En verdad todos sabían, tanto en el oficialismo como en la oposición, que las provincias y los entes privados –fueran estos centros sanitarios, hospitales, compañías farmacéuticas y empresas en general–, están en condiciones legales de adquirir por su cuenta vacunas contra el COVID. Con lo que no debió haber resultado una sorpresa, como así fue por la reacción que provocó, que el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, dijera el miércoles en la noche durante una entrevista televisiva que las provincias, si así lo quisieran, están habilitadas legalmente para salir al mercado a realizar la compra de lo que se considera el insumo más requerido en el mundo para hacerle frente a la pandemia de coronavirus.

El punto es que, como ha venido ocurriendo desde el arranque mismo de la crisis desatada por la expansión del virus en el país –hecho que comenzó a producirse casi un año atrás–, las especulaciones políticas de quien gobierna como de quien ocupa hoy la oposición, fueron creciendo como las diferencias entre los mismos actores y protagonistas que alimentan, como en todo, la división y la denominada grieta en la sociedad.

Desde que a mediados del año pasado se sancionaron las leyes, al menos un par, para darle un contexto previsible e institucional a la adquisición de vacunas que debía obligadamente realizar el Estado argentino para brindarle inmunidad y proteger de esa manera a la población, oficialistas y opositores, en particular los legisladores y, desde ya que los gobernadores, estaban al tanto de que las provincias podían por su cuenta hacer gestiones para adquirir las vacunas. Pero, a la vez, como se estaba al tanto de esa situación, también se reconocía que la mejor y única manera viable de realizar este tipo de adquisiciones estratégicas sería por medio del Estado nacional y no por los subnacionales, como las provincias y mucho menos por los sectores privados. La razón de ellos emergía clara para todos: no había vacunas suficientes en el mundo y, por ello, nadie podría estar en mejores condiciones que el Estado nacional para asegurarse el suministro y pagar lo menos posible por el mismo.

La historia de lo que vino luego es conocida al punto que se la padece: el Estado argentino falló en las negociaciones, tuvo dificultades varias poco comprensibles para cerrar los acuerdos con los laboratorios fabricantes de las vacunas, además de imprimirle una fuerte carga ideológica y política a los potenciales acuerdos que perseguía, a tal punto que esa situación fue admitida y reconocida por la misma vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quien, en su última aparición pública, el 24 de marzo, llegó a vanagloriarse y a atribuirse que por su gestión, tanto Rusia como China enviaron al país las únicas vacunas que se están utilizando en el operativo de inmunidad de la población.

La falta de efectividad en las negociaciones con los laboratorios llamó la atención y ha sorprendido a más de uno por los fracasos, cuando han sido los mismos laboratorios los que, en mayor o menor medida, han provisto a Argentina de los reactivos para las patologías habituales que año tras año son combatidas por medio de exitosas campañas de vacunación, como la de la gripe, por caso.

Si bien las provincias han estado habilitadas por la ley para hacer compras por su cuenta de las vacunas, los decretos reglamentarios que se firmaron desde la sanción de las leyes centralizaron la compra no sólo de vacunas, sino de otros insumos clave, como la de los respiradores mecánicos. Un año atrás, el gobierno de Rodolfo Suarez gestionó y compró a proveedores externos 120 respiradores que fueron confiscados por la Nación. Lo propio ocurrió con otras jurisdicciones, como la de Córdoba, con la que la Nación actuó de la misma manera. Las razones que se esgrimieron fueron que, por tratarse de insumos estratégicos, críticos y escasos en su producción y provisión a nivel global, sería el Estado nacional el que los compraría y repartiría de acuerdo con criterios objetivos en todo el territorio nacional.

Algunas semanas atrás, los legisladores de la oposición y mendocinos ellos, como Alfredo Cornejo y Luis Petri, ventilaron un proyecto de ley para permitir que las provincias y los mismos privados, empresas ellas, pudieran adquirir vacunas en el exterior con algunas ventajas fiscales y exenciones impositivas con la obligación de dejar en manos del Estado un diez por ciento de las dosis que adquirieran en los laboratorios que fabrican el medicamento. El proyecto llegó a ser cuestionado por el oficialismo y rechazado en declaraciones mediáticas, acusando a los legisladores de promover un conflicto político innecesario.

El miércoles, Cafiero pareció sorprender con sus declaraciones afirmando que las provincias y los privados están en condiciones de comprar las vacunas. Pero desde la oposición le salieron al cruce con los mismos argumentos que el Gobierno utilizó contra los legisladores de la oposición: el de especular y buscar un rédito con una situación que hoy es impracticable e irrealizable. La oposición, sin embargo, le sumó, como fue el caso de Cornejo, que, por haber fracasado en la adquisición de las vacunas a nivel general, el Gobierno ha buscado ahora licuar y extender las culpas hacia los gobernadores, la oposición y los mismos privados para no quedar como el único responsable de una situación de zozobra generalizada.

En concreto, la autorización que tienen las provincias para adquirir las vacunas quizás sea efectiva y realizable más adelante en el tiempo, para cuando la producción del medicamento adquiera un volumen y un precio acorde para que todos accedan, no sólo los Estados nacionales, las provincias y las propias empresas, sino todo el mundo sin tener tanto en cuenta su capacidad de negociación, de lobby, color de piel, religión o meras cuestiones políticas e ideológicas.