Por ejemplo, tuvimos el caso de dos personas en Bardas Blancas, en Malargüe, a la que le dieron dos turnos el mismo día, uno en Malargüe y otro en General Alvear”, contó.

Sobre la cuestión de la notificación en los domicilios, Bascuñán expresó: “Las personas con discapacidad están muchas veces en situación de pobreza, alquilan y se trasladan de un lugar a otro. Hay personas que viven en pensiones y no pueden pagarlas“.

“Yo puedo decir que voy a revisar las pensiones, pero si no pongo todo lo que hace falta en materia de accesibilidad, seguramente muchas personas no van a recibir la información y van a terminar perdiendo su pensión“, agregó.

Cicchitti señaló que la baja de estas pensiones impactan en todo el sistema de salud público local, ya que son los efectores que van a tener que dar respuesta son tanto los Centros de Atención Primaria de la Salud como los hospitales.

Cómo hacer el trámite

Las personas que fueron notificadas para reempadronarse pueden hacer el trámite de manera virtual o presencial.

Virtualmente se hace mediante el trámite Presentación de Documentación para Pensión Invalidez dentro de la Plataforma Trámites a Distancia del Gobierno nacional. Está disponible en este link.

También enviando un mail al correo electrónico citacion@senadis.gob.ar con toda la documentación. La documentación es: DNI (frente y dorso), documentación médica, Certificado Médico Oficial (CMO), domicilio real y algún dato de contacto (correo electrónico).

La Formulario de Consultas del Ministerio de Salud está disponible en este link.

La modalidad presencial se implementa mediante las oficinas o Unidades de Gestión Local (UGL) de atención de PAMI, donde se pueden hacer las consultas. Mirá cuál es la más cercana a tu domicilio en el siguiente link.

También en las dependencias de atención de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que en Mendoza se encuentra en la intersección de calles Perú y Las Heras. Sin embargo, las organizaciones representantes de personas con discapacidad denunciaron la falta de recursos y personal para cubrir toda la demanda de atención en este punto. El Sol ha retratado la afectación del recorte presupuestario en estas dependencias.