La Mesa de Enlace en Seguridad se reúne. Se ven pasar bandejas con café y masitas. Deliberan varios minutos. La mayoría son personajes conocidos de la vida institucional mendocina. Termina el encuentro, nombran a los voceros y anuncian: se van a comprar muñequeras o tobilleras electrónicas para morigerar un poco la superpoblación en las cárceles. Es una medida más bien superficial dentro de la complejidad que encierra el tema. Sirve, claro, para que aquellos que están presos por delitos menores no tengan que padecer las pésimas condiciones de las cárceles locales porque, tal como indica la Constitución, los penales deben ser, entre otras cosas, limpios, para resocializar a los reos. Así, cada vez se torna más difícil.

En Mendoza, en este momento, no hay nadie en condiciones de hacer un diagnóstico profundo de las causas que provocaron un aumento en los índices delictivos, sobre todo, porque esos números tampoco son del todo confiables. Por ahora, sólo se publican aquellas estadísticas judiciales sobre los delitos que repercuten directamente en la opinión pública: homicidios, robos agravados, robos simples y abusos sexuales.
La provincia se debe, desde hace más de una década, una encuesta seria de victimización. Es el inicio de cualquier gestión en materia de seguridad para establecer una política de Estado. Esos datos deben ser compartidos por todos los que, después, armarán una estrategia con objetivos a corto, mediano y largo plazo. Deberá ser lejos de las cámaras y de los micrófonos, sin la necesidad de buscar un rédito personal o partidario a través de los medios. Para eso se necesita compromiso y, especialmente, solidaridad; de lo contrario, todo se diluirá en comentarios insulsos en las redes sociales, tal como ocurre en la actualidad.

Una encuesta de victimización es una suerte de censo criminal. Permite tener una imagen completa de la situación en toda la geografía mendocina, con diferentes patrones que irán marcando, por ejemplo, el perfil social de los delincuentes, y, a partir de allí, hacer un abordaje interdisciplinario sin la necesidad de pedir prisión perpetua para todos.

Un estudio con estas características va mucho más allá de las hipótesis que puede hacer Osvaldo Oso Quiroga, convertido en una suerte de referente ad hoc en seguridad y cuyo único “mérito” para eso es ser el papá de un chico asesinado durante un asalto.

Quiroga ha querido convertirse en un Juan Carlos Blumberg a la mendocina. Sus manifestaciones son de una violencia que asombra cuando habla. Interpreta el rol del que dice lo que todos saben y nadie se anima a declarar. Sin embargo, si se analizan sus declaraciones, se quedan en la liviandad de quien sólo busca venganza. Y es natural que ocurra: mataron a su hijo, la reacción es casi un reflejo y tiene más estridencia que, por caso, la postura reflexiva de los familiares de Sebastián Prado, otra víctima fatal de un robo.

“A este tipo de gente se la puede escuchar pero jamás tenerla en cuenta para tomar alguna medida. Vive en un estado permanente de emoción violenta. Y así no se puede legislar porque, como hemos visto, siempre sale mal”, aseguraba el fallecido Víctor Fayad durante su época como legislador nacional, contemporáneo con la aparición de Blumberg en la escena política .

Por lo tanto, si bien es necesario debatir sobre las muñequeras, la agenda de la mentada Mesa de Enlace debería buscar otros destinos. Uno de los puntos lo involucra al procurador Rodolfo González. Habría que preguntarle por qué es tan flexible el sistema de sanciones para los fiscales que no hacen su trabajo como corresponde.

El Ministerio Público tiene, en cualquier política de seguridad, un rol activo. Pensar que un fiscal puede actuar sólo después de cometido un delito es menospreciar la actividad. La relación de causas y el análisis criminal tendrían que formar parte de la actividad de un fiscal. De esa manera, no sólo investigaría un hecho consumado, sino que podría prevenir sucesos parecidos. Esto no ocurre y, por eso, la Oficina para las causas NN (sin sospechosos individualizados) es más que nada un archivo de expedientes que quedarán en la nada.

En el camino ha habido fiscales acusados de armar causas, de no investigar como correspondía y de hacer caso omiso de las pruebas recolectadas; de pelearse y amenazar a otros fiscales; de evitar llevar adelante una pesquisa y buscar excusas para entregarla a la Fiscalía de Delitos Complejos. Todos ellos continúan en sus puestos.

Ni hablar de la desaparición de causas que, directamente, se han esfumado. Es ya famoso el caso de las actuaciones por el choque de un empresario y una mujer en el Parque San Martín, que se esfumaron. Eso, en parte, también es inseguridad, y allí hubo participación de fiscales y de funcionarios del Ministerio de Seguridad.

La capacitación de los policías es clave. Si bien no son protagonistas exclusivos en la lucha contra el delito, definitivamente son quienes están en la línea de fuego. Un cursillo no es suficiente para convertirse en parte del brazo armado de la ley y mucho menos cuando no hay recursos para prepararlos a la altura de la demanda social.

La realidad muestra que se siguen repitiendo casos de gatillo fácil, de desidia a la hora de responder llamados al 911 y de comisarios más preocupados por acomodarse dentro del esquema político. Hasta los custodios de la Gobernación han mostrado fallas importantes.
En cuanto a la causalidad del delito, hay quienes sostienen que la venta y el consumo de drogas son directamente proporcionales al nivel del violencia con que se vive. La estrategia en Mendoza ha sido, claramente, ir detrás del narcomenudeo, más conocido como quioscos de expendio.

El director de la Policía de Mendoza, Juan Carlos Caleri, sostiene que, a pesar de la cantidad de quiosquitos desbaratados, esta actividad ha crecido 30 por ciento. Hacia allí enfocan las investigaciones. Ha habido cientos de operativos exitosos y es comprensible: el narcomenudeo es sinónimo de violencia. Así cobró relevancia Sandra Jaquelina Vargas, alias la Yaqui. La disputa territorial para dominar la venta de estupefacientes desata guerras armadas de barrio en barrio.

Saber quién maneja la droga que llega a esos quiosquitos es la gran deuda en este sentido. Salvo Marcelo Gato Araya, no ha caído ninguno de los denominados “peces gordos” porque, por ahora, esos grandes mercaderes están impunes. Eso también es inseguridad.