Lanzada la inscripción para que unos 15 millones de usuarios de los servicios públicos se registren y habilitar con ello la continuidad de los subsidios a la luz y el gas contenidos en las tarifas, la preocupación por la marcha del operativo crece y va en aumento para el Gobierno nacional. El real y concreto nivel de conocimiento general de los ciudadanos sobre el mismo, las posibles consecuencias negativas de la medida y las esperadas implicancias judiciales de quienes se vean afectados reaccionando por la vía de amparos han acrecentado el temor oficial a un total fracaso de la iniciativa, lo que de por sí multiplicará el descrédito hacia la administración y, también, la frustración por la marcha de las cosas.

La segmentación tarifaria, el enorme operativo lazado para identificar a quienes se les quitará el cien por ciento del subsidio nacional en los valores tarifarios de los dos servicios públicos más importantes, transita por caminos desconocidos y trampas imprevistas. No se trata de una mera especulación. El temor está en los mismos funcionarios nacionales y, en particular, en aquellos que se negaban desde el vamos a ponerla en marcha por entender que se trató de una imposición del FMI y, por ende, de una capitulación para firmar el acuerdo por la reestructuración de la deuda.

También, ese temor está presente en las dudas de las administraciones provinciales, de los gobernadores, que vislumbran un aumento del ya intolerable malhumor social, más por sorpresas inesperadas e injusticias que se puedan dar entre los usuarios de la supuesta propia base electoral que por alcanzar el mentado objetivo de la equidad y de la ejecución de aquella máxima perokirchnerista que pregona que la rica y egoísta oligarquía pague lo que tiene pagar y deje, con eso, de sacarles a los pobres lo que les pertenece. El punto es que todo puede salir mal o al revés del fin perseguido por el Gobierno: que no se alcancen los mínimos necesarios de inscripción de los usuarios y muchos de ellos pierdan el subsidio, cuando, en verdad, de acuerdo con los rangos y cortes que ha estipulado la segmentación les correspondería mantenerlos y no perderlos.

En Mendoza, por caso, el fin de semana comenzó a analizarse en las esferas más altas del gobierno de Rodolfo Suárez el necesario armado de una fuerte campaña informativa y de difusión por la vía del EPRE, del propio Ejecutivo y de las compañías distribuidoras para que todo el mundo haga el trámite, tome conocimiento y se entere, claro, de las consecuencias a las que se enfrenta si no se registra. “Se trata más que nada de un acto de responsabilidad”, comentó un funcionario de Suarez al tanto de lo que se está preparando. La movida es de alto impacto para los usuarios.

En Mendoza, quien no quede alcanzado por los subsidios, ya fuese porque está dentro del 10 por ciento más rico y de mayores ingresos de la sociedad o porque no se inscribió, perderá un total de 66 por ciento de lo que paga de la tarifa eléctrica. Tomando el ejemplo de un monto de 1.000 pesos, los subsidios nacionales son de 660 pesos. La tarifa está compuesta por tres componentes: generación, transporte y distribución. Cada uno se reparte 33 por ciento del total de lo que se paga. La generación y el transporte están alcanzados por el subsidio nacional; la distribución no y es lo que pagamos en Mendoza y que nos diferencia de los siempre privilegiados porteños y habitantes del Área Metropolitana, el AMBA. Otra vez: quien pierda el componente subsidiado de la tarifa se tendrá que hacer cargo de la generación y el transporte, esto es de unos 660 pesos si se sigue con el ejemplo del monto plano de 1.000 pesos.

Los ajustes que se han venido dando en Mendoza y en la mayoría de las provincias han recaído en la distribución, el componente local también subsidiado en parte con recursos provinciales.

El gran impacto de la poda de subsidios –poda que de todas formas y por el monto que implica no resolverá el problema, porque seguirá siendo insuficiente– se dará en el AMBA, como está dicho. En ese gran conglomerado, el subsidio alcanza a los tres componentes. Cuando desaparezca, si el operativo llegase a tener problemas de instrumentación y de alcance, pueden activar consecuencias graves e inesperadas para el propio gobierno nacional.

Un sondeo de Analogías, la encuestadora que le hace trabajos al kirchnerismo y que es cercana a La Cámpora, divulgado por el diario La Nación el jueves, da cuenta de que 41 por ciento de la gente no se ha enterado de la segmentación; 58 por ciento piensa que no se podrá aplicar y 71,5 cree que el aumento será muy importante.

En la provincia hay 575.000 usuarios, de los cuales unos 55.000 son parte del segmento de más altos ingresos. Dentro del total, 107.000 corresponden al grupo de la tarifa social. Estos últimos reciben un subsidio total del Estado local.

Al impacto lógico de los subsidios en el bolsillo de los usuarios, por fuera de ese ámbito existe el también particular mundo de las empresas distribuidoras. El último incremento del transporte y de la generación es del 2019. En la provincia, los ajustes han sido regulares y continuados sobre el denominado VAD, el valor agregado de distribución.

El AMBA está servido por las compañías Edenor y Edesur, a las que se les han impedido los incrementos en la tarifa, aunque se han financiado con Cammesa, la mayorista del Estado a la que le compran la energía. El financiamiento se ha dado con la deuda monstruosa que acumulan con Cammesa, una situación que también se da en Mendoza con Edemsa, hay que decir. Y Cammesa le pide recursos al Tesoro para comprar la energía a las generadoras para vendérsela subsidiada a las distribuidoras, por un monto mucho menor. Un drama financiero y un desquicio que sólo funciona cuando hay plata de dónde sacar, en épocas de jubileo irresponsable, o cuando se gasta menos de lo que le ingresa al país, cuando se puede estar en una situación de control de las cuentas y de superávit, como cuando se ha contado con situaciones internacionales favorables a las ventas de productos argentinos en el exterior, como sucede ahora aunque no se ha podido aprovechar, o por la vía de la emisión, la gran culpable de la inflación, la que funciona, se sabe, como una fábrica de pobres.

Hoy ya no existen recursos porque ninguna de las opciones anteriores, las virtuosas si se quiere, se está dando. Una situación que se manifiesta en la falta de dólares o de una sobreabundancia de pesos que alimentan el proceso inflacionario. Además, se importa energía, como gas y gasoil, por no contar con la infraestructura necesaria. El gasto de importación supone montos de alrededor de 5.000 a 6.000 millones de dólares anuales.

El clima de malhumor puede empeorar, en medio de todo este panorama y escenario que todavía no expresa las sorpresas extras que tiene deparada. El último sondeo de Martha Reale lo certifica: angustia, preocupación, desilusión y cansancio son las palabras más elegidas para describir el estado de situación. Para 80 por ciento de los argentinos, el futuro es sombrío; para 60,7 por ciento vamos sí o sí hacia una hiperinflación. Para 76 por ciento, la inflación es lo que provoca el malhumor generalizado; para 53 por ciento, el problema es el poder adquisitivo y para 51 por ciento, la inseguridad. Así vamos, navegando en la oscuridad, sin timón ni timonel.