Nada es nuevo para los argentinos. Todo ya está dicho y hecho. Por eso, blanquear una realidad que está naturalizada hace años no es más que eso, refrendarla y aceptarla como tal, para dejar de echar culpas y poner cargos. Así, desde hace unos días, fumar un porro en privado no tiene que preocuparle a nadie más que al que lo consume, en su intimidad.
Para la Justicia, ya no es delito. Pero sí lo es el mensaje que conlleva esa decisión judicial, que sólo aporta confusión y desentendimiento, aunque sí se entienda la postura de juristas, pensadores y especialistas. El problema de fondo es que no se puede dejar a la buena de Dios un serio flagelo para una sociedad que no está preparada, aunque las banderas de nuestros jueces se alcen, con total atino, a ir contra los traficantes y no contra los consumidores.
El problema es cuando desde los poderes del Estado se acepta esa realidad pero se niega lo más importante: el contexto social, político y económico. Cuando no hay un sistema que pueda abrazar a quienes terminen siendo víctimas de tanta permisividad, puede venir el ocaso. En un país en llamas y con el dolor interno de miles de jóvenes que no saben de futuro, la nueva premisa no sólo tiene que ser combatir al narcotráfico y dejar de perseguir al consumidor.
Porque la marihuana, para muchos especialistas, lleva a probar otras drogas, como la cocaína, que esconde la entrada a la adicción. Fumar porros es la puerta a un mundo que no conoce de límites. Por eso, permitir que se desincrimine algo que ya es natural es contraproducente para quienes no saben de límites y, más aun, cuando la vida de miles de jóvenes y el desprecio por la misma ya no encuentran una línea que los separe.
Para algunos, el fallo de la Corte representa un día histórico, un avance contra los grandes narcotraficantes y los dealers y la posibilidad para los consumidores de actuar sin miedo ni paranoia, haciendo lo que les plazca sin tener que estar dando explicaciones a nadie, y menos a las autoridades. Es un paso importante pero no para un país estancado que no madura sus problemas más esenciales.
Económicamente, la marihuana no está al alcance de todos, aunque es verdad que depende con qué ojo y bolsillo se la mire, pero en Mendoza hay un problema que asoma cada vez más y es la presencia del tan temido paco (pasta base de cocaína o residuo de cocaína), una sustancia sumamente adictiva y destructiva que sí está a la vuelta de la esquina y a precios accesibles para los sectores más vulnerables, aunque este Gobierno y los anteriores se encarguen de desestimarlo sistemáticamente.
Dejar consumir paco como si no existiera es lo peor que Mendoza puede hacer por sus pibes más vulnerables. Por eso, si la pregunta que sigue es si el fallo de la Corte sentará jurisprudencia sobre otras drogas, como la cocaína, el éxtasis o el paco, qué queda para estos chicos, que no sea la libertad para morir. Porque el desenlace que provoca esta droga maldita no conoce de tiempos largos.
El Sol ha revelado en reiteradas oportunidades que alumnos de nuestra provincia ya habían consumido esa sustancia adictiva y mortal. Asimismo, una encuesta nacional del 2007, del Observatorio Argentino de Drogas (OAD) perteneciente a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico (Sedronar) mostró que este problema llegó a Mendoza para quedarse. El dato es contundente: casi 2% de los mendocinos de 12 a 65 años ya ha probado el peligroso paco o pasta base.
La negación a la existencia local del paco tiene su explicación. Especialistas han señalado que es posible que no existan laboratorios clandestinos de cocaína en Mendoza, pero lo que no se puede ocultar es el consumo de la pasta base –droga no elaborada, la cual se fuma–, que llega del norte del país, la cual también es paco.
Qué tipo de política pública va a acompañar esta medida jurídica tan moderna y del primer mundo, si en las entrañas de nuestras villas se están “yendo” los chicos por el paco, aunque también hay personas de otros niveles sociales y económicos que se están dando vueltas por esta sustancia sumamente adictiva.
Sin dudas, aquí lo que preocupa son estos jóvenes marginados que no tienen otra salida que consumir. Víctimas sociales que no tienen un lugar oficial para ser tratados. Sea marihuana, cocaína o paco, en Mendoza no hay centros de internación, que podrían haber sido levantados bajo la ley de Emergencia de Seguridad, que ya quedó en el olvido.
El temor es que estos chicos vean aún más naturalizado el consumo de drogas, entiendan así entre su pares el mensaje de la Justicia y se sientan tranquilos de que podrán consumir sin que nadie les diga nada. El todo vale puede ser contraproducente y acarrear más dolores de cabeza de los que hoy padecemos a diario.
En su dictamen, la Corte expuso “todas las instituciones deben asumir el deber de combatir el narcotráfico. Los tratados internacionales obligan a Argentina a perseguir la producción, fabricación, exportación, importación, transporte, comercio y distribución, que sí son delitos”.
Así las cosas, ¿en este país se va a salir a combatir el narcotráfico, si antes no se dispusieron los medios y los recursos para afrontar el problema de la adicción con tratamientos integrales?
Los organismos públicos son los que no dan una respuesta. Esto es lo que la Corte no tuvo en cuenta, nada más ni nada menos. Haciendo foco en esta problemática, sólo queda decir que Argentina es un país vacío de políticas públicas sanitarias y de sentido común, justo cuando reina el caos.
Por eso, no nos olvidemos del paco, porque, por más que nadie lo nombre en esta provincia y muchos lo nieguen o lo desestimen, está rondando nuestras casas, con fuerza.