Los problemas laborales siguen tan presentes como siempre, liderados por el desempleo y la depreciación de los salarios, pero la CGT parece no darse por enterada.

Los dirigentes agrupados en la central sindical oficialista siguen en fila india a Hugo Moyano, quien arrea a sus huestes hacia todos los escenarios que sirven para ratificar su sociedad con el Gobierno kirchnerista.

El acto en el estadio de Vélez fue un ejemplo contundente de esa alianza, en la que Moyano abarrotó las tribunas de camioneros y en el palco se regodeó rodeado por la presidenta, ministros, intendentes y otros representantes del oficialismo.

Pero ahora se está transitando una línea delgada y delicada para el país, ya que la nueva etapa está caracterizada por denuncias a dúo de presuntos intentos por desgastar al Gobierno.

Las autoridades y Moyano, con las infaltables claques siempre dispuestas a la adulación, están haciendo flamear fantasmas sin pruebas concretas, sólo motivados por cuestiones que no favorecen sus intereses.

 En ese marco se escucharon expresiones como “golpe institucional”, en alusión a supuestas movidas desestabilizadoras de sectores con poder, cuando, en realidad, la institucionalidad está siendo afectada por el propio oficialismo.

Todavía no se acallaron los ecos del fallo de la Corte Suprema que avala la libertad y la democracia sindical, cuando ya recrudecieron las agresiones a la Justicia, con palabras y con hechos, como en el caso de la desobediencia ante una resolución de un tribunal en las elecciones del gremio de las azafatas y los comisarios de a bordo.

Las presiones de Moyano para acrecentar su poder, incluso desde dentro de los ministerios –los casos de la cartera de Salud y de organismos que manejan dinero para las obras sociales son claros ejemplos–, significan ni más ni menos que intromisiones peligrosas en las instituciones.

Lo mismo que las advertencias y las agresiones a los jueces de la Corte, quienes, como pocas veces en la historia argentina, están actuando de manera independiente del poder político.

Cómo estarán de alterados y confundidos los valores, que el oficialismo –político y sindical– se la toma con quienes actúan sin ataduras y respetando los principios republicanos, en lugar de enorgullecerse y poner en la lista de logros el haber tenido intervención en la promoción de un máximo tribunal de Justicia absolutamente diferente de los anteriores y, por supuesto, positivo para el país.

Pero, claro, sin duda, eso es lo que molesta: no tener una Corte adicta. Sobre todo cuando la Justicia interviene para corregir desviaciones del poder político, como por ejemplo los incumplimientos de normas y disposiciones.

Tal el caso de la omisión de lo resuelto por la OIT en más de una ocasión, acerca de que se respete la pluralidad en la representación de los trabajadores, algo que no conviene a la tradición de unicato sostenidas por la CGT.

Encima, sigue enlodado el terreno de las obras sociales sindicales, sobre el cual ha puesto la mirada la Justicia en el marco de la llamada “mafia de los medicamentos”.

No es casual entonces –y menos aún podría interpretarse en este marco como una actitud con segundas intenciones– la advertencia de Estados Unidos acerca de la inseguridad jurídica que sus empresas notan en Argentina.

Pero la CGT sigue adelante, de la mano del Gobierno, aunque por un camino que no es el que sus representados necesitan que transite.

Los sueldos siguen siendo víctimas de los aumentos de precios en todos los rubros, especialmente en esta época de fiestas, cuando también son tradición los abusos respecto de los valores de los productos, y el desempleo continúa con su avance implacable, registrando aumentos en los principales centros urbanos del país.

Ante ello, la central sindical no dio hasta ahora señales sobre las negociaciones para mejorar los salarios y desterró de su léxico en los últimos tiempos los términos vinculados a la desocupación. Solamente algunos sindicatos, de manera aislada, están impulsando negociaciones. La CGT ni siquiera abrió la boca como para, por lo menos, establecer una pauta, como ocurrió en los años anteriores.

Y tampoco se habla de los impresionantes niveles de empleo en negro que continúan registrándose en todo el país (casi cuatro de cada 10 trabajadores). En rigor, habrá que admitir –hablando de institucionesque el del trabajo informal es un segmento institucionalizado. Además, se lo abona con los planes de subsidios y hasta se lo usa en las estadísticas oficiales para comparaciones –y justificaciones– salariales.

Una vez, hace algo más de veinte años, un encumbrado dirigente sindical ahora veterano, que desde entonces mutó hasta subirse a la cuadriga kirchnerista, dijo sin temor a que lo oyeran en la sede de la CGT, en alusión a la central gremial de esa época: “Somos un cachivache”. Un verdadero y brutal ataque de sinceridad y autocrítica, en un tiempo en que los dirigentes sindicales estaban, como ahora, a los codazos y recostados en el poder político.

Ahora, con el retorno –no casual– a la memoria de esa frase de aquel experimentado y pragmático sindicalista y la contundencia de la realidad, podría decirse, además, parafraseando a Gardel y Le Pera en su célebre Volver, que “veinte años no es nada”. Con lo cual, ante tamaña exigüidad temporal, algunas cosas podrían seguir siendo como entonces.