El último trabajo de coyuntura económica del IERAL tiene una particularidad que lo diferencia entre tantas visiones técnicas que se multiplican cada día.

En primer lugar, advierte que la economía no necesita un ajuste del gasto, sino todo lo contrario: que se movilice el excedente de recursos que se ha ido acumulando en las cuentas del sector privado, aunque el Gobierno, como contrapartida y para evitar mayores distorsiones, tendría que acompañar el plan reduciendo a la mínima expresión el gasto público, condición de difícil cumplimiento visto el comportamiento de la administración de Alberto Fernández.

En segundo término, el informe refleja una notable desaceleración de la recaudación entre octubre y noviembre, lo que está denotando un freno a la actividad de aquel empuje que había evidenciado tras el hundimiento en la pandemia y el resurgimiento del 2021 y parte del 2022.

Hay un tercer aspecto que preocupa, quizás, mucho más que los anteriores juntos, porque está mostrando la gravedad del problema previsional que ya padece el país y que va camino a un agravamiento a corto y mediano plazo, poniendo, incluso, en riesgo el retiro de los actuales activos que sueñan con un retiro medianamente digno, siquiera.

En todo esto emerge un acierto: se combinan tres aspectos complejísimos de la realidad económica argentina con la propuesta de una posible salida que evitaría los colapsos de las crisis que comenzaron a aparecer con el Rodrigazo de 1975 y siguieron con la Tablita de Martínez de Hoz, en 1981; el derrumbe del Plan Austral de 1987; el Tequila de 1994; la caída de la convertibilidad de 1989 y la previa de la turbulencia cambiaria de la que no sale el país, que arrancó entre 2017 y 2018, según se refleja en el trabajo, para el que han trabajado los economistas Gustavo Reyes, Maximiliano Gutiérrez, Marcelo Capello y María Laura Caullo.

Reyes pone el foco en el superávit que refleja en sus cuentas el sector privado, con el elevado gasto público del Estado. Aquí el especialista sostiene que no es necesario someter a un ajuste a la economía, sino, como es de esperar, sobre el sector en manos del Estado: el Gobierno y toda su administración. Para Reyes, el superávit de los privados, que se va acumulando por la incertidumbre y por la falta de garantías que le impide hacer grandes inversiones y, a la vez, magros niveles de consumo, se conjugan hacia una recesión, aunque hay formas de evitarlo. “¿Cuál es la clave para que una reducción del déficit de las cuentas públicas no genere una baja en el gasto total de la economía y una recesión? Que la disminución del gasto del Gobierno sea compensada por un mayor gasto del sector privado, por más inversión y consumo y menos ahorro”, afirma Reyes.

También, el economista agrega lo que se reclama a todas voces: que se requiere de un plan, que debe ser llevado adelante brindando confianza para expandir el gasto privado, que Reyes reitera que se llega con más inversión y consumo y disminución del gasto, compensando “el menor gasto público y evitando que la economía se contraiga por el ajuste de las cuentas fiscales”.

Además de repasar y observar un menor crecimiento de la recaudación, advirtiendo que se puede estar ingresando en un proceso de estanflación o, directamente, de recesión, el trabajo se concentra en la situación previsional.

Es allí donde los economistas Capello y Caullo analizan lo que ya configura un drama: los jubilados, pensionados y personas en edad de jubilarse ya son más en números que los activos que sostienen el sistema con sus aportes, y que más de la mitad de los jubilados y pensionados de la Anses alcanzaron el beneficio mediante una moratoria: 53 por ciento, lo que equivale a 3,5 millones de personas de un total de 6,7 millones.

Y, claro que, si se ve en detalle, emergen provincias donde la inmensa mayoría de sus jubilados llegaron a cobrar el haber de retiro merced a moratorias. Es el caso de Corrientes, donde 2 de 3 jubilados accedieron por moratoria, mientras que en tres superan los dos tercios: Misiones (68%); Chaco (71%) y Formosa (78%). La Rioja, con el 35 por ciento; Catamarca, 37 y CABA, 40 por ciento, son las provincias que están en el otro extremo. En Mendoza, de acuerdo con el informe, el 52 por ciento de sus jubilados alcanzó el retiro por la vía de la moratoria, levemente por debajo del promedio del país.

En nueve provincias, la relación entre los jubilados y pensionados versus las personas en edad de retiro está por arriba a favor de los primeros: Chubut (5%); Santa Cruz (8%); Chaco (9%); Entre Ríos (10%); La Pampa (15%); Catamarca (16%) al igual que Santiago del Estero; Formosa (19%) y Río Negro (24%). En una paridad absoluta, tanto en jubilados y pensionados como de personas en condiciones de retirarse, se encuentran San Luis y Tierra del Fuego. A nivel nacional, el promedio es que los activos en condiciones de jubilarse superan a los jubilados y pensionados del todo el sistema en un 10 por ciento, situación similar a la de Mendoza, con el 9 por ciento.

“Dada la elevada informalidad laboral, un porcentaje muy significativo de personas en edad jubilatoria o cercana a ella no cumplimenta todos los requisitos exigidos por la legislación para acceder a esos beneficios. En el caso del SIPA (sistema que nuclea a todos los jubilados del país, nacionales o provinciales), los 30 años de aportes requeridos por ley no son alcanzados en la mayoría de los casos”, confirma el informe de coyuntura del IERAL, el último, en el que se advierte que la economía no necesita más ajustes, la economía real, la que soporta el privado con sus inversiones y riesgos, pero que el que se tiene que adecuar de una vez por todas es el Estado, desde ya.