En la historia de la justicia mendocina, este miércoles marcó el punto de origen de una discusión que no había sido tenida en cuenta hasta que a la fiscal Claudia Ríos le pusieron un puñal cerca del cuello: hasta dónde las libertades individuales deben respetarse en casos donde los imputados son considerados de máxima peligrosidad.
Por una cuestión de principios jurídicos, nadie puede estar en la sala de debates esposado. Por eso, por más que los agentes penitenciarios involucrados en el caso afirmen que pidieron tener a los reclusos esposados, la decisión de sacarles los grilletes fue correcta y en sintonía con el cumplimiento de los derechos y garantías del acusado.
En tal sentido, el artículo 273 del Código Procesal Penal de Mendoza, que hace referencia a la posibilidad de declarar o no que tiene cualquier imputado, establece: “En ningún caso se le requerirá juramento o promesa de decir verdad, ni se ejercerá contra él coacción o amenaza, ni se usará medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión. La inobservancia de este precepto hará nulo el acto, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria o penal que corresponda”.
Más allá de la situación procesal, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y eso ocurre solo cuando la sentencia es condenatoria. No solo lo establece la Constitución Nacional, sino que está contemplado en las nociones básicas del derecho penal.
En todo caso, es el Estado -a través de los organismos correspondientes- quien debe garantizar la seguridad de todas las partes que integran el debate oral y público. Una opción, por ejemplo, es aislar al imputado con paredes de blíndex.
A partir de la inauguración del Polo Judicial, la tendencia fue realizar los juicios de manera presencial. Por más tecnología que se instale, los problemas de conectividad persisten y eso dificulta la virtualidad. Y, además, hasta el episodio de este miércoles, el Polo estaba visto como un edificio con alto coeficiente de seguridad.
Diferente es la situación, por ejemplo, en las oficinas fiscales. Allí, incluso, los abogados defensores suelen hacer la vista gorda cuando sus clientes son sometidos a las primeras actuaciones. Hay poco lugar y poco personal policial. Y el riesgo es demasiado alto. Mantener a los detenidos esposados es bajar la probabilidad de un incidente.
De todas maneras, el debate quedó abierto. Habrá cambios, casi seguro. Se trató de una advertencia que terminó en anécdota. Pero ningún juez, fiscal o abogado tiene ganas de poner en juego su pescuezo tal como sucedió. Literal.