“No hables en mi nombre: soy mujer y no soy víctima por nacer mujer”; “soy mujer y el Estado no me tiene que proteger ni sacar ni dar nada”; “soy mujer y tengo los mismos derechos que un hombre por ser argentina”; “soy mujer y no voy a ser dócil ni sumisa ni callada ante el feminismo radical”; “soy mujer y no quiero que me impongan una doctrina única”; “no hables en mi nombre”; “cada uno piensa distinto, no nos censuren”; “quiero los mismos derechos para mis hijos que para mis hijas”.

Todas estas frases y otras tantas como esas, provocadoras, incorrectas políticamente para los tiempos actuales, contundentes y potentes, han sido lanzadas por diferentes mujeres que le están pidiendo al Estado que no las sobreproteja porque entienden que han perdido hasta la libertad de expresión, de acción y de pensamiento en medio de una sobreactuación de todo tipo y hasta el extremo, que ha seguido a la necesaria y bienvenida toma de conciencia –e, incluso, con la aparición obligatoria de las figuras criminales y sanciones correspondientes reconocidas en el código penal–, alrededor de la violencia de género en todas sus variantes.

Una suerte de feminismo fanático ha comenzado a cubrir, como una nube tóxica, el normal y justo cumplimiento e interpretación de las normas. Se trata de un fenómeno que, por caso, en España, obligó al Gobierno a modificar una ley a poco de ser sancionada porque dio como resultado inesperado, vaya ironía, que condenados por violaciones lograran alcanzar la calle mucho antes de lo que les correspondía por la aplicación de las nuevas sanciones que endurecían un aspecto de los casos de abusos sexuales contra mujeres, pero, inesperadamente, flexibilizaban otros. Sin que sea el objetivo de ingresar en un análisis o cuento de la ley española que allí se denominó mediáticamente “sólo sí, es sí”, el ejemplo viene bien a cuento de lo que sucede en muchas cárceles del país y en todas las de Mendoza en donde se está denunciando y advirtiendo que cientos de personas están detenidas ya no sólo sin condena, a la espera en un proceso que, en algunos casos, se ha demorado hasta dos años, sino en apariencia sin pruebas en su contra; encerradas sólo por una denuncia falsa o por una denuncia que no le ha permitido al encarcelado ni siquiera poder probar una supuesta inocencia.

Dos hechos de personas, varones, que llevan más de un año detenidos en la cárcel se divulgan en los tribunales mendocinos como ejemplo de las arbitrariedades que se han provocado en muchos casos de denuncias de abusos sexuales o delitos vinculados con violencia de género flojos de papeles, endebles desde la constitución de la o las pruebas, pero que, igualmente, han terminado con los apuntados presos.

Uno es el caso de un joven de 18 años que en una fiesta conoció a una joven de 17. Tras “pegar onda” –según entienden los chicos–, ambos pasaron la noche juntos con relaciones sexuales de por medio. Para la chica fue el inicio de un noviazgo, mientras que para el chico el encuentro resultó casual, sin compromiso alguno. La historia derivó en una denuncia por abuso sexual y violación de parte de la chica contra el chico con quien tuvo el encuentro. El joven hace más de un año que está preso sin poder demostrar que no hubo violación ni forzamiento alguno, sino un acuerdo de ambos, consentido, de pasar la noche juntos con relaciones sexuales incluidas.

El otro caso es el de un albañil de uno de los barrios vulnerables del oeste mendocino: conoció a una chica del barrio, se fueron a vivir juntos y, al tiempo, cuando el albañil, que trabajaba en una de las empresas que construye el acceso norte a la ciudad, perdió el empleo, también pareció perder a su compañera. Se enteró que no era bienvenido en el nido conyugal que habían levantado juntos cuando no pudo ingresar tras retornar una noche de un encuentro con sus amigos. Los golpes a la puerta, violentos, proporcionados por el albañil, derivaron en una denuncia en su contra por amenazas, agresiones y demás, con un resultado casi común a muchos casos: está preso desde hace más de un año sin que su causa haya tenido movimiento alguno y sin que nadie le dé crédito a su versión.

La Asociación Verdad y Justicia de Mendoza, formada por familiares de personas que están presas, dicen injustamente y sobre la base de denuncias falsas, sostiene que son más de 400 los internos en Mendoza bajo esa situación. Y al margen de cada uno de los casos, un repaso rápido por la problemática circunscripta en los tribunales provinciales, reconoce lo que ya se considera una cierta desviación del principio social, cultural y penal, por supuesto, que se estableció en su momento para ponerle fin a la violencia machista, a la discriminación por ser mujer y a la violencia de género en todos sus niveles.

Es casi unánime la visión de ese Estado sobreprotector sobre mujeres que han llegado a la Justicia denunciando hechos violentos o amenazas en su contra lo que ha derivado, afirman, en una inmovilidad y parálisis total de ellas, como víctimas, para decidir el curso de la historia. Además, se ha instalado la situación de credibilidad total y absoluta para la denuncia y todo el estado de sospecha y de dudas sobre el apuntado. Se está ordenando la detención de las personas con el solo informe del equipo de Evaluación y Riesgo y Violencia, aunque no existan condenas previas sobre el apuntado o antecedentes que lo compliquen y, por supuesto, que, para la defensa, cuando se le hace lugar, la debe llevar adelante bajo los absolutos criterios cuidados y velados de la considerada perspectiva de género: un gesto despectivo o cualquier frase considerada ofensiva le termina jugando en contra, agravando su estado. Y en ninguno de los casos, el acusado puede apelar a lo que se considera el “principio de la oportunidad”, al que se puede acoger bajo una probation o suspensión de juicio a prueba para las penas de no más de tres años de prisión.

El pasarse de rosca o de mambo, llevando la solución de una problemática real y preocupante como es la de los delitos sexuales y la de la violencia contra la mujer a niveles extremos, militando con fanatismo, ha traído como consecuencia no deseada, pero sí advertida, más inconvenientes que beneficios. Pasó en España, donde el unificar el abuso con la agresión tras un delito sexual e incrementar las penas de prisión permitió que más de un centenar de varones condenados por violación pidieran y lograran la libertad comprobando que su violación, en todo caso, no se concretó bajo violencia física ni golpes ni daños ni nada que se le parezca. El drama que podría sobrevenir en Mendoza, por caso, es que, con el tiempo y para enmendar los errores cometidos, ya nadie crea en una denuncia, como ahora nadie cree en el denunciado cuando dice e intenta probar que es inocente. Los extremos, los fanatismos, las locuras de la militancia ciega, sin miramientos ni matices.