Hace unos meses, el Gobierno de Mendoza incurrió en el error de dar una especie de salvataje financiero a los empresarios del transporte público de pasajeros para que pudieran adquirir más unidades, es decir, comprar más micros nuevos. Esto significó la adquisición de unas 150 unidades para mejorar, en este caso, el deficiente y malísimo servicio de media y larga distancia en nuestra provincia.

    Dicho en términos monetarios, este salvataje financiero tenía un costo para el Gobierno provincial de aproximadamente 50 millones de pesos, los que, aparentemente, los dueños de los micros devolverán en un plazo de cinco años, con un período de gracia de un año o más, medida tomada en su momento por el Estado mendocino durante la apertura de sobres del primer tramo de la nueva concesión de transporte público de pasajeros de media y larga distancia. El Gobierno que comanda Julio Cobos manifestó, en su momento y a través de distintos medios, que “no le quedó otra alternativa” que aceptar el pedido que le hicieron los dueños de micros que circulan por el interior de nuestra provincia.

    Siguiendo con el análisis, hoy volvemos nuevamente sobre el sistema de transporte público de pasajeros. En este caso, el problema reside en los costos, que siguen su escalada ascendente al ritmo de los índices de precios al consumidor. Y esta situación parece que se va a ir complicando aún más con el transcurso de los días, teniendo en cuenta, además, que el mes que viene el Gobierno provincial otorgará un aumento de entre 8 y 9 por ciento en el pago del kilómetro recorrido a las empresas de transporte público de pasajeros.

    Actualmente, la provincia le paga a AUTAM, por cada kilómetro recorrido sólo en los departamentos del Gran Mendoza, 2,61 pesos, y pasará a pagar, aproximadamente, algo así como 2,80 pesos. Este aumento está estipulado en el contrato de concesión que tiene el Gobierno con las líneas de transporte. En este contrato se establece que debe hacerse una revisión cada dos meses, con respecto a los costos, para que se pueda solicitar autorización de modificar los precios del kilómetro, siempre y cuando el índice inflacionario del período supere 5 por ciento.

    Si bien la asociación que agrupa a los transportistas (AUTAM) solicitó una suba del kilómetro recorrido de 10 por ciento en función de los costos (insumos) de los transportistas, como lubricantes, repuestos, vestimenta de choferes, lo que más ha incidido, sin lugar a dudas, tiene que ver con el salario nominal de los choferes de micros, que subió, en el último tiempo, 300 pesos y en estos días están negociando un nuevo aumento salarial.

    En este caso en particular, el problema lo tienen, nuevamente, los contribuyentes impositivos (los ciudadanos mendocinos que pagan sus impuestos al día), porque el Gobierno muestra como un logro que, por un lado, va a autorizar un aumento del boleto y, por el otro, lo va a seguir subsidiando o, mejor dicho, va a seguir “haciéndose cargo” de esa distorsión de precios. Como dijimos anteriormente, cuando el Estado provincial es bondadoso con algún sector, el costo final lo sufren los contribuyentes mendocinos.

    Porque cuando se subsidia a algún sector, se le está quitando recursos a otro sector de la economía o, en el peor de los casos, se cobrará más impuestos para hacerse cargo de este nuevo subsidio. Por otro lado, y en el mejor de los casos, el Estado provincial puede llegar a usar (con autorización legislativa) cerca de 22 millones de pesos adicionales que provendrían de los 145 millones que el Estado mendocino le cobró a la Repsol YPF por regalías adeudadas. Pero la solución debería pasar por no estar subsidiando siempre a este sector o no estar esperando que caigan regalías mal liquidadas del cielo, sino por buscar una salida “paretiana” al problema.

    En un país con historia inflacionaria como Argentina, no debería subsidiarse siempre a un sector para que el impacto no lo sufran los bolsillos de los usuarios, ya que el precio del kilómetro recorrido está basado en los costos de los insumos, porque, por un lado o por el otro, lo terminarán pagando los mismos contribuyentes. A esto hay que sumarle la problemática de los últimos días con el tema del gasoil, que está faltando en las estaciones de servicio y escasea no sólo en Mendoza, sino en todo el país.

    Por lo tanto, en este caso en particular, cuando el Estado intenta solucionar un problema en un mercado (el del transporte público de pasajeros) creando otro, lo que termina haciendo es distorsionar la economía en general para toda la provincia. Porque, en vez de dar, de una vez por todas, solución al problema, siempre está colocando parches (vía subsidios, desgravaciones impositivas y varias formas más). El problema radica, básicamente, en que tomar soluciones drásticas tiene grandes costos políticos y, a un año de las elecciones generales, es más difícil aún tomarlas.