El presidente de Bolivia, Evo Morales, cumplió ayer nueve meses de gestión, al final de una semana cerrada con el respaldo de su homólogo argentino, Néstor Kirchner, y a las puertas de su mayor reto: que las petroleras acepten la nacionalización de los hidrocarburos. El mandatario socialista, quien cumplirá 47 años el jueves, firmó hace unos días un acuerdo de asociación energética con Kirchner, con negocios que le darán a Bolivia ingresos calculados en 50.000 millones de dólares en veinte años, según datos oficiales.

    La presencia de Kirchner en Bolivia supuso para Morales un espaldarazo tras los difíciles momentos de las últimas semanas, por la muerte de dos campesinos cocaleros y dieciséis mineros y una radical huelga de presidiarios en un conflicto aún no resuelto plenamente. También cargaron el clima político los rumores de golpe de Estado a los que alude permanentemente el presidente venezolano,Hugo Chávez, pero que en los últimos días llegaron al extremo con la denuncia de Morales de un plan para matarlo en un acto popular del 12 de octubre y en presencia de indígenas de varios países.

    La policía informó que la advertencia fue hecha mediante una llamada telefónica anónima que explicaba el presunto atentado organizado por ex militares que llegarían de la región de Santa Cruz, lo que obligó al mandatario a usar un chaleco antibalas en la céntrica Plaza de los Héroes. “Sabemos de la batalla que está dando el pueblo boliviano contra los viejos intereses y venimos, querido Evo, con los brazos abiertos para dar nuestra solidaridad”, le dijo Kirchner a Morales el jueves, precisamente en Santa Cruz, sede de grupos políticos y de empresarios opositores al mandatario socialista.

    Venezuela también ratificó este mes su apoyo a Morales a través de un polémico discurso de su embajador en La Paz, Julio Montes, quien, inclusive, ofreció “sangre y vidas” venezolanas para defenderlo. La matanza que dejó dieciséis muertos de dos grupos mineros rivales, el 5 y 6 de octubre, por el control de una mina de estaño, fueron los “peores días” de Morales, según admitió él mismo, y esto puede derivar en un juicio en su contra, tal como lo anunció la Central Obrera boliviana.

    Una semana antes, a finales de setiembre, dos productores de coca murieron en un choque con el Ejército y la Policía por defender sus cultivos frente a la erradicación ordenada en un parque de la zona central del Chapare, el fortín político y sindical de Morales. En el primer caso, el Gobierno deslindó responsabilidades afirmando que se trató de un enfrentamiento entre mineros, mientras que en el segundo acusó a los productores de coca caídos de trabajar con el narcotráfico en la reserva natural donde está prohibido el cultivo de la coca.

    Las protestas en las cárceles realizadas la semana pasada por los reos, con medidas extremas como crucifixiones, entierros hasta el cuello y autolesiones, han sido cambiadas por una huelga de hambre pacífica, pero el conflicto se mantiene latente. Tras superar esos momentos y con una popularidad que cayó de 81 a 52 por ciento entre mayo y fines de setiembre, Morales se apresta esta semana a afrontar el reto más duro de su gestión: cerrar los nuevos contratos con diez petroleras. Las compañías, entre ellas la hispano argentina Repsol YPF, la brasileña Petrobras y la francesa Total Fina Elf, deben firmar hasta el sábado los convenios de operación o irse del país, según establece el decreto nacionalizador.

    El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, agregó tensión al proceso el viernes, al afirmar, en una entrevista con Efe, que las negociaciones pueden tener definiciones hasta en el último minuto de ese día. Según Villegas, el Gobierno no ha considerado una prórroga del plazo de negociaciones, como lo ha planteado una comisión de la Cámara de Diputados, la que sugirió una ampliación del término en uno o dos meses, buscando liberar de tensión el diálogo con las empresas. Sin embargo, ha expresado su confianza en que el acuerdo con Argentina para venderle 27,7 millones de metros cúbicos hasta el 2026 será un aliciente para que las multinacionales petroleras firmen los nuevos contratos.