No hay actividad económica que no cuente con un porcentaje de ese lastre vergonzoso que constituye el trabajo en negro o informal. En términos generales, cuatro de diez trabajadores en la provincia y en el país, prestando servicios en esas condiciones, no hace aportes previsionales, no tiene cobertura médica formal y no contará con ningún tipo de reaseguro económico en caso de que se corte la relación con la empresa. A su empleador –también tomado en general, porque como siempre existen excepciones que aprovechan la confusión y la ausencia de reglas claras y de controles–, no le dan los márgenes de rentabilidad para sostener una actividad en regla que supone que más de la mitad de lo que puede llegar a producir de riqueza se le vaya en impuestos, en retenciones, aportes varios, imposiciones de todo tipo y en controles abusivos de los tres niveles institucionales que lo tienen en la mira: la Nación, la Provincia y el Municipio. Por si fuera poco, lo atosiga un sindicato que, sin miramientos, y sin tener en cuenta que cuanto más hace contra un determinado empleador, más perjuicios reales y/o potenciales crea contra lo que cree defender.
El drama del trabajo informal no sólo constituye una de las mochilas que carga el sistema laboral y económico del país con esas consecuencias negativas que acarrea, las que se identifican con la falta de incentivos vinculados con la productividad nada más y nada menos, sino también con todo lo que termina repercutiendo de manera indirecta en el proceso de formación y capacitación de los potenciales trabajadores: para qué más, si con menos, se sobrevive; y para qué más, si con menos, la mano del Estado siempre aparece para asistir. Todo un espiral de efectos perniciosos que se retroalimentan y terminan por configurar el escenario de precarie dad absoluta en la que se subsiste.
Además de todo eso, que configura un mal general que impacta en la calidad y nivel de vida de toda una sociedad que no es otra cosa que un producto de tal anormalidad; hay un efecto directo y certero que afecta a cada uno de los actores, víctimas en definitiva de la informalidad: sin aportes, sin cobertura que no sea la básica y mínima que otorga obligatoriamente el Estado, es probable que cada una de esas personas que subsisten en la informalidad tenga graves problemas para financiar y programar su retiro. Tanto es así que hoy, según datos oficiales de la Anses, un número cercano a las 800.000 personas que cuentan con la edad para acogerse a la jubilación no lo pueden hacer por no contar con los aportes suficientes de 30 años comprobados requeridos por ley. Y también se sabe que en esa situación sólo una de diez mujeres puede jubilarse y sólo tres de diez varones pueden certificar sus aportes. Todo es producto de la precariedad en la que subsisten con un empleo en negro, informal, desconocido para el Estado, más de 40 por ciento de los trabajadores locales, de acuerdo con datos publicados por la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia.
El problema es de tal gravedad que, de acuerdo con la misma información oficial, la informalidad en Mendoza abarca a 86 por ciento del servicio doméstico; a 72 por ciento de los trabajadores de la construcción; a 65 por ciento de quienes se desempeñan en hoteles y restaurantes; a 48 por ciento de los empleados de comercio; a 38 por ciento de aquellos que se desenvuelven en el servicio inmobiliario, empresarial y de alquiler y a 33 por ciento de quienes prestan servicios en la industria.
En verdad, el actual sistema de relaciones entre empresarios y trabajadores, el que se rige por un código de normas rígido y alejado a los usos y costumbres que la modernidad y el avance tecnológico sumado a las demandas de un estadio de situación que poco tiene que ver con todo aquello que se pensó medio siglo atrás, requiere de una revisión tan profunda que es preciso un acuerdo amplio que hoy parece imposible de conseguir. Pero si no se impone una reforma laboral y, además, previsional, que tenga en cuenta un drama que se repite y que multiplica pesares entre sus víctimas, los trabajadores y jubilados, todo lo que hoy se ve como pernicioso se irá agravando.
La demanda es por una reforma integral en todo sentido, que tenga en cuenta derechos y obligaciones laborales, previsionales y que, por añadidura, contenga incentivos vinculados con el esfuerzo personal por una mejor formación y capacitación. Está más que claro, y se entiende, que con el modelo de funcionamiento que hoy tiene el sector gremial del país, las mayores resistencias a los cambios provengan de ese lado: un esquema en donde el más vivo, fuerte, poderoso y con las mayores dotes intimidatorias sea el que impone las condiciones. A lo que se suma, desde ya, un estilo de empresariado ajeno a la competencia, a la modernidad, a las buenas costumbres y a la responsabilidad social.
Son tiempos, o parece ser, de barajar y dar de nuevo. La sociedad siempre está dispuesta a aprovechar los momentos de exámenes electorales amplios y generales como el que se avecina. No siempre, está más que claro, la suma de la decisión mayoritaria acierta en lo que podría ser mejor y más convenientes para su futuro inmediato. Pero lo que a nadie puede escapar como una oportunidad más es la llegada del momento cierto de una nueva elección, con otra chance y otra jugada a la mano para exigir el mejor partido.