“La crisis de la OSEP no es por causa de la pandemia, la crisis comenzó en el 2016, así lo establece el informe publicado por el Tribunal de Cuentas. El déficit del año 2019 fue de 3.000 millones de pesos, lo que representaba el 27 por ciento del presupuesto. Te recuerdo que no había pandemia en el 2019”, escribió ayer Marcelo Costa en su cuenta de Twitter.

Costa, actual síndico del Banco Nación, fue, a la vez, presidente del directorio de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) de la provincia durante el gobierno peronista de Celso Jaque, entre el 2007 y el 2011. Y es quien, desde su cercanía con la conducción kirchnerista del peronismo mendocino y como asesor en temas financieros, ha terminado haciendo un aporte clave en la campaña electoral de la primera oposición al oficialismo de Rodolfo Suarez como gobernador y Alfredo Cornejo como líder de los radicales y actual diputado nacional.

La mención de Cornejo no es caprichosa. El kirchnerismo ha tomado al ex gobernador como el objetivo de todos los dardos envenenados que dispara hacia el Gobierno y es a quien, se sabe, responsabiliza no sólo por haber ideado aquel esquema de construcción de poder que terminó desalojando al PJ de la Gobernación en el 2015, sino, además, por ser el alma y el corazón, dentro de Cambia Mendoza, que no deja de recordar un solo instante que, para volver a vencer al peronismo en las elecciones que se avecinan, como también en el 2023, no hay que salirse del libreto alumbrado que les recuerda a los electores que el kirchnerismo no es mendocino, que no piensa como piensan los mendocinos y que, como modelo político, a lo único que responde es a las órdenes de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Con eso, dicen en el oficialismo, más una gestión basada en el orden de las cuentas y un Estado preparado para ayudar a los privados a desarrollarse y realizarse, alcanza para seguir gobernando Mendoza.

Y con Costa, en particular, el cornejismo supo tener un enfrentamiento particular por la disputa del pago chico, en Godoy Cruz, además de aquellas que llevó adelante en la arena provincial y de cuando Costa estuvo al frente del Ministerio de Hacienda de la gestión de Francisco Paco Pérez. Costa fue concejal de ese departamento, candidato a intendente y uno de los más duros opositores a Cornejo. Es más, cuando Cambia Mendoza llega al gobierno en el 2015, se llevó a la Justicia el caso de un empleado de la OSEP que, adscripto a otras áreas del Ejecutivo, había percibido adicionales importantes como si en verdad se desempeñase en la obra social. A Costa se lo hacía responsable de ese fraude al Estado por una suma cercana al millón de pesos. En el 2019, la Justicia sobreseyó al hoy síndico del Nación.

En el Ejecutivo ven la mano de Costa detrás de la ventilación de los graves problemas financieros por los que atraviesa la obra social más importante de la provincia y que el gobierno de Suarez ha debido reconocer, como así también lo ha hecho el titular del organismo, Carlos Funes.

Por aquello de que Cambia Mendoza, con Cornejo a la cabeza, devolvió el orden financiero al Estado mendocino, el peronismo hoy se ha concentrado en que tal afirmación no es tan cierta como parece. El ejemplo es OSEP, dicen. Costa, tomando un fallo del Tribunal de Cuentas, el 17.517 del 23 de junio del 2021, en el que se lee que los problemas de registración y de no imputación de gastos comenzaron en el 2016, cuando Cornejo nombró allí a Sergio Vergara, el que terminó denunciando a Costa en verdad. Quiere demostrar que lo del orden no es tan orden.

Los gastos sin imputar aparecen, en verdad, en el 2016, efectivamente. Ese año alcanzaron los 32 millones de pesos, menos de 1 por ciento del presupuesto. En el 2017 ya eran de 314,5 millones de pesos; en el 2018, de 1.047 millones de pesos; en el 2019, de 2.939 millones de pesos y en el 2020, ya con el impacto de la pandemia sobre las finanzas, alcanzaron los 4.500 millones de pesos. Los gastos sin imputar aparecen por una deficiencia presupuestaria o por un gasto desmedido o por imprevistos e infortunios.

“Si fuera una empresa privada, ya estaría en convocatoria de acreedores”, dicen en el peronismo, por la OSEP. Esos gastos que no han sido alcanzados a cubrir por el presupuesto, que orilla los 15.000 millones de pesos, han tenido que ser soportados por la caja provincial que maneja Hacienda. Ya se enviaron 2.250 millones de pesos que surgieron de un bono especial para cubrir la emergencia que emitió el gobierno de Suarez. Y nadie descarta que se tenga que enviar otra u otras sumas en salvataje de la OSEP.

Una de las razones por las cuales el déficit de la obra social reaparece en el 2016, puede que tenga que ver con la naturaleza de los fondos con que se nutre: 6 por ciento del aporte de los empleados públicos, más otro 6 por ciento que aporta el Estado. Desde el 2016 en adelante, la política que adoptó el gobierno de Cornejo, la que se ha mantenido hasta ahora, ha sido la de evitar los aumentos salariales por arriba de lo que ha podido pagar el propio Estado, según han explicado siempre Cornejo y compañía. Esa situación pudo haberle puesto un freno a los giros a la OSEP en relación con los mayores costos que debió enfrentar la obra social, entre ellos, el aumento de los medicamentos. Es decir que el aporte de los empleados no habría acompañado los mayores gastos de la obra social.

La situación, dramática, ha obligado a la conducción del organismo a ordenar una serie de ajustes que, incluso, han sido pedidos públicamente por el propio Suarez cuando reconoció la crisis. Por ejemplo, una resolución del 16 de setiembre da cuenta de que se han suspendido los ingresos a la planta de personal “bajo cualquier modalidad”; también ha facultado al titular de la OSEP a no renovar los contratos de locación que se tomaron por la pandemia de COVID, tampoco se adquirirán bienes de capital ni tampoco se realizarán inversiones y se ha instruido a todas las dependencias a optimizar y racionalizar los recursos para mantener la prestación de los servicios.