“El tamaño del Estado no puede ser más grande que el que los mendocinos puedan financiar, conforme a la realidad económica de nuestra provincia”. Con esa frase, el Consejo Empresario Mendocino (CEM) cierra su último informe sobre las finanzas provinciales, tras un estudio que tomó por objeto la situación que discurrió entre el 2012 y fines del 2021.
Ese corolario parece todo un lamento. Ni siquiera suena altisonante ni indignado, por parte de los empresarios que representan a buena parte de la generación de riqueza de la provincia. Suena a resignación y también, por qué no, conlleva una actitud implorante para que se haga lo que se tenga que hacer y revertir la tendencia. Es que los datos de este último informe repiten el declive del año anterior y del anterior y del anterior. Mendoza no sólo no crece, tampoco ha generado expectativas porque, salvo en algún que otro aspecto muy puntual del manejo de los presupuestos y las finanzas, el rumbo va cambiando muy despacio. Demasiado lento.
El problema, para los economistas del CEM, sigue estando en el tamaño del Estado frente al sector privado o, mejor dicho, frente a lo que se conoce como Producto Bruto Geográfico, el PBG. En el PBG está contenido y representada toda la riqueza de la provincia, su producción, su movimiento económico. Y, pese a que las últimas administraciones de Cambia Mendoza, la que inició Alfredo Cornejo en el 2016 y que ha continuado Rodolfo Suarez con mandato hasta el año que viene, se jactan y se vanaglorian de haberle impreso a la gestión de lo público ciertas reformas y cambios de hábitos que durante mucho tiempo se habían perdido, el agobio sobre las familias y las empresas, que son las que deben soportar todo el peso del Estado sobre un sector que se achica constantemente, ha llegado a niveles intolerables.
El informe destaca dos hechos notables que marcan el rumbo económico de la provincia de los últimos diez años y más también: uno de ellos es que la actividad no ha crecido. Se han cumplido diez años de estancamiento real. La curva simula ser la línea de un electro plano entre el 2011 y el 2021, con un descenso claro en abril del 2011 y otro abrupto que correspondió al peor año de la pandemia, desde marzo del 2020 hasta los primeros meses del 2021.
Eso es Mendoza y el país. Con la particularidad de que la población, por caso, creció 12 por ciento durante la serie y el ingreso de los habitantes cayó 10 por ciento. Esa situación, por sí sola, explica el crecimiento, además, de la pobreza.
El otro aspecto excepcional que se engarza con el estancamiento tiene que ver con el gasto público y la participación del Estado, en crecimiento siempre, en todo el PBG provincial. Digamos que mientras la economía se hacía añicos, el Estado aumentó el gasto y evolucionó en tamaño, porque de ninguna manera se puede afirmar que todo lo que le fue sacando o extrayendo al sector privado se convirtió en más y mejores servicios.
En el 2005, más de tres lustros atrás, la participación del Estado, o lo que es lo mismo, el peso del Estado sobre el PBG ascendía a 12,5 por ciento. Dicho de otro modo: el Estado se valía de esa porción, 12,5 por ciento, por sobre todo lo que producía la provincia. En el 2021, esa participación casi se ha duplicado, con 22,2 por ciento. El aumento ha sido, en concreto, de 78 por ciento, de acuerdo con el trabajo realizado por el CEM.
¿Y cuáles han sido las explicaciones de la mayor participación del sector público por sobre la economía provincial? Bueno, se manifiesta con un fuerte gasto público entre el 2012 al 2015. El Estado se fue agrandando financiado por una economía que no creció. El sector privado se fue achicando y el Estado incrementó y creció en aquellos primeros años que van del 2012 al 2015. Luego intentó revertir lo que estaba ocurriendo y se encontró con serias dificultades. Cuando comenzó a achicarse, con esfuerzos puestos en la austeridad en los últimos años, el cambio resultó imperceptible, porque la economía agravó su estado de situación.
El mayor ritmo del crecimiento del gasto se dio entre el 2010 y el 2014; se estabilizó entre el 2014 y el 2017 y luego fue cayendo, aunque no lo suficiente. Junto con todo ese panorama oscuro, se acopla la presión tributaria que se explica como todo el universo de impuestos, en porcentajes, que se les cobra a las familias y a las empresas frente al PBG.
Para financiar el gasto, el Estado lo hace por diversas bocas. La más importante es la que proviene de la recaudación impositiva. El impuesto a los Ingresos Brutos es el que reúne 55 por ciento de los recursos provinciales. En el 2015 era de 57 por ciento y, en el 2019 (uno de los mejores años de la serie en todo sentido), ascendía a 46 por ciento. Pero, la presión impositiva, global, por sobre el PBG, es de 6,5 por ciento. Ese peso por sobre las cuentas de las empresas y los bolsillos de los contribuyentes llegó a ser de 7,5 en el 2015 y el 2016, pero en el 2005 era de 3,5 por ciento.
El CEM, de todas maneras, destaca que, por primera vez desde el 2008, el Estado logró cerrar las cuentas en el 2021 con un superávit operativo de 4,6 por ciento y con un ahorro corriente de 11,4 por ciento de los recursos corrientes. Ese porcentaje en dinero llega a 29.223 millones de pesos, porque se contó con 255.000 millones de pesos en recursos y se erogaron 226.000 millones.
Es muy probable que los anestesiólogos, que están en pie de guerra con el Gobierno para que les aumente el módulo que se les paga por sus servicios, se hayan fijado en esa cuenta y en esa relación para afirmar que el gobierno de Rodolfo Suarez tiene recursos suficientes para financiar lo que piden. La oposición también le apunta a ese monto, pero marcando la ineficiencia del Gobierno en la inversión en obra pública y en el muy bajo porcentaje de recursos que se ejecutaron con ese fin.
Como sea, el mayor de los superávit de los últimos veinte años –recuerda el CEM– se dio en el 2005, cuando fue de 18,8 por ciento; el mayor déficit, en el 2015 y en el 2012 se produjo el mayor aumento de la alícuota de Ingresos Brutos. Pese a ese aumento de la presión impositiva, no se logró nunca dar con el equilibrio de las cuentas y que ordena cumplir la Ley de Responsabilidad Fiscal, cuando les dice a los legisladores y al Poder Ejecutivo que tienen que elaborar y aprobar una pauta de gastos con equilibrio presupuestario.