La Argentina que ve todos los días Javier Milei, no es la Argentina de las provincias y tampoco la Argentina que sufren y en la que viven millones de personas que, como ya se ha señalado tantas veces, paradójicamente apoyan y sostienen. El acompañamiento popular mayoritario, también está claro, parece sostenerse por el espanto a una vuelta atrás frente a tanto desasosiego continuado como resultado de las decisiones de una dirigencia política (la casta) desconectada y ajena a los intereses comunes, e indiferente a las dramáticas consecuencias que provocaría ante tanto jubileo cuasi delincuencial.
La Argentina de las provincias se enfrenta a graves problemas financieros y económicos, ausentes en la descripción de la Argentina que ha fabricado Milei. El mes de mayo ha dejado al descubierto un brutal desmoronamiento de los ingresos de la coparticipación y de los propios producto de la caída de la actividad económica. Los gobernadores, alarmados, se reunirán el martes para discutir qué hacer y cómo encarar a un gobierno nacional que goza con el plan de la motosierra, pero mucho más aún con el retiro del Estado de varias responsabilidades claves y básicas, como la de la obra pública, la infraestructura en general y el financiamiento de programas específicos, entre ellos los de la vivienda social por caso, que ha dejado de alimentar bajo la floja excusa de la corrupción generalizada que ciertamente existió con el kirchnerismo. Algunos gobernadores, en medio de la incertidumbre, ya ven en puerta las dificultades para el pago de los aguinaldos de sus agentes estatales.
El quebranto de mayo en los ingresos por coparticipación de las provincias, en general, ha superado el 26 por ciento. La caída para Mendoza particularmente ha sido del 24,1 por ciento de acuerdo con el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
A todo esto, desde el Ministerio de Hacienda mendocino reportan un derrumbe en Ingresos Brutos del orden del 4 por ciento por la disminución de alícuotas más la disminución en la actividad en medio de la recesión que todavía no se revierte. También ha caído el ingreso por regalías producto del valor del crudo a nivel internacional y “la apreciación del peso frente al dólar”, reconoce el ministro Víctor Fayad. Los patrimoniales (automotor e inmobiliario), en cambio, presentan una leve mejora porque ha comenzado a achicarse el nivel de morosidad que existe.
¿Qué festeja Milei? Mucho, porque su plan de recortes fue bien recibido incluso por quienes más lo están sufriendo. El ajuste fiscal alcanzó el 15 por ciento del PBI, el gasto real de acuerdo con lo que el mismo Milei dice fue del 30 por ciento, ya no se emite moneda y se terminó con el déficit fiscal. Se ha tratado de un combo que logró detener la inflación, la que según su cálculo a mediados del 2026 “será un mal recuerdo del pasado”. El freno de la inflación sacó de la pobreza a casi 10 millones de argentinos. Esa es la columna vertebral del festejo de Milei. Y también afirma y advierte que, de no regresar el populismo socialista, Argentina podría crecer por más de diez años a un 4 por ciento anual.
¿Hay algo más en la Argentina que ve y festeja el presidente? Sí. Viene de manifestar que al sacarle peso del Estado a la economía vía disminución de impuestos y menor gasto fiscal el país le está devolviendo ingresos al sector privado que se debiese traducir “en más ahorro e inversión”.
Las descripciones de las bonanzas profetizadas por el presidente todavía no están visibles y el camino para alcanzar la tierra prometida, todo ese proceso de reformas en sí, ha impactado en las finanzas provinciales. Dice el IARAF y un informe específico que circula entre los gobernadores que el ajuste fiscal produjo una caída en la recaudación de impuestos. Los impuestos coparticipables cayeron un 7,6 por ciento en el 2024, pero crecieron los no coparticipables. Por eso también celebra y se ufana Milei. La nación ganó un 70 por ciento y las provincias perdieron 6 billones de pesos. En el 2025 que está en marcha la recaudación venía en ascenso, sin recuperar todavía los niveles del 2023, hasta que llegó mayo con la caída brusca en IVA y Ganancias. Ya en abril la coparticipación de las provincias registraba un descenso en términos reales del 7 por ciento. Y el viernes se conoció ese preocupante 26 por ciento negativo en los ingresos provinciales.
La baja en la recaudación del IVA refleja el descenso en el consumo y en la actividad. Lo propio ha ocurrido con Ganancias, profundizado por la modificación al régimen de anticipos de las empresas. Ganancias representa el 40 por ciento de la coparticipación federal. Y mayo confirmó las incertidumbres con un 20 por ciento menos de ingresos por ese impuesto. Se había proyectado 5,6 billones de pesos y el consolidado se ubicaría en 4,7 billones.
Los gobernadores se enfrentan ante un panorama complejo: la necesidad de modificar el sistema de reparto sin que nadie pierda respecto de lo que tienen y la menor recaudación provocada por la recesión que llegó de la mano con el fuerte ajuste. Y Mendoza con sus particularidades respecto del resto.
La provincia está última en ingreso per cápita sólo superada por la provincia de Buenos Aires, otra de las más perjudicadas en el reparto. Formosa, Tierra del fuego y La Rioja aparecen como los estados mejor ubicados, recibiendo per cápita entre 2, 3 y hasta 4 veces más que Mendoza.
Un cambio en la coparticipación, cualquiera sea, pone en pie de guerra y en alerta a las provincias que dependen de ella y de la actual configuración. Son los casos de Tucumán, Chaco y Formosa cuyos presupuestos están diagramados a partir del 70 por ciento de los ingresos de origen nacional.
Una posible salida al enredo podría darse con la nación resignando recursos. El reparto primario de los impuestos recaudados da cuenta que la nación se queda con el 42,34 por ciento mientras que el 57,66 por ciento va para las provincias. Pero se estima que tampoco la nación, hoy bajo el control del gobierno de Milei, acepte recibir menos, pese a que sistemáticamente se está retirando de todo aquello que financiaba.
En Mendoza imaginan un debate ardoroso para proveer de equidad al reparto, proponiendo un sistema de premios y castigos que se sostenga en la medición del gasto público per cápita de cada provincia. En el gobierno de Cornejo dicen que están al tope de esa escala mientras otras jurisdicciones han sido “muy desprolijas con el gasto sin recaudación propia”. Un nuevo capítulo de una novela que arrancó en 1994 y que tenía que terminar dos años después con un nuevo acuerdo y contrato entre las provincias y la nación en donde ninguno de los Estados subnacionales debía perder: un imposible.