El despido de dos residentes médicos del sistema de salud de la provincia, al promediar la última semana, volvió a calentar la por demás caldeada relación entre algunos médicos que trabajan para el Estado y el gobierno de Rodolfo Suarez. El hecho llegó a contar con trascendencia pública el jueves, cuando, en medio de una asamblea de residentes, algunos sectores políticos, como el partido Obrero (PO), por caso, denunciaron los despidos como improcedentes y amenazaron con llevar ambos casos hasta las últimas consecuencias y hacer de ellos un motivo de lucha y de campaña hacia las elecciones legislativas de noviembre.
Los residentes –suman alrededor de un millar– y su situación particular vienen siendo el motivo que sostiene buena parte de la lucha que llevan adelante los médicos y profesionales de la salud en sus diferentes expresiones políticas, ideológicas y gremiales frente al gobierno de Rodolfo Suarez: han intensificado los reclamos por aumentos salariales, por mejores condiciones de trabajo, por una modificación sustancial y por cambios varios a la histórica relación que une al Estado, obligatoriamente, con estos profesionales cuando se reciben en el ámbito público. Tres expresiones claras y definidas, además de diferentes desde muchos puntos de vista, se enfrentan entre sí por lograr la mejor de las representaciones para el sector frente al Gobierno: el histórico Ampros, de María Isabel del Pópolo y Claudia Iturbe, por un lado; la tradicional izquierda del PO, que en este ámbito tiene como referente a Raquel Blas, y, ahora, el kirchnerismo con la Fundación Salud Inclusiva.
Estaba previsto que, hoy, Ampros, luego de discutir el tenor y el alcance de los términos a ser usados, enviaría una nota al gobierno de Suarez pidiendo un análisis más profundo de la situación de los residentes y un cambio en el status quo actual en cuanto a las exigencias que recaen sobre estos profesionales para seguir con sus carreras, ya que, producto de la pandemia y por estar concentrados exclusivamente en la emergencia y urgencia sanitaria, a muchos les afectó la capacitación profesional que necesitan para ofrecer un servicio de calidad y seguro.
La trastienda de un conflicto sordo, pero sensible y con características inciertas, salió a la luz el jueves, cuando el PO dio a conocer, en carácter de denuncia en contra del gobierno de Suarez, el supuestamente irregular despido de una residente que prestaba servicios en el Hospital del Carmen. El órgano de difusión del partido, Prensa Obrera, publicó: “Luego de tomarle una serie de exámenes que buscaron desde el primer momento desaprobarla, se le comunicó verbalmente que se la va a desvincular del servicio. En otras palabras, despedirla. Luego de dos años de luchar contra el coronavirus, lo cual significó exponer su salud y la de su entorno, resignar tiempo de formación y trabajar hasta el cansancio extremo, hoy pretenden expulsarla. Y el motivo es uno solo: atacar a los residentes que se rebelaron contra el Gobierno, exigiendo mejoras en el salario y las condiciones laborales”.
En las últimas horas, el Gobierno habría dispuesto el despido de dos residentes y no de sólo una, como denuncia en su house organ el PO. Los motivos, por lo que se ha dejado trascender, serían muy diferentes de los esgrimidos en la publicación: estarían direccionados, más que nada, a la falta de formación o una capacitación y conocimiento técnico deficiente que a una cuestión puramente ideológica y gremial. En uno de los casos, en principio, el profesional examinado no habría logrado contestar acertadamente una serie de preguntas técnicas; en el otro, la o el profesional residente no habría podido interpretar de forma correcta un estudio que se le puso enfrente.
Ampros, cuestionada también por la expresión del PO, que pretende ganar espacio entre los médicos y residentes, buscaría abrir un canal de análisis, de estudio y de discusión con el Gobierno en torno al tema de los residentes. La injerencia de estos profesionales ha ido en aumento con la llegada de la pandemia. La falta de personal en todos los frentes los llevó a ocupar un lugar de preponderancia, como a todos los actores de la salud, en verdad. Pero los tironeos ideológicos y políticos han tomado a los residentes como un factor de posible crecimiento y una oportunidad electoral.
“Que Suarez no se equivoque. El triunfo de Cambia Mendoza en las elecciones no es un mandato para ajustar sobre la salud”, dicen desde el PO. Van contra Ampros, de quien dicen que cerró un conflicto salarial de manera “fraudulenta”, y advierten sobre la necesidad de una nueva Ley de Residencias “para terminar con la precarización”.
Pero nada manifiestan sobre las deficiencias formativas, de conocimientos y de capacitación con las que muchos de los residentes se desempeñan en la actualidad. Ampros entiende, aunque nadie lo asevere de forma oficial, que la pandemia frenó el proceso de formación de estos médicos y que es necesario que se encuentre una nueva forma para que los residentes logren alcanzar los objetivos que les son requeridos, teniendo en cuenta que las urgencias del último año y medio se llevaron todo lo que estaba en pie. Incluso, la formación científica y profesional de personas que se ocupan de la salud de las personas, nada más y nada menos.
Pero, más allá de todo este aspecto puntual que enfrenta al Gobierno con los residentes, los gremios y algunos sectores de la oposición, lo cierto es que con estos profesionales parece que se fue consolidando una práctica muy utilizada por la política para pagar facturas y “devolver” favores que se consiguen durante las campañas electorales. Un sistema parecido o igual al que apeló la dirigencia no mucho tiempo atrás cuando se llenaron las escuelas de celadores. Por esa vía, con el cargo de un encargado de la limpieza básica y los servicios primarios que se requieren en los establecimientos de educación, se pagaron compromisos siempre de tipo político. Con los residentes pudo haber ocurrido algo similar, aunque sin la envergadura de los celadores. No son pocos los que recuerdan que de un momento a otro se nombraron, algunos años atrás, 45 residencias de un solo golpe. Estos médicos nuevitos llegaron sin un nivel de capacitación adecuado o de formación y estudio acorde a las exigencias y se encontraron sin instructores y sin jefes que los ayudaran y guiaran en la formación. Un modus operandi que se fue haciendo costumbre y que, de alguna manera, ha persistido hasta el momento, y que la pandemia, casi dos años atrás, agravó y profundizó.