Al exhibir y celebrar su reciente victoria electoral de medio término del 26 de octubre, el presidente Javier Milei afirmó en Miami, ante unas diez mil personas, que en la Argentina cuenta con apoyo y consenso social para las reformas de fondo, pero no así con respaldo político.
Más allá de su habitual diatriba contra el “riesgo kuka”, marca registrada que le ha generado beneficios evidentes —entre ellos, electorales—, Milei parece haber iniciado la segunda etapa de su gobierno —tan decisiva como la primera— sin dar señales claras de estar convencido de que el cambio estructural que impulsa y que el país necesita requiere, a su vez, de un acuerdo amplio que le otorgue sustento, legitimidad y garantía de cumplimiento.
Sus declaraciones, pronunciadas en un contexto más político que empresarial —como suele ocurrir en los foros de Miami—, no anticipan un cambio de actitud ni del presidente ni del Gobierno hacia ese objetivo. Lo que dice es cierto, pero en gran medida, por su propia responsabilidad.
Era previsible que el mapa político argentino cambiara inevitablemente después de las elecciones de octubre. En el mar de especulaciones previas, muchos pronosticaban un presidente debilitado frente a una oposición dispuesta a acorralarlo y poner en riesgo la continuidad de su mandato. Sin embargo, Milei salió fortalecido y potenciado de una prueba que ganó con un margen sorprendentemente amplio. Aquella oposición intransigente, la que se preparaba para hundir al presidente, hoy luce desdibujada, sin liderazgo claro y fragmentada. Por ese flanco, el Gobierno libertario no enfrenta riesgos serios. Si aún mantiene cierta actitud defensiva y de guardia alta, puede tratarse de un acting destinado a su militancia más fanatizada —creciente, como lo fue años atrás la del kirchnerismo—, más que a una necesidad política real.
Con algunos movimientos posteriores a la elección, Milei ha enviado señales contradictorias respecto del cumplimiento de su propio mandato: alcanzar sus metas con el mayor consenso posible. Aceleró el purismo dentro de su entorno, cambió piezas clave del gabinete y avanzó hacia la fragmentación del PRO de Mauricio Macri, o de lo que queda de él. Maniobras todas del manual tradicional de la política —esa “casta” tan criticada por el propio Milei—. Más casta, imposible.
No resulta improbable que, en medio del clima de euforia que domina el círculo íntimo presidencial, el flamante diputado nacional electo y ministro de Defensa, el mendocino Luis Petri, haya decidido “matar dos pájaros de un tiro” al ningunear días atrás a Alfredo Cornejo y atribuir el triunfo en Mendoza exclusivamente a Karina Milei y a su estrategia de campaña. Con ese gesto eligió a sus rivales directos —Cornejo, su equipo y los posibles sucesores que el gobernador podría impulsar para 2027— y, al mismo tiempo, le anunció al país que lo hará desde las filas de La Libertad Avanza, partido al que se afilió el mismo día en que aceptó el ofrecimiento de Cornejo para encabezar la lista de diputados nacionales. Sumisión total al proyecto de Milei y su hermana, y ruptura con la UCR donde se formó y creció como dirigente.
Petri no hizo más que adelantarse en los tiempos, pegar primero en la carrera por la gobernación y hacerlo desde el pragmatismo puro, casi tan pragmático como el propio Cornejo, como Julio Cobos y tantos otros protagonistas de la política mendocina y nacional. Lo novedoso fue su osadía —o clarividencia, dirán algunos— de saltar rápido a una embarcación que muchos aún ven endeble: con buen rumbo y dirección precisa, pero sin la sensibilidad ni la inteligencia política suficientes para garantizar su estabilidad. Una apuesta, sin duda, audaz.
Tal vez, por su posición privilegiada dentro del Gobierno libertario, Petri tenga acceso a información que indique una inminente radicalización presidencial ante la discusión parlamentaria del Presupuesto 2026 y las reformas estructurales. Hasta ahora —más allá de la reunión entre Milei y los gobernadores, a la que asistió la vice Hebe Casado en ausencia de Cornejo— no se ha visto flexibilidad alguna desde la Casa Rosada para abrir el debate presupuestario a quienes le han propuesto acompañamiento, entre ellos Mendoza.
Tampoco pasó inadvertida la firma en disidencia del dictamen oficial del Presupuesto por parte del diputado Lisandro Nieri, hombre de absoluta confianza de Cornejo. Las diferencias de Nieri —y de otros legisladores ligados a los gobernadores “dialoguistas”— con el proyecto oficial se asientan en la persistente negativa presidencial a abrir siquiera un margen mínimo de discusión sobre fuentes de financiamiento para programas sensibles que la Rosada rechaza. Entre ellos, la educación —con foco en las universidades—, la salud, las obras públicas necesarias para el desarrollo provincial y regional, y, por supuesto, el régimen impositivo nacional que define la coparticipación.
“No sabemos si tiene intenciones de negociar ni a cambio de qué; tampoco si pretende avanzar solo. En Mendoza no hay aún precisiones sobre qué hará ni cómo lo hará”, confía una fuente calificada del gobierno provincial frente a los meses decisivos que se aproximan.