En teoría, en materia penal, es la Justicia el órgano del Estado elegido para lograr el cumplimiento de las leyes. Para eso utiliza como herramientas auxiliares los organismos que están a cargo del Poder Ejecutivo, como la Policía. La bajada de línea sigue siempre esa dirección. Se trata casi del ABC para sustentar una política criminal, para definir cuáles serán los temas que serán materia de una investigación y en qué casos es necesario la judicialización de un hecho.

En Mendoza, el comportamiento es al revés. La responsabilidad de acusación se ha descargado sobre el Poder Ejecutivo. Es la Policía la que decide, en definitiva, quién será sujeto a una intervención judicial. Se persigue a los sospechosos, se presenta el hecho y luego se inicia la causa. Se confunden, entonces, claramente las tareas de prevención y la represión.

Esta situación se generó debido a dos factores clave: la necesidad del poder político de tener una injerencia plena en el Poder Judicial y la pasividad mostrada desde la Procuración de la Provincia, que convirtió la red de fiscales en un sistema que apunta más a la efectividad mediática que a la calidad judicial. Desde hace tiempo, el éxito o no de las políticas de seguridad en Mendoza –si es que existe alguna– está vinculado íntimamente a lo mediático. Se busca impactar, causar sensación de que algo está bien, de que poco importa un homicidio si en cuestión de horas se puede tener al sospechoso detenido.

Se juega con la imagen y con la repercusión que esos hechos tienen en la opinión pública. Se persigue un golpe de efecto. Un muerto se paga con una detención y luego se pierde de vista el resto del proceso. Además de las numerosas resoluciones de la Procuración, que muestran esta tendencia, hay una que es esencial en esta historia, y es la que da vida y forma a la Unidad Fiscal Especial. Es la 144 del año 2005, firmada por Rodolfo González, y que establece un amplio abanico de posibilidades en las que se justifica la intervención de un fiscal especial o también llamado de “delitos complejos”. A saber: casos que, por la características propias del hecho, relacionados con la gravedad, trascendencia pública, complejidad en la investigación, actividad delictiva organizada o cometidos presumiblemente en más de un departamento, pasarán a esta unidad.

De todos estos puntos, que están enumerados de manera literal, hay uno que se destaca y que evidencia la búsqueda de un objetivo casi farandulesco: “trascendencia pública”. No es otra cosa que la cantidad de espacio que un hecho puede tener en los medios de comunicación, sin importar de qué se trata o su naturaleza.

En Mendoza hay una Unidad Especial para temas mediáticos. Así se explica que, por ejemplo, esa fiscalía haya actuado en el caso de un hombre que, ebrio, condujo a contramano en el Acceso Este y provocó un accidente que terminó en la muerte de dos personas. El acusado, herido, fue internado y quedó aprehendido. Fue un hecho grave, es cierto, pero de complejidad prácticamente nula. Sin embargo, la repercusión que tuvo el caso ameritó que desde la Procuración decidieran darle intervención a uno de los fiscales especiales. Y, ahí sí, armar el montaje: conferencia de prensa para comentar el estado de la causa y notificar, casi a través de los medios, la imputación. Ocurre lo mismo con robos a mano armada u homicidios. Depende de la víctima, el victimario o la trascendencia periodística, Rodolfo González irrumpirá en la causa y se la delegará a alguno de los fiscales especiales.

No son casos complejos en sí mismo. No ameritan grandes pesquisas ni se trata del crimen organizado. Es sólo una cuestión publicitaria. Es maquillaje que tapa otra realidad: por año, al sistema penal ingresan entre 130 mil y 150 mil causas, de las cuales un gran porcentaje sólo servirá para colapsar las fiscalías y hacer que la atención sea completamente deficiente.

Robos de celulares, peleas entre vecinos y hurtos insignificantes se mezclan con robos a mano armada, asaltos domiciliarios y accidentes de tránsito con heridos o fallecidos. Muy pocos llegarán a un juicio y el resto se perderá entre la intrascendencia de ser calificado como una investigación contra un NN o prescribirán por el vencimiento de todos los plazos procesales.

De todas las resoluciones, una sola parece estar orientada a entender qué debe hacer una fiscalía especial. En una mirada macro se ordenó que todas las denuncias por robos de autos sean derivadas a Delitos Complejos. Se cree que, de este modo, se podrá hacer un gran mapa de esta modalidad y efectuar un análisis y una investigación criminal concluyente y que apunte a bajar la tasa de este delito.

Luego, no hay mucho más. Y es en ese punto donde entra el juego el poder punitivo y la certeza de que alguien será castigado. La realidad se divide en dos: los intocables y los torpes. Esa diferenciación alcanza a todo tipo de delito, desde los más absurdos hasta los más graves. No hay en los recuerdos inmediatos causas vinculadas a hechos de corrupción que hayan llegado a condena, ni siquiera a juicio. La última: la investigación penal contra el suspendido fiscal de Estado Joaquín de Rosas por haber beneficiado al Grupo Vila. El expediente está ahí, entre un pedido de archivo y una orden de reapertura, pero con la sensación de que sólo avanzará según la temperatura política del momento.

Sobre la segunda categoría, los torpes –o con menos influencias-, todas las disposiciones de la Procuración buscan la mano dura judicial. La idea es recurrir a las herramientas necesarias para que aquellas personas traídas por la Policía como sospechosas de un delito queden detenidas el mayor tiempo posible. No importa la gravedad del hecho.

Esa política también es aplicada puertas hacia dentro. Hace unas semanas, en un encuentro con auxiliares, desde la conducción de la Procuración buscaron un adoctrinamiento para evitar que se filtre información y aseguraron que habrá “tolerancia cero” para quienes se desvíen de sus funciones especificadas por ley. En ese momento, alguien reaccionó y cuestionó: “Esperamos que hagan lo mismo con el fiscal que se encerró hace unos años con un funcionario de Seguridad en una pieza a interrogar y cachetear a un menor de edad”. Y ahí terminó la reunión.