Armas de fuego y hechos de sangre. Los casos se potenciaron desde hace un par de meses.

El 18 de enero, hace poco más de un mes, el 911 recibió varias llamadas por un tiroteo infernal en el popular asentamiento Campo Papa del oeste de Godoy Cruz, cuna o base del narcomenudeo en Mendoza. Policía Científica levantó 111 vainas servidas. Casi todas calibre 9 milímetros. La balacera duró una hora y se utilizaron cinco armas diferentes. Este caso testigo es un ejemplo de lo que está ocurriendo en diversos sectores del Gran Mendoza desde hace meses, en las impenetrables zonas rojas. Y la preocupación de las autoridades es notable.  

Se han ordenado como respuesta trabajos de inteligencia, investigaciones especiales con un fiscal designado por la Procuración y allanamientos en barrios conflictivos para intentar desactivar el principal problema que han detectado los pesquisas, las guerras de bandas juveniles para ganar poder o territorialidad en el comercio de estupefacientes en pequeñas cantidades. El objetivo es enfrentar el punto de conflicto. Pero alcanzar el objetivo no parece ser sencillo porque, en muchas ocasiones, se desconoce el poder del enemigo.

Por estos días, en la cúpula del Ministerio de Seguridad están más preocupados por el crecimiento de los tiroteos en las barriadas donde difícilmente entre la policía para realizar patrullajes preventivos que en las decenas de denuncias diarias por robos que vienen en aumento. No existe vecino que desmienta el crecimiento de hurtos o sustracción de elementos de escaso valor en los diferentes complejos de la zona metropolitana; pero las balaceras o cruces entre grupos de jóvenes de entre 16 o 25 años se llevan toda la atención investigativa y generan intranquilidad. El temor a sufrir una bala perdida está latente. Eso también es inseguridad.

Lograr identificar a cada uno de los eslabones de esas cadenas delictivas requiere un trabajo delicado y comprometido. Horas de computadoras, análisis tecnológicos y tareas en la calle. Y muchas veces los miembros de esas bandas conocen los movimientos policiales y esquivan el secuestro de la prueba que pueda llegar a complicarlos en un expediente judicial.

El domingo por la noche fue en la Villa Güemes de Las Heras. Un hombre baleado en los genitales y las piernas. La respuesta y venganza de un conocido que terminó asesinado de un balazo en la cabeza. Este martes se hicieron allanamientos y un sujeto quedó a disposición de la Justicia. El procedimiento no resultó como esperaban y hubo policías heridos.

Al otro día las gavillas fueron noticia por el ataque contra una casa de El Algarrobal. El típico accionar de “motodelincuentes” que disparan en zonas de escasa luz y escapan a toda velocidad terminaron costándole la vida a una joven embarazada.

Rocío Fabiana Flores tenía 21 años. Era madre de una niña y estaba a pocos días de dar a luz a un varón. Recibió un balazo en la cabeza y no resistió. Tampoco la criatura que llevaba en el vientre. La pesquisa sostiene que los plomos estaban direccionados a su pareja, un joven de 27 años con pasado carcelario. La hipótesis es la misma, guerra de bandas y conflictos entre conocidos. Este martes, diversas áreas de Investigaciones potenciaron sus esfuerzos para identificar a los autores. Hubo un detenido. Pero la idea es ir por todo para desarticular el accionar delictivo. Y para eso se necesita tiempo.

Policías con experiencia en seguimientos cuentan que en ese distrito existen -al menos- tres bandas que vienen hace más de un mes a los tiros. Lo mismo detallan en el oeste de Capital con el barrio San Martín a la cabeza y otros sectores de Guaymallén -Pedro Molina y Belgrano- y la famosa triple frontera entre Godoy Cruz, Luján y Maipú. Muchos son barras de la Lepra, el Tomba o el Lobo y todo apunta a quitar del negocio a quienes comercialicen entre 30 y 100 dosis de marihuana o cocaína en los llamados quiosquitos.

Por cómo viene la cuestión, frenar el avance de los cruces armados iniciados por conflictos de venta de drogas sólo con fiscales provinciales podría beneficiar a muchos malvivientes que deberían responder en delitos federales.

En agosto del 2022, la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Federales resolvió que las causas de armas de fuego incautadas en procedimientos relacionados con el narcotráfico deben instruirse en ese fuero. Sin embargo, esto no estaría sucediendo de acuerdo con el relato de los mismos funcionarios judiciales de ambos sectores.

Dar ese paso, entre otros que se necesitan para combatir la inseguridad y que han sido cientos de veces analizados, sería un buen paso para encontrar el camino de la raíz del conflicto.