La investigación que comenzó a partir de un secuestro extorsivo ocurrido en febrero del 2014 en Lavalle terminó destapando una estructura dedicada al transporte y comercialización de drogas y permitió meses después anticipar el ingreso a Mendoza de un cargamento de 26,187 kilos de cocaína.
Por ese operativo y las maniobras que quedaron expuestas durante la pesquisa, la Justicia federal condenó a nueve personas a penas de entre 2 años y medio y 6 años de prisión. El caso ya tenía a dos de los integrantes que integraban al grupo condenados a duras penas.
El Tribunal Oral Federal Nº1 estuvo integrado por los jueces María Paula Marisi, Alberto Daniel Carelli y Alejandro Waldo Piña. La principal condena, homologada en un juicio abreviado, recayó sobre Romina Gisel Heredia García, quien recibió 6 años de prisión como coautora del transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas.
Secuestraron más de 25 kilos de cocaína que entraron a Mendoza en un camión por El Encón
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La mujer era pareja de Marcelo Flavio Escudero Juárez, alias “Serenito”, señalado como uno de los hombres encargados de la logística del traslado, quien fue condenado en un debate previo a 7 años y medio de cárcel.
Según quedó establecido en la sentencia, Heredia no tuvo un papel meramente secundario: mantuvo comunicaciones con Escudero durante el viaje para definir dónde esconder la droga dentro del semirremolque y, cuando el camión se quedó sin combustible en San Juan, viajó hasta el lugar en un Fiat Cronos rojo para llevarle la nafta. Lo hizo acompañada por Mayra Priscila Rodríguez y Ricardo Antonio Romero Aguilar.
El operativo se produjo el 20 de septiembre del año citado, cuando el camión Fiat Iveco quedó detenido sobre la Ruta Nacional 20, cerca de El Encón, tal como contó El Sol en una serie de informes.
Escudero había llamado a Heredia para pedir auxilio, pero la conversación estaba siendo monitoreada por policías de Investigaciones y de la Policía contra el Narcotráfico (PCN). La información permitió desplegar el procedimiento y detener tanto al conductor como al vehículo que había llegado para asistirlo.
El dato que terminó de cerrar la maniobra surgió de otra de las escuchas. Días antes, Escudero y Heredia habían hablado sobre el lugar más seguro para esconder la droga.
La solución fue desmontar parte de la pesada lona azul del semirremolque e introducir allí los paquetes. Cuando los efectivos llevaron el camión hasta la base de la PCN e hicieron intervenir al perro detector Ares, el animal marcó precisamente esa zona. Debajo de la lona aparecieron 25 ladrillos de cocaína, encintados de amarillo y con la impronta de un delfín, que totalizaron 26,187 kilos.
La pesquisa no terminó con el hallazgo. Los efectivos avanzaron sobre los contactos que aparecían en las conversaciones y reconstruyeron una red que tenía distintos niveles de participación.
Las escuchas telefónicas permitieron identificar negociaciones, entregas, precios, movimientos de stock y comunicaciones destinadas a conocer los controles policiales. También permitieron establecer que parte de la droga que ingresaba desde el norte tenía como destino la venta al menudeo en el Este mendocino.
Carlos Marcos D’Angelo Ortiz fue condenado como autor de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercio. En su domicilio de Junín encontraron envoltorios con cocaína, además de dinero y otros elementos. Según el fallo al que accedió este diario, se abastecía a través de Escudero y contaba con la colaboración de Gustavo López Gautier y Juan Pablo Pereyra Villegas para la venta.
Otros integrantes tuvieron roles diferentes. Darío Daniel Torres Santillán y Facundo Federico Suárez Lucero también fueron condenados. En sus viviendas no se encontraron drogas, pero las intervenciones telefónicas fueron consideradas determinantes para demostrar conversaciones y acciones vinculadas con la coordinación de entregas y comercialización de estupefacientes.
Ricardo Antonio Romero Aguilar, Mayra Priscila Rodríguez y Mauricio Raúl Aguilar Zapata recibieron 4 años de prisión, mientras que D’Angelo Ortiz recibió esa misma pena. Juan Pablo Pereyra Villegas y Gustavo Andrés López Gautier recibieron 2 años y 6 meses de prisión efectiva. Darío Torres Santillán y Facundo Suárez Lucero fueron condenados a 3 años de prisión efectiva.
La sentencia también puso la lupa sobre otros dos hombres, Juan Rubén Rojas Torres y el Serenito, aunque su situación fue resuelta en otro debate. Rojas fue condenado a 8 años de prisión y, según los fundamentos incorporados en esta causa, tuvo un papel central en el financiamiento de la operación. Habría aportado el dinero para adquirir el camión Fiat Iveco y el semirremolque utilizados para transportar la cocaína y también habría viajado a Salta para concretar la operación.
Los diálogos también expusieron sus comunicaciones con Aguilar Zapata, con quien coordinaba la venta y el control de la droga disponible. En una de esas conversaciones hablaban sobre cuánto quedaba de un determinado lote y también sobre los movimientos policiales.
Para los investigadores policiales, esas comunicaciones permitieron reconstruir cómo el cargamento que ingresaba desde el norte se transformaba después en droga destinada a distintos puntos de comercialización.
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El 14 de febrero de este año un hombre con doble identidad fue secuestrado en Mendoza. Se trató de un acto extorsivo porque los autores del hecho exigían una importante cantidad de dólares y estupefacientes a cambio de su liberación. Nalver…
El secuestro de un buscado por asesinato
Pero el origen de todo no estuvo en aquel camión. La causa había comenzado en febrero del 2024, cuando Nalver Nieves López, un hombre nacido en Bolivia que utilizaba también la identidad de César Samuel Torrez, fue secuestrado en Lavalle. Este hombre tenía pedido de captura por homicidio en su país de origen.
Sus captores reclamaban dólares y estupefacientes a cambio de liberarlo. La investigación de ese episodio quedó en manos del fiscal federal Fernando Alcaraz y llevó a la intervención de teléfonos vinculados con los protagonistas.
Con el paso de los meses, esas conversaciones empezaron a revelar una actividad que iba mucho más allá del secuestro inicial. Los detectives detectaron contactos entre personas vinculadas con el transporte y la comercialización de drogas y siguieron esas comunicaciones hasta llegar al viaje del camión que había partido desde Salta.
Después del secuestro de la cocaína, se realizaron allanamientos en distintos puntos de Mendoza. En Junín encontraron cocaína en la vivienda de D’Angelo Ortiz; en otros domicilios aparecieron teléfonos, balanzas, dinero y marihuana. En total, las primeras medidas permitieron detener a varios integrantes de la estructura y avanzar sobre quienes aparecían mencionados en las comunicaciones.
Así las cosas, una investigación que había nacido para esclarecer un secuestro terminó reconstruyendo una cadena que iba desde la compra y el financiamiento de los 26 kilos del polvo blanco en el norte argentino hasta su traslado, ocultamiento y posterior distribución en Mendoza.