La ansiedad parece no ir de la mano de los buenos resultados que prometen los grandes anuncios o las oportunidades únicas a las que hay que darles tiempo. Promediando el gobierno de Rodolfo Suarez, en épocas en donde el mundo (no sólo Mendoza o el país) sufría y penaba por la pandemia de coronavirus, los optimistas hacían cuentas en base a presagios –pero mayormente animados por los enormes deseos de que la suerte cambiase–, y concluían que la administración que sucediese a la de ese momento podría encontrar otra provincia, otro país y otro planeta, lanzados todos a ordenar la economía y a protagonizar una revolución que pondría todo patas para arriba.

Eso que se presumía que sobrevendría a la pandemia tenía que ver con un nuevo orden de todas las cosas, empezando por un cambio universal en el acceso a la salud en primer lugar y en la búsqueda de un equilibrio global en el proceso de creación y distribución de la riqueza ante el espanto que aquella pandemia había despertado, con evidencia suficiente, frente a todos: un mundo de pobres más pobres frente a otro paralelo de ricos más ricos.

En Mendoza, con las herramientas a mano disponibles, sólo se podía intuir un cambio de clima imaginando otra configuración en el funcionamiento del Estado y de las variables macroeconómicas a nivel nacional; pero en el plano local no había nadie que dejara de observar que el sucesor de Suarez se encontraría con casi medio presupuesto provincial extra para empujar el desarrollo a gran escala.

Así como Rodolfo Gabrielli (1995-1999) recibió cerca de 700 millones de dólares de la nación por el pago de regalías mal liquidadas y que se convirtieron en el Fondo para la Transformación y Crecimiento, la actual gestión de Alfredo Cornejo acaba de confirmar la tenencia en una cuenta especial de la provincia por 1.023 millones de dólares producto de aquel acuerdo por los perjuicios de la promoción industrial de las provincias vecinas y con los que se construiría Portezuelo del Viento. Caída la posibilidad de seguir con ese emprendimiento y firmada la adenda, un cambio al destino que tenían esos fondos, la provincia está liberada a utilizarlos como lo disponga. Los pagos del fondo de Portezuelo comenzaron el 28 de octubre de 2019 por 6.9 millones de dólares, y el último se registró el 28 de julio pasado por 7 millones de dólares, reuniéndose así los 1.023 millones de dólares del total del pago; en verdad y para ser precisos, queda un último ajuste de 350 mil dólares para el 28 de octubre que viene. Todos esos recursos han impactado, hasta el último centavo, en el gobierno en curso y de turno.

Cerca de cuatro años han transcurrido desde que el mundo comenzó a funcionar más o menos con normalidad desde el fin de la pandemia, y Argentina ve profundizada su recesión y sus miserias crónicas por las razones particularísimas que la explican: más de medio siglo de malas políticas que lo único que lograron hasta el momento ha sido el hundimiento del país a los confines más lúgubres jamás imaginados para un territorio con un potencial similar. La ansiedad, como está dicho, no es amiga de procesos que se avecinan o se anuncian como promisorios. Pero develan –y en Mendoza hay sobrados ejemplos–, que puede existir una pérdida de tiempo que no sólo llega a niveles invalorables, sino que por sobre todo se trata de oportunidades irrecuperables.

Está el caso que siempre se suele colocar como ejemplo del paso del tiempo y de la irrecuparabilidad del mismo: se trata del proyecto San Jorge. El emprendimiento estaba listo para comenzar su explotación en el 2011 cuando la campaña electoral por la gobernación que ganara el peronismo con Francisco Pérez provocara que la DIA del proyecto no se tratara. Si San Jorge hubiese comenzado a operar diez años atrás, a esta altura podría haber generado más de 200 millones de dólares en regalías para la provincia y a valores de hoy, más/menos, unos 400 millones de dólares por año en ventas de cobre, con una producción calculada en alrededor de 40 mil toneladas por año.

Al día de hoy la provincia no tiene muy en claro qué hará con los 1.023 millones de dólares de Portezuelo, los que pasaron a conformar el llamado el Fondo de Resarcimiento por los perjuicios de la Promoción Industrial. Unos 500 millones de dólares están invertidos en herramientas financieras, dicen en el gobierno, para proteger el valor: 300 millones en plazos fijos en manos de unos 6 bancos que pagan por año alrededor de 2,7 por ciento de interés en dólares y 200 millones en Bonos del Tesoro de Estados Unidos, los valores más seguros del planeta, pagando 4,5 por ciento de interés anual, de acuerdo con la información oficial distribuida por el gobierno provincial.

Ahora bien, salvo quienes están muy cerca de los números que se manejan en el Estado, pocos conocen que en un puñado de años la provincia ha invertido fondos públicos por el valor de casi un Portezuelo, o un poco más, en beneficios fiscales conocidos como Aportes no Reintegrables (ANR). Desde el 2017 a la fecha, tres programas de promoción de inversiones han comprometido 1.277 millones de dólares.

El Bono fiscal, en sus dos versiones, que tuvo vigencia entre el 2017 y el 2018, y que según el gobierno movilizó unos 10 mil millones de pesos en inversiones estratégicas, devolvió unos 150 millones de dólares en ingresos brutos. Las inversiones privadas, al valor del dólar de la época, representaban 500 millones de dólares. Desde el 2018 hasta este año rige una rebaja de ingresos brutos que se va replicada año por año. Los números oficiales dan cuenta de que se han “devuelto” de manera directa 664 millones de dólares por ese concepto, mientras que el cálculo indirecto refleja un estimado de 1.000 millones de dólares.

El cuadro se completa con la serie de los Mendoza Activa I, II, III y el Mendoza Activa Eficiencia. Según el gobierno, estos programas permitieron una inversión privada de 1.419.897,350 dólares y como por estas iniciativas se devuelve el 40 por ciento de la inversión, se calcula que los fondos públicos destinados han ascendido a los 463 millones de dólares.

Hay un interrogante que interpela e involucra a todos en Mendoza: ¿Valió la pena? ¿cuánto mejoró Mendoza desde la implementación de estos programas? ¿mejoró? ¿creció? ¿se enriqueció? O simplemente todo este esfuerzo permitió que no se siguiera cayendo tanto y tan fuerte de lo que se ha deteriorado en los últimos quince años. El debate del momento: ¿qué hacer y qué más hacer en la provincia, frente a una macroeconomía que demora en despegar y que sigue dando señales que por un tiempo más, indefinido, seguirá deprimida en la recesión?

En el gobierno defienden lo hecho y lo comparan con el reciente Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) al que se cuestiona por estar destinado sólo a montos superiores a los 200 millones de dólares y para un reducido grupo de empresas: “Desde el 2016 que se vienen implementando estas medidas de incentivo al desarrollo económico, pero no para unos pocos, sino para todas las empresas”.