La crisis desatada en el Poder Judicial por la difusión del video del incidente durante un juicio oral y público la semana pasada atraviesa una ruta imaginaria que va desde el flamante Polo Judicial al edificio histórico de los Tribunales mendocinos. Las imágenes pegaron en la línea de flotación del Ministerio Público Fiscal y tuvieron fuerte repercusión en la Suprema Corte de Justicia. Todos dudan de todos; todos se miran con recelo. Y nadie sabe explicar con claridad por qué durante varios días se mantuvo como cierto un relato de algo que no había existido.

La cronología marca que a media mañana del miércoles 13 de septiembre, el preso Hugo Arredondo sacó una chuza de entre sus ropas y se paró intempestivamente de la silla en la que estaba sentado en la Sala 15 del Polo Judicial, acondicionada especialmente para la realización de juicios por jurado.

Desde ese momento, todo se circunscribió a la narración de la fiscal Claudia Ríos y se obviaron los testimonios de las otras personas que estaban en el lugar. La historia, según la magistrada, se dio más o menos así: el reo se paró, sacó una chuza y casi se la apoya en el cuello. Ante la amenaza evidente, ella pudo zafar y rápidamente activó un spray de gas pimienta que tenía enganchado en la cintura de su pantalón. Eso permitió que, a pesar de que después Arredondo quiso tomar a una estudiante como rehén, pudiera ser reducido por personal de seguridad.

Esta versión fue convalidada al pie de la letra por el procurador Alejandro Gullé apenas un rato más tarde, en una conferencia de prensa, cuando la noticia ya era tendencia a nivel nacional. Y fue la plataforma fáctica en que se basó la fiscal Andrea Lazo para imputar a Arredondo, alias “Mecha”, por “homicidio en grado de tentativa”. Si Ríos declaró formalmente eso o no, es otro cuento.

Menos de 24 horas después, las imágenes del video ya recorrían los pasillos del Polo Judicial, y comenzaron los susurros. Nadie se animaba a hablar en voz alta, pero estaba claro que algo raro estaba sucediendo. Y lo confirmaron cuando el mismo Gullé, un día después del incidente, rescató el profesionalismo de Ríos y destacó que ya estaba trabajando normalmente.

¿Por qué se insistía con la versión de ataque directo del preso a la fiscal si eso no había pasado? Esas dudas llegaron hasta el cuarto piso de Tribunales, sede de la Corte, del mismo modo que se escucharon los reclamos por la falta de profesionalismo y de material adecuado para el trabajo por parte de los agentes penitenciarios. Todos comparaban las imágenes de los uniformados con el “Show de Benny Hill”: el preso corriendo de un lado para el otro y los agentes impotentes porque, primero hicieron de cuenta que estaban en una reunión entre amigos, y después no podían perseguirlo porque se resbalaban cada vez que intentaban atraparlo.

De esta manera, se desató otra tormenta más en medio del huracán que está atravesando el Poder Judicial, con denuncias que han puesto bajo sospecha desde el proceso de evaluación y selección de jueces y fiscales, hasta los exámenes de ingreso para cargos administrativos en la Justicia.

Los responsables de la investigación intentaron mantener ese video en secreto. Supusieron que si no tomaba estado público, la historia seguía cerrando. Hasta que, entre lunes y martes, todos los miembros del máximo tribunal tuvieron acceso; en algunos casos, a versiones grabadas del video original.

La publicación realizada por este diario precipitó el desenlace. Ya no había argumentos para seguir sosteniendo aquella primera versión que, debido al shock de protagonizar un incidente de esa gravedad, pudo haber confundido a Ríos sobre cómo sucedieron los hechos. Desde su punto de vista, en ese lugar y en ese momento, tal vez las escenas se fueron sucediendo de manera parecida. Pero lo que ocurrió en realidad fue que Arredondo sacó una chuza, salió corriendo y buscó fugarse. Eso es lo que muestra el video que se viralizó. Nunca la ataca directamente y el gas pimienta lo activó ya fuera de la sala de debate, cuando el recluso buscaba escapar. Por eso, a la fiscal, la asisten las condiciones extraordinarias de atenuación, en este caso. Un pico de estrés postraumático.

Ríos tampoco salió a rectificar su relato inicial. La explicación que dan en Tribunales es que “le pusieron una mordaza” a la fiscal para no sumar más combustión al asunto. Es probable que, después de las elecciones, esa situación cambie y haya novedades.

Lo cierto es que Gullé tampoco salió a aclarar la distancia que existía entre los hechos objetivos y el relato inicial. Y mucho menos la fiscal Lazo, que mantuvo la imputación a pesar de contar con la evidencia del video. Recién cambió la calificación a “intento de evasión” cuando las imágenes se hicieron públicas.

En la Justicia hablan de un elefante escondido en una manada de elefantes. Hay quienes entienden que sucedió así para disimular las graves fallas del Servicio Penitenciario, que involucraba directamente a funcionarios del Ministerio de Seguridad. Suponen que la Procuración, con Gullé a la cabeza, asumió el costo político, pero dio un mensaje muy peligroso hacia adentro y hacia afuera del sistema judicial: qué valor realmente se les da a los elementos probatorios y, especialmente, si las imputaciones son basadas en las evidencias o en las necesidades del momento.