Promediando 2023, cuando el gobierno de Alberto Fernández se jugaba la continuidad de una gestión pésimamente conceptuada —incluso por los propios— al punto de que el kirchnerismo perdería las elecciones presidenciales en manos de Javier Milei, Sergio Massa, en su doble rol de ministro de Economía y candidato a la primera magistratura, decidió “tirarle” al Congreso la responsabilidad de un ajuste en las cuentas fiscales que ya se insinuaba inevitable y, cuando menos, extremadamente doloroso. El tiempo terminaría confirmando aquella necesidad, ahora en manos de Milei y Luis “Toto” Caputo.
A Massa se le achacaba haber lanzado el popularmente denominado “plan Platita”, un programa extraoficial de dispendio de recursos fiscales inexistentes, destinado tanto a los sectores vulnerables como a la clase media. La consigna era estimular el consumo de todo tipo de bienes y servicios: desde viajes y electrodomésticos hasta vacaciones subsidiadas en los principales centros turísticos del país.
El plan tendría un impacto superior a tres puntos del PBI y ampliaría la brecha del déficit fiscal de un gobierno en retirada a niveles estrambóticos. Al terminar el año, entre los intereses de la deuda nacional y los del Banco Central generados por las Leliqs (9,9 puntos del PBI), más los desequilibrios financieros (2,2 puntos), se alcanzaría un déficit del 14,4 % del PBI. Esa pesada herencia es la que Milei menciona permanentemente para justificar la necesidad del ajuste y como referencia de lo que consiguió en los primeros meses de su gestión: un sorprendente equilibrio entre ingresos y gastos.
Massa expandió el gasto con el fin de ganar la elección y se negó sistemáticamente a atender las advertencias de la oposición, que pedía frenar lo que calificaba como una locura desenfrenada de recursos que el país no tenía. En un momento, y para sacarse el tema de encima, el exministro envió al Congreso la famosa “separata” con el listado de los Gastos Tributarios, dejando en manos del Parlamento la decisión de qué recortar y qué no del gasto público. “Elijan ustedes y háganse responsables”, pareció decir el candidato del peronismo y de Cristina Fernández de Kirchner a los legisladores opositores.
La historia, como se sabe, terminó en nada: el Congreso tampoco quiso hacerse cargo de lo que la política entiende como un hierro caliente. Tal vez ese episodio, sumado a tantos otros fracasos a lo largo de la historia en los intentos por normalizar el país, explique la llegada de Milei al poder.
Hoy, con Milei ya en la presidencia, la administración debe tomar medidas políticas extremas bajo una lógica de prioridades. En ese marco, el Ejecutivo se ha enfrentado al Parlamento por las leyes de aumento a jubilados, la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. El presupuesto recientemente presentado estima incrementos por encima de la inflación: 5 % para jubilaciones, 17 % para salud, 8 % para educación y 5 % para discapacidad. Además, asegura que el 85 % de todo el presupuesto está destinado al área social —entre educación, salud y discapacidades—.
El impacto de las leyes que el Ejecutivo vetó, y que en algunos casos el Congreso revirtió, sería considerable. Solo la moratoria previsional (0,8 % del PBI), el aumento del bono (entre 0,14 y 0,17 %), la suba de la mínima (1 % del PBI) y la emergencia en discapacidad (entre 0,2 y 0,4 %) suman alrededor de 1,7 % del PBI. Esa cifra pondría en riesgo la meta de alcanzar un superávit primario del 1,6 % del PBI hacia fin de año.
El presupuesto de Milei, como todos los anteriores, incluye los Gastos Tributarios: lo que el Estado deja de percibir en impuestos o deducciones a ciertos sectores económicos, personas físicas o actividades que busca favorecer con fines estratégicos, de empleo o de producción. Cualquier variación en esta política —la eliminación total o parcial de esos beneficios, o una reducción de su alcance— podría generar recursos adicionales para mejorar jubilaciones, fortalecer el presupuesto universitario o atender emergencias en salud y educación.
En 2025, los Gastos Tributarios rondarán los 30 billones de pesos y para 2026 se proyectan en 35 billones, equivalentes al 3,5 % del PBI. En total, cerca de 20 mil millones de dólares.
Entre los casos más emblemáticos, los magistrados y funcionarios judiciales de la Nación y de la mayoría de las provincias no pagan Ganancias: un beneficio que representa este año cerca del 0,10 % del PBI, más de 880 mil millones de pesos. Pero no son los únicos privilegiados. También gozan de exenciones los trabajadores registrados de la Patagonia, asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, cooperativas, asociaciones deportivas, agencias de quiniela y lotería. Algunos sectores pagan alícuotas reducidas, como las prepagas, la venta de carnes, la construcción de viviendas, las panaderías y las obras de arte. Tampoco pagan el impuesto a los combustibles los habitantes del sur, ni la minería ni la actividad agropecuaria.
El caso más resonante sigue siendo la promoción económica de Tierra del Fuego: 1,5 billones de pesos en 2025 y 1,7 billones proyectados para 2026, según el presupuesto. Su impacto en el PBI es de 0,17 %, equivalente al costo fiscal del bono a jubilados o de la emergencia en discapacidad.
Gobernar no es moco de pavo. Además de representar el acceso al poder de un determinado grupo político, alianza o frente, implica tomar decisiones amargas y antipáticas. Muchas veces, cuando esas medidas dan frutos con el tiempo, deberían ser recompensadas. Es cierto, sin embargo, que la tolerancia social en la Argentina es mayoritariamente selectiva: a algunos se les permite más que a otros. Pero alguna vez hay que intentarlo. Quizás un día lleguen las sorpresas.