Este martes, casi al alba, mientras el gobernador Alfredo Cornejo revelaba desde Burdeos, Francia, haber analizado y discutido con el representante de los empresarios vitivinícolas de Burdeos-Gironda los desafíos que enfrenta la industria y su situación comercial a nivel global, además de las posibilidades de cooperación entre ambas regiones productoras de algunos de los vinos más calificados del planeta, en Mendoza ya casi no quedaban luces de alarma por encender en torno a la marca distintiva de la provincia. La confirmada caída en desgracia de la emblemática Bodegas Norton había desatado un temido efecto cascada que podría afectarla de lleno.

La vendimia que se avecina ya tiene su motivo de habitual estremecimiento y disputa entre los sectores que le dan vida. A la luz de un observador agudo, analista y crítico de los males y las bonanzas del sector, como Sergio Villanueva, la industria deberá internarse en el desafío de “buscar un nuevo equilibrio” para sobrevivir de la mejor manera en un mundo que ha cambiado definitivamente.

Norton ingresó en concurso preventivo de acreedores al no poder hacer frente a una deuda del orden de los 30 millones de dólares, acumulada en los últimos tiempos para sostener sus compromisos y su propio mercado. Las altas tasas de interés combinadas con una inflación a la baja —una rareza en el mundo pero propia de la particular coyuntura argentina—, la caída del consumo y de las ventas producto de la recesión general, sumado a los cambios culturales, de gusto y demográficos que impactan en todo el planeta, han puesto a la vitivinicultura frente al desafío de “adaptarse para sobrevivir” o resistir a espaldas de las transformaciones inevitables, a riesgo de desaparecer. Será el gran tema que agitará los foros de la próxima vendimia.

El escenario es complejo y tendrá su correlato en el mundo político. Porque los problemas que hoy afectan al vino y al mundo de la uva exceden sus particularidades: se inscriben en la nueva configuración macroeconómica que, mientras busca su normalidad y un terreno de confianza, deja una estela de consecuencias negativas producto de los retorcimientos de su ajuste.

Los estudios de consumo muestran que los argentinos han dejado de adquirir primeras marcas para optar por segundas, terceras o directamente desconocidas, e incluso han dejado de comprar ciertos productos. Esto último podría estar ocurriendo con el vino. El descenso del consumo ha golpeado al mercado interno, que cayó un 17 por ciento en agosto respecto del mismo mes del año anterior, mientras las exportaciones permanecen estancadas.

La economía ha influido, sin duda, pero también un cambio cultural y demográfico con consecuencias directas sobre el consumo de vino y alcohol. Sobre esto, el analista Andrés Malamud —quien disertará este fin de semana en Mendoza junto a Guillermo Oliveto en una actividad organizada por el Fondo Vitivinícola— señala, entre otras cosas, que el avance de la población musulmana en Europa ha reducido el consumo de alcohol en ese continente.

La industria, entonces, enfrenta una doble transformación: la económica y la cultural. A nivel global, el consumo tiende a la baja o al reemplazo del vino por otras bebidas, fenómeno que en la Argentina se observa desde hace tiempo. También inciden los bajos precios resultantes de la menor demanda. La rentabilidad se ha deteriorado porque la industria enfrenta costos fijos inflexibles —infraestructura, insumos, recursos humanos— que limitan su capacidad de adaptación.

Además, parece mutar la fisonomía del negocio: las grandes corporaciones dirigidas por CEOs, que marcan el pulso de la actividad, no encuentran en el vino las ganancias buscadas y comienzan a priorizar otros rubros. Así, se reabre la discusión sobre el modelo y la escala que dieron origen a la vitivinicultura nacional, inspirada en España, Francia e Italia, en manos de pequeños y medianos productores. Las bodegas preparadas versus las que no: esa podría ser la grieta del nuevo tiempo, en un mundo que busca la mejor calidad al precio más bajo.

La vendimia 2025/2026 estará atravesada por la discusión sobre ese modelo y la escala, junto a los reclamos históricos —y válidos— por una menor presión impositiva y la reducción del “costo argentino” para ganar competitividad. La industria, según los analistas, deberá equilibrar los stocks de ocho meses que hoy mantiene, usar como herramienta la cuota flexible de uva para mosto, mejorar la exportación de vinos a granel, estudiar más a fondo los gustos del consumidor y avanzar hacia una mayor eficiencia y productividad.

Y está, finalmente, el debate ideológico de fondo sobre el rol del Estado. “Hay quienes todavía creen que el mercado es el Estado, lo que ya se terminó. No se niega algún grado de asistencia en ciertos momentos, pero eso de pedir el auxilio de los gobiernos ya no va más”, dice una de las voces más agudas de la vitivinicultura mendocina. Una observación tan provocadora como cierta, que describe con claridad la dimensión en la que se han movido la mayoría de los actores “exitosos” de la industria madre de Mendoza.