Con un arma basada y sostenida en la esperanza y en el hartazgo social —que, de acuerdo con las encuestas, impulsan a la población a apoyar mayoritariamente al gobierno y sus medidas—, Javier Milei enfrentará las elecciones de medio término, es lo que bien se sabe. Sin embargo, esos factores que podrían conducirlo al triunfo no parecen conformar un recurso letal y definitivo como para cantar victoria antes de tiempo. Algo no termina de encajar en el plan: hace demasiado que se detuvo la baja del riesgo país, la economía no crece de manera sostenida, no se genera empleo y, en sectores bien identificados, mes a mes se pierden miles de puestos de trabajo, como en la construcción y la industria de la indumentaria. Al gobierno entonces le queda la bandera del equilibrio fiscal y/o el déficit fiscal cero “aunque me tengan que sacar con los pies para adelante” de la Rosada al decir del presidente. Le quedan el vivir con lo puesto y a contramano de lo que ha hecho la política tradicional en años electorales, estrangular las partidas de gastos y convertir la penuria en un atributo: “responsabilidad versus realismo mágico”, “un camino distinto con crecimiento genuino; algo que nunca se hizo”.
El gobernador Alfredo Cornejo viaja atado a ese combo nacional y encarará los comicios obligado a construir un discurso propio, capaz de sacudir la angustia y la incertidumbre, para intentar reconvertirlas en un voto de confianza.
El desafío es complejo: pocos remedios resultan efectivos o viables frente a las urgencias de una parte importante de la sociedad que no está en condiciones de esperar indefinidamente por los resultados de un plan que requiere tiempo para concretarse.
Pero el problema para los enojados, los disconformes, los angustiados, los pesimistas, los impotentes y quienes no comulgan con el ideario libertario en la Nación, o con el de Cornejo en la provincia, es aún más desalentador: si el oficialismo Milei–Cornejo solo puede ofrecer esperanza a mediano y largo plazo, en la paleta opositora solo abundan la confusión y la desorientación.
El peronismo —que competirá bajo el nombre Fuerza Justicialista Mendoza— llegará a las elecciones más preocupado por disimular sus diferencias internas que por otra cosa, tras un acuerdo forzado que buscará “unir” a sus filas detrás de un mensaje capaz de movilizar la fibra más íntima de un mendocino al que supo representar antes de quedar atrapado en la telaraña K. A esta principal fuerza opositora —por historia y tradición— le sigue la Alianza Provincias Unidas, una suerte de versión reciclada de La Unión Mendocina de 2023, pero liderada esta vez por un ideario antiminero, conservador y anticuado, conviviendo con miradas desarrollistas, otras fuertemente estatistas y algunas liberales alineadas con Milei pero opuestas a Cornejo. Una mezcla incómoda, sin un rumbo claro: un carrusel extraño, no precisamente aquel “del Furo” que Serrat describió magistralmente.
A estas dos oposiciones más visibles se suman la histórica izquierda, los “verdes” ahora aliados a Libres del Sur, el dúo Ramón–Orozco y el Partido Demócrata junto a los libertarios —aunque sin Milei y sin el PRO—.
Con este panorama, el oficialismo parece encaminado a una victoria clara en octubre, fruto de la alianza “a la carta” que Milei y Cornejo supieron construir en Mendoza, tal como el partido del presidente lo hizo en otros distritos.
La elección de octubre —nacionalizada casi por completo— pondrá además sobre la mesa un debate crucial: ¿es el gobierno de Milei de transición o no? En otras palabras, ¿aceptará la sociedad, luego de comprenderlas, las reformas estructurales y de segunda generación que apuntan a resolver el atraso crónico argentino? El asunto no es menor: los argentinos podrían respaldar el rumbo general, pero exigir al mismo tiempo “entradas a boxes”, intervenciones que incluyan a más gente dentro del nuevo esquema y dejen a menos fuera del sistema. Ese debate podría empezar a definir la segunda mitad de la gestión.
Más allá de octubre, el plan de Milei deberá encontrar respuestas para el comportamiento desigual de la economía, que genera desequilibrios en todas las regiones. Allí se destacan las reformas laboral, impositiva y fiscal, y la previsional.
Se sabe que el Consejo de Mayo trabaja en estos temas con hermetismo, aunque pronto podría presentar un borrador de reforma laboral con el que el gobierno espera generar empleo y blanquear el trabajo informal. Pero ya no alcanza solo con flexibilizar las condiciones de contratación, modernizar el régimen de indemnizaciones, modificar las licencias o ajustar el régimen de horas extras y contratos. Una reforma estructural en el campo laboral debe atacar, sobre todo, el famoso “costo argentino”: ese conjunto de impuestos y tasas que puede representar cerca del 50% del valor de cualquier producto fabricado en el país.