El 11 de diciembre pasado, 13 días antes de que la Argentina recibiera las primeras dosis de la Sputnik V, la autoridad sanitaria de los Estados Unidos aprobó el uso de la vacuna de Pfizer en adolescentes de 16 y 17 años. El Gobierno de Alberto Fernández en ese momento optó por darle la espalda al millón y medio de chicos y chicas de esa edad porque “la soberanía nacional” estaba en riesgo. Al parecer, la entregó ocho meses más tarde. O no: tal vez se empeñó ahora en quitar los obstáculos que impedían el acuerdo cuando la vacunación para los niños amenazaba con convertirse en el mayor conflicto social desde el inicio de la pandemia.
Los ensayos para el uso de la vacuna de Pfizer en niños de entre 12 y 15 años comenzaron en enero y la FDA aprobó su uso de emergencia el 10 de mayo pasado. Con esa decisión, el número de niños, niñas y adolescentes que se quedaba fuera del programa de vacunación ascendía a los 4 millones. El mundo comenzaba a disponer de una vacuna para protegerlos. Pero en otro país, no en Argentina.
Ciertamente, para ese entonces, los países más ricos habían acaparado las dosis y Pfizer comenzaba a liberarlas para el resto del planeta, a cuenta gotas. Aunque en principio, era tan solo eso lo que se necesitaba. Unas pocas gotas. La Sociedad Argentina de Pediatría estima que son entre 100 mil y 150 mil los menores de edad con enfermedades graves que podrían recuperar un poco de vida con la vacuna. Pero el debate público pasaba por otro lado.
Al igual que con las escuelas y el riesgo de contagio, el Gobierno encontró en la discusión en torno a Pfizer un punto para polemizar con la oposición. El 3 de junio, casi un mes después de que esa vacuna estuviera disponible a nivel global para niños desde los 12 años, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, acusó en el Senado a los dirigentes de Juntos por el Cambio de comportarse como “visitadores médicos” y no como dirigentes políticos. Los trató de vendedores de medicamentos por reclamar la única vacuna que podía salvar la vida de aquellos menores que padecen patologías severas.
Aislados del reclamo de las familias de esos niños, y entusiasmados con el inicio de los arribos frecuentes de dosis, en la Casa Rosada convirtieron la discusión sobre las vacunas en un slogan de campaña, en un mecanismo de chicana adolescente. La frase enfurecida del Presidente en el acto de La Bancaria – “ahora me piden que traiga la segunda dosis del veneno”– no fue un exabrupto producido por la improvisación. En el equipo de comunicación presidencial llevaban varios días coqueteando tras bambalinas con esa ironía. Sólo estaban buscando el mejor momento para lanzarla. No advirtieron que ninguno es el tiempo adecuado para jugar con la angustia del que espera una vacuna.
Después de aquel episodio, el Presidente montó de homenaje a los fallecidos durante la pandemia que se convirtió en un show de desagravio múltiple, no sólo a los ofendidos por las dosis faltantes sino también a los pueblos originarios y a la comunidad afroargentina, cuyos representantes también fueron invitados. La lista de convidados fue tan amplia como las metidas de pata del jefe de Estado.
Pero una cosa son los errores y otra los comportamientos negligentes. Los ajustes que esta semana se decidieron en la campaña de vacunación, no sólo están motivados por el temor al ingreso de la variante Delta, también en las carencias de una estrategia que acumula desaciertos. La ministra Carla Vizzotti convocó a la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) con la idea de obtener respaldo científico para intercambiar vacunas de distintos laboratorios. Le respondieron un contundente “no”. Primero se debía producir evidencia científica local. Así fue como convocó a un grupo de especialistas en la materia para que inicien los estudios.
El inicio de la combinación de vacunas deberá esperar algunas semanas. Tal vez en un mes y medio se inicie la posibilidad de subsanar la carencia del Componente II de la Sputnik V, un escenario que a nadie puede sorprender. En diciembre, cuando el Gobierno argentino logró el contrato con la Federación Rusa ya se sabía que el Instituto Gamaleya no lograba resolver el escalado de la segunda dosis. Confiaba, de hecho, en que la contratación de laboratorios en Corea del Sur, India y Brasil podría resolver el inconveniente. Las alianzas con otros laboratorios se concretaron varios meses más tarde. Pero la gestión Fernández optó por confiar en una probabilidad y no apostar a lo seguro.
