El paso de Sergio Massa por Mendoza, en puro tren de campaña electoral hacia el 13 de este mes, causó el efecto buscado por esos dos perros alfa que tienen ganas de verse las caras y no precisamente para tomar el té. La figura simbólica e imaginaria viene bien para describir la intención deliberada del ministro candidato de avivar la grieta ideológica entre el kirchnerismo oficialista a nivel nacional y los radicales oficialistas en la provincia. Mientras más lejos, distantes y diferentes, mejor, pudo haber evaluado Massa antes de aterrizar en suelo mendocino en la madrugada de este martes, donde llegó con el fin de fidelizar el voto peronista, evitar las fugas que podrían colocar en un lugar más que incómodo a la, por ahora, principal fuerza opositora, y restarle a la vez, y con todo eso junto, todas las chances posibles, desde ya, al frente que amenaza con derrumbarle el sueño de la Presidencia en el escenario nacional.
Massa hizo una selección minuciosa de esa batería de preguntas con la que lo bombardeó el periodismo a la salida de una visita a IMPSA, para apuntarles a dos asuntos de sensibilidad extrema con los que el Gobierno nacional enfrenta al de Mendoza: los fondos de Portezuelo y el depósito de una parte de ellos en una cuenta en Nueva York que dispuso Rodolfo Suarez y del que se tuvieran noticias públicas en abril, tras una denuncia del kirchnerismo, en primer lugar; y el debate sobre la IMPSA privada o en manos del Estado, para el cual la Provincia ya decidió desprenderse de sus acciones y ofrecerlas en la bolsa, en segundo término. En ambos asuntos está centrado, bien podría decirse, el grado de nula confianza que se tienen dos estilos, dos modos, dos conceptos y dos modelos tan ajenos y distantes entre sí que son los que, precisamente, ya están en juego y en condiciones de ser evaluados electoralmente por los argentinos en los procesos ya lanzados para los comicios de este mes y octubre por la Presidencia.
En verdad, todo parece ser parte de una puesta en escena o del cumplimiento de un capítulo de una historia de la que ya se sabe el final. Para ambos casos planteados por Massa, el Gobierno de Mendoza responderá con lo opuesto. Y los dos, Massa y el oficialismo provincial, terminarán conforme con sus propios desempeños.
Massa sacó a relucir que Mendoza tendrá “un lío judicial grande” por una operación “prohibida”, según dijo, refiriéndose a esos 21 millones de dólares que el Gobierno extrajo del fondo de Portezuelo para enviarlos a una cuenta de la Provincia en el Banco de Nueva York y dejarlos depositados allí, en resguardo y alejados de cualquier manotazo nacional, según explicaron en su momento desde las oficinas de Suarez. Fue la diputada nacional camporista Marisa Uceda, la que en abril develó la operación y amenazó con denunciar a Suarez y compañía.
Cuando todo parecía estar en el olvido, Massa desempolvó el asunto. “No sé si ustedes saben” –comenzó diciendo el ministro– para despacharse a troche y moche con el caso. “No hace falta ni responder”, dijeron desde el Gobierno provincial, para decir que tales fondos “nunca salieron de la órbita ni la titularidad del fideicomiso Portezuelo”. También agregaron que las decisiones, como ese depósito en el exterior, “no contempla cuestiones ideológicas para definir los criterios con los que se invierten y administran los fondos públicos” y que sólo se usan los argumentos “técnicos”, buscando “la diversificación y, ante todo, la protección de los recursos de los mendocinos”. Y, para cerrar, comentaron que la operación no ha tenido reparos de los organismos de control como el Banco Central y la Comisión de Valores, que dependen de Massa.
Pero, para Massa, la operación tiene otro interés, adicional, no menos importante. Cree que la operación pudo haber sido hasta una provocación. Ese 2 por ciento de los fondos de Portezuelo depositados en el exterior fueron tramitados por la vía de Max Capital, TPCG Valores y PP Inversiones, fondos y operadores financieros internacionales a los que el propio Massa apuntó como responsables de la corrida cambiaria de comienzo de año.
El otro punto elegido por Massa para hacer ruido en la provincia fue el de IMPSA. En junio del 2021, hace un poco más de dos años, el Estado nacional y el provincial ingresaron con capital a la metalúrgica de los Pescarmona. El Estado nacional aportó 15 millones de dólares y se quedó con 63 por ciento del capital accionario; Mendoza aportó 5 millones de dólares para obtener el 21 por ciento de las acciones. La capitalización permitió el salvataje de una compañía maltrecha por decisiones que había tomado la familia fundadora, empujada por el kirchnerismo para hacer negocios con Venezuela, país que nunca le pagó los contratos asumidos, al margen de la mala praxis propia. El ingreso del capital público tenía una condición: tras el enderezamiento financiero y económico, esas acciones debían ponerse a disposición de potenciales compradores privados. Mendoza ya anunció, en abril, que inició un proceso de desprendimiento de esas acciones que podría extenderse hasta junio del año que viene. Es lo que Massa vino a cuestionar, con los mismos argumentos que usa Mendoza, paradójicamente. Ambos dicen que la empresa está bien. “Estamos frente a una empresa que tiene los próximos cuatro años garantizados. Digo esto para aquellos que piensan privatizarla, no van a necesitar hacerlo porque tiene proyectos de desarrollo e inversión para los próximos años”, dijo Massa.
En verdad, la compañía, de acuerdo con los datos oficiales, todavía está perdiendo plata. Pero menos. Tiene 721 empleados y 18 pymes que dependen directamente de ella y 54 de forma indirecta. ¿Qué necesita para corregir el rumbo? Los mismos datos sostienen que no menos de 400 millones de dólares en contratos y un flujo de ingresos de entre 80 y 100 millones de dólares. ¿Y qué tiene hoy? La compañía ha conseguido cerrar 300 millones de dólares en contratos, incluyendo allí las turbinas para El Baqueano y 65 millones de dólares de ingresos. Hacia fines del año, pasado la compañía había informado unos 9 millones de dólares de pérdida al final del ejercicio, incluyendo los contratos perdidos con Venezuela.