Cuando en el 2021 el Estado nacional conducido por Alberto Fernández en compañía con el mendocino bajo el control de Rodolfo Suarez tomaron la decisión de capitalizar Impsa, todo para evitar que el gigante metalúrgico cayera en desgracia, el universo de las pymes mendocinas, de los rubros más variados, no dudó en poner el grito en el cielo ante lo que consideraban un trato de privilegio de parte del Estado hacia una compañía en decadencia y en caída libre por malas decisiones. Las pymes industriales, agrícolas y comerciales, sobre todo, las que también se habían desmoronado durante la pandemia obligadas a cerrar sus negocios, talleres, locales de comercialización y de producción no negaban en público lo que sus referentes decían en privado: “Queremos que nos den el mismo trato porque nos quedamos en la calle, como Impsa”.
Casi cuatro años después, cuando el gobierno de Javier Milei se prepara y acicala (si todo sale bien, lo que aún no está garantizado del todo) para presentar lo que se considera como la primera privatización de su era, cediendo a la empresa ARC Energy el control de la compañía tras un pago de 27 millones de dólares, las dudas que ha dejado la operación de venta no sólo no se despejan, sino que suman más interrogantes. Son inquietudes que alimentan, ya no sólo en el universo de pymes sino en el de otras empresas de diferente configuración y tamaño, que otra vez se podría estar frente a un nuevo caso de trato diferencial de parte de Estado con la ex Impsa y sus nuevos dueños, como en el 2021.
Las miradas apuntan hacia el esquema o plan de negocios, de trabajos y de inversiones de la nueva dueña de la metalúrgica que garantizarían el sostenimiento de la empresa y del que no se sabe mucho y nada públicamente. Controlada por Estado, Impsa tenía asegurados los mínimos contratos que al menos la mantenían en pie. Mantenerse en pie no es poco, menos en Mendoza. Porque al margen del mayor o menor volumen de actividad comercial de la compañía que supo hacer girar a su alrededor cientos de pymes que subcontrataba, el impacto social que tendría el cierre de la empresa con más de 700 empleados en la calle, en su mayoría altamente calificados, el cimbronazo sería incalculable.
Hasta el momento de iniciado el proceso de cesión de acciones a la interesada ARC Energy, la única empresa que hizo una oferta concreta, el Estado le había asegurado a Impsa un mínimo de contratos manteniéndola activa. Entre ellos el que firmó con Fabricaciones Militares para construir una estación transformadora en Río Tercero; o los puentes de grúa para la Armada destinados al puerto General Belgrano; la rehabilitación de seis turbinas para Yacyretá de las cuales ya se habrían entregado tres o el contrato con el Ejército para modernizar parte del Tanque Argentino Mediano (TAM), al que Impsa le mejoró la torreta y le permitió la toma de otro negocio sin licitación para la intervención de 71 torres de vehículos de combate por unos 15 millones de dólares cuyo aporte garantizaba el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef).
¿ARC Energy puso condiciones para desembarcar en Impsa? Se desconoce. Es más, el contrato en apariencia les prohibía a las oferentes condicionar la oferta. Pero a la luz de los graves problemas de la compañía, con una deuda cercana a los 600 millones de dólares, un quebranto de 56 mil millones de pesos en los primeros meses del año y una planta de personal de 730 trabajadores que según algunas fuentes se presentaría sobredimensionada para el flujo de actividad que ya venía manteniendo la compañía, no son pocos los que especulan que el fondo que se hace cargo habría recibido una promesa de mantener vigentes los contratos. Si fuera así, ¿el Estado en manos de Milei podría llegar a aceptar tal condición para garantizar el sostenimiento de un privado lanzado a una aventura de tal magnitud en Impsa?
En el gobierno mendocino siguen de cerca la sensible operación de traspaso de la empresa al nuevo dueño. Pero dicen no tener facultades ni autoridad en la toma de decisiones de manera directa que conserva el gobierno nacional. Las fuentes mendocinas aseguran que han controlado toda la operación vigilando el cumplimiento de todo el procedimiento ajustado a la ley provincial y que como única condición firme ha sido que todo el plan se lleve delante de manera abierta con el cumplimiento de los requisitos de las licitaciones mendocinas: “en el tema IMPSA está directamente el Gobierno Nacional. Nosotros hemos adecuado ese procedimiento a la Ley Provincial, para que se cumplan los requisitos provinciales. Pero no estamos tomando decisiones en el proceso de forma directa. Nosotros tenemos un paquete minoritario de acciones que de nada sirven disociadas con el paquete que tiene el FONDEP, o sea el Gobierno Nacional. El proceso se inició con un privado que hizo una oferta, eso derivó en una licitación pública y queda examinar y evaluar la oferta. Eso lo lleva adelante la Comisión que armó la Nación al respecto. Nuestra condición, en tanto socios minoritarios, es que se cumpla con la normativa legal”, fue la respuesta del gobierno mendocino sobre su rol en todo el proceso.
Como sucedió con la capitalización de Impsa en la postpandemia y el reclamo del maltrecho sector industrial mendocino cuando se levantó exigiendo tratos similares ante la quiebra de sus empresas, algunos imaginan que de confirmarse la continuidad de los contratos con fondos públicos a la nueva Impsa, ahora en manos de ARC Energy o de un fondo inversor de origen venezolano como se cree que hay detrás, una larga fila de nuevos reclamantes se formaría frente a las sedes de los gobiernos, el nacional y el provincial, exigiendo lo que les corresponde, el mismo trato, la misma oportunidad.