En marzo, cuando la CoNaIn le recomendó al Gobierno diferir la aplicación de la segunda dosis y priorizar la cobertura de una mayor cantidad de ciudadanos, la ministra Vizzotti se ocupó en persona de comunicar la novedad. Para millones de argentinos, se acercaba así la posibilidad de recibir una vacuna. Pero con el nuevo cambio de estrategia, tan solo hubo un anuncio por mail. Tal vez porque las preguntas que inspirarían la decisión supondrían un gran riesgo. Qué se les puede decir a las 1.486.603 personas que ya completaron las 8 semanas -el nuevo intervalo- desde que recibieron el Componente I de la Sputnik V y saben que no hay dosis suficientes del segundo.
El esquema de Sinopharm se completará a los 28 días, el de AstraZeneca a las 8 semanas y el de la Sputnik V, cuando se pueda. Después de insistir durante meses en que “las vacunas no se vencen”, la ministra terminó aceptando que si se quieren evitar más muertes, la mejor estrategia para este momento de la pandemia, es completar los esquemas. Los datos que produjo el propio Ministerio de Salud entre los mayores de 60 años, indican que la primera dosis de Sputnik V evita los fallecimientos en un 75% y que su eficiencia supera el 93% recién con la segunda dosis.
Los misterios de la estrategia de vacunación se acumulan. Hace una semana el Gobierno confirmó que extendería el contrato con el laboratorio chino Sinopharm hasta alcanzar las 30 millones de dosis. La noticia generó alivio y sospechas en simultáneo. Alivio, porque el Gobierno se cubría ante un posible nuevo incumplimiento de alguno de sus proveedores. Pero la novedad representa otra extraña marcha atrás.
En noviembre del año pasado, el entonces ministro Ginés González García había rechazado el contrato con Sinopharm porque el gobierno chino pretendía venderle al país una cantidad de dosis que no necesitaba y a un precio que duplicaba el valor del más caro que estaba negociando. Se trataba precisamente de una oferta por 30 millones de dosis a 20 dólares cada una. En ese entonces el Ejecutivo estaba a punto de cerrar con Pfizer y tenía garantizadas más de 10 millones de esquemas de AstraZeneca. Alberto Fernández le agradeció por videoconferencia a Xi Xing Ping pero desechó la oferta.
Sinopharm reapareció en el horizonte en febrero, cuando Moscú empezó a fallar y la cooperativa montada entre Carlos Slim, AstraZeneca y Hugo Sigman no daba señales de vida. En ese momento, González García se ocupó de aclarar que habían logrado que China vendiese solamente un millón de dosis porque necesitaban tiempo, pero no dosis, porque las vacunas ya estaban garantizadas. La ecuación sonaba razonable: el gobierno optaba por esperar unos días hasta que las dosis a 4,10 dólares de AstraZeneca estuvieran listas antes que pagar 20 dólares por 30 millones de dosis.
Difícil es comprender lo que siguió a continuación: en junio, cuando el contrato con AstraZeneca comenzó a ejecutarse con fluidez, la Casa Rosada terminó comprando las vacunas caras. Y todas. Las que habían rechazado. Desde el Ministerio de Salud aclararon que esa opción se comenzó a explorar cuando avanzaron en China los estudios en menores de entre 3 y 17 años. Ese grupo etario incluye a unos 11 millones de argentinos. La extensión del contrato cubre 12 millones de esquemas completos que, si se logra la aprobación por parte de las autoridades regulatorias, podrían cubrir a todos los niños, niñas y adolescentes de entre 3 y 17 años. La publicación en The Lancet del estudio de eficacia y seguridad de la vacuna de SinoVac esta misma semana profundizó esa expectativa. “No es la misma vacuna, pero es una vacuna hermana”, resumió el diputado Pablo Yediln que preside la comisión de Salud. Nuevamente, el Gobierno transita el camino de la esperanza. El Frente de Todos es la alianza de la fe.
El anuncio del DNU que posibilitará la importación de las vacunas de Pfizer, Moderna o Janssen, reavivó la sospecha. La norma excluirá, entre otras cosas, la cláusula sobre “negligencias” que rechazaba el laboratorio estadounidense. Si la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, estaba tan cerca de lograr un acuerdo con Pfizer para adquirir una vacuna que ya está aprobada para menores, por qué se optó por cerrar un contrato por un valor superior al que cobra el laboratorio estadounidense y por una vacuna que todavía no está recomendada para uso pediátrico.
