La condena de ayer reabrirá, seguramente, un nuevo debate sobre la rigidez de las leyes en nuestro país y nuestra provincia. La verdad es que los 17 años que recibió el hombre por un aberrante hecho parecerán pocos a más de uno, y alguna critica recaerá sobre la Justicia con un cuestionamiento, valga la paradoja, nunca tan injusto. Es que, sin dudas, no es problema de los jueces, quienes sólo aplicaron la ley vigente.
El problema es de la sociedad y sus legisladores y gobernantes, quienes desde hace años se deben debates serios y profundo en todos los ámbitos. El sistema penal de Argentina y de Mendoza y su régimen de castigos es precisamente uno de esos ítems que nunca se discute seriamente y que siempre termina envuelto en debates de poca monta y, por lo general, saturados de intencionalidades. Casos aberrantes como este vuelven a poner sobre el tapete las deudas que nos tenemos a nosotros mismos y que los dirigentes tienen con la sociedad. ¿Habrá llegado el momento de pensar en serio y debatir en profundidad?
