El gobernador de Alfredo Cornejo participará este jueves en San Juan de una cumbre encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en un encuentro que buscará exhibir respaldo político de las provincias mineras a la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno nacional.
La reunión se desarrollará en el marco de la Exposición San Juan Minera 2026 y tendrá como actividad central el lanzamiento de la Mesa Federal Minera. La convocatoria se produce en un escenario político atravesado por la controversia en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aunque desde la Casa Rosada resolvieron que el funcionario no participe de la cumbre para evitar que el conflicto opaque la agenda minera y económica.
Además de Cornejo, estarán presentes los gobernadores Marcelo Orrego, Carlos Sadir, Gustavo Sáenz, Raúl Jalil, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora. La delegación nacional también incluirá al ministro del Interior, Diego Santilli; al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y al secretario de Minería, Luis Lucero.
Las transferencias nacionales al PAMI cayeron 54,4% en el primer cuatrimestre
Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) señaló que las transferencias de recursos nacionales al PAMI registraron una caída real de 54,4% durante el primer cuatrimestre de 2026 frente al mismo período del año anterior. Según datos oficiales analizados por la OPC y difundidos…
El encuentro tendrá como eje central el respaldo político a la nueva Ley de Glaciares, una modificación normativa que redefine competencias ambientales y otorga mayor protagonismo a las provincias en la identificación de glaciares y geoformas periglaciales, así como en las evaluaciones de impacto ambiental. La reforma fue impulsada bajo el argumento de brindar previsibilidad y seguridad jurídica a las inversiones mineras, especialmente en el contexto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Para Mendoza, la presencia de Cornejo en la cumbre representa una nueva señal de alineamiento con la estrategia nacional orientada a potenciar el desarrollo minero como fuente de divisas e inversiones.
Desde el oficialismo nacional reconocen que el sector empresarial venía reclamando cambios regulatorios y advertía sobre posibles demoras en proyectos estratégicos si no se avanzaba con modificaciones en la legislación ambiental vigente.