El Gobierno actuó empujado por la presión social que lograron ejercer los padres de los niños que padecen enfermedades severas. Algo similar hizo el Ejecutivo con las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires. Cuando la pulseada por las escuelas amenazaba el inicio de la campaña electoral en el mayor distrito del país, el Gobierno hizo malabares para justificar la flexibilización de las restricciones.
A pesar de que le exigía a la oposición (y a muchos aliados) que acompañara la ley que propone “parámetros objetivos” para administrar la pandemia, el Ministerio de Salud hizo del semáforo epidemiológico una guirnalda multicolor. Durante una semana ocultó los datos sobre la incidencia de casos para no contradecir las aperturas decretadas por Axel Kicillof y luego inventó un criterio que le permitió al gobernador mantener las escuelas abiertas. Sorpresivamente, Vizzotti avaló en los últimos días que un distrito con más de 500 casos acumulados en los últimos 14 días por cada 100 mil habitantes que evidencie una tendencia “a la baja” de contagios puede preservar el estatus de Alto Riesgo y no regresar al nivel de Alarma, donde las escuelas deben cerrarse. Nada de eso figura en el proyecto que el gobierno impulsó en el Congreso. Por eso se entiende que ya renunció a la sanción de la ley. Las reglas claras no complican únicamente a la oposición “que no cuida la vida”.
Algo similar ocurrió con la pulseada interna que vivió el Gobierno nacional por el cupo de 600 pasajeros diarios que puede ingresar al país para mantener a raya la variante Delta. Vizzotti era partidaria de cancelar los vuelos. Desde la Anac, la agencia que regula los vuelos comerciales, pedían no tocar el mercado sino, como mucho, implementar cuarentenas obligatorias en hoteles, como lo hizo Gran Bretaña. Prevaleció la mirada del ministro del Interior, Wado de Pedro, que inicialmente reclamaba reducir el cupo a 500 pasajeros y luego aceptó un centenar más. Le explicaron que con medio millar de personas no podían llegar más de dos vuelos por día.
La decisión no hizo más que revelar la incapacidad que tienen los estados nacional y provinciales para controlar a los viajeros y el temor de la ministra de Salud de repetir el error que se cometió en Semana Santa. A fines de marzo el Gobierno canceló los vuelos a Brasil, Chile y México para evitar que la variante Gamma (inicialmente detectada en Manaos) se esparciera por el país. Un sector de la comunidad científica llevaba semanas advirtiendo del peligro, pero el Presidente estaba entusiasmado con pasar la página de la pandemia. Tanto fue así, que la recién asumida Vizzotti como ministra perdió una pulseada con su par de Turismo, Matías Lammens, que junto a los especialistas del staff permanente Angela Gentile, Gustavo Lopardo, Pedro Cahn, Javier Fariña, Pablo Bonvehi, Tomás Orduna, Analía Rearte y Sandra Tirado confirmó que no habría problemas para pasear por el país durante las Pascuas. Tres semanas más tarde, con los vuelos cerrados, la variante Gamma impulsaba la segunda ola.
No es de extrañar que a menos de una semana del inicio de la temporada de invierno, Vizzotti no dé el visto bueno para confirmar las vacaciones. La detección de dos pasajeros que ingresaron en junio a la Argentina desde los Estados Unidos y Venezuela con la variante Delta terminó de convencerla de que no es el momento. En especial, porque los dos viajeros dieron positivo al contagio varios días después de que les hicieran un test de antígenos en Ezeiza que en su momento dio negativo. En Salud no tienen dudas: la variante Delta ya está en el país. Y saben que si estimulan el turismo invernal que mueve entre 4 y 6 millones de personas, para fines de agosto el país estará sumido en una tercera ola.
El gobierno nacional está atrapado en el mismo problema desde hace un año. Una vez más se enfrenta al dilema de tener que tomar una decisión en base a la evidencia científica, a hechos confirmados o confiado en promesas improbables o simplemente el esperancismo o la fe. La estadística de la pandemia indica que hasta ahora, no ha tomado el camino correcto.