Con dos pedidos de informe a los juzgados concursales 2 y 3 de Mendoza; dos más a las fiscalías de instrucción 7 y 8 y otros dos divididos entre el Banco Central y el Banco Nación, la Comisión de Derechos y Garantías de Diputados de la Legislatura provincial se metió de lleno en el conflicto que el gigante vitivinícola, Fecovita, mantiene con un grupo empresario español, que ha llegado al punto de solicitarle la quiebra al conglomerado de cooperativas mendocinas.

El litigio judicial entre las compañías ha venido escalando hasta convertirse en un caso de atención política por la trascendencia y por lo que está en juego. O, al menos, debiese transformarse en un caso de atención prioritaria y, por lo visto, va camino a eso. No obstante, ningún frente o partido ni tampoco dirigentes de peso se habían manifestado hasta ayer, que el caso desembarcó en la Comisión de Derechos y Garantías. En apariencia, todo indica que algunas semanas atrás debió intervenir la Gobernación en una gestión con el Banco Nación por mantener trabado un trámite de financiamiento ordinario a favor de Fecovita, todo originado por el pedido de quiebra que se sustenta en los dos juzgados concursales.

Hasta mediados del 2020 todo pareció ir sobre rieles entre la madre de las cooperativas vitivinícolas mendocinas y el grupo español Exportadora Vitivinícola Española (Evisa). Los problemas comenzaron cuando Evisa sorprendió con un reclamo por pagos supuestamente no realizados de parte de Fecovita, situación que la compañía mendocina ha negado de cuajo. Los españoles, con algún representante local, sostienen que Fecovita no habría cumplido con envíos prometidos a Europa y Europa del Este. En tanto, Fecovita no sólo niega las acusaciones y denuncias que han llegado a la Justicia
concursal, sino que, además, invierte la situación asegurando que es exactamente al revés: que son los españoles los que no han cumplido con su parte.

Mientras el grupo español fue por la quiebra, la dirección de Fecovita contraatacó con denuncias hacia quienes creen ver detrás de la maniobra que los perjudica. Se trata del ciudadano español Juan José Retamero Gómez y contra Guillermo García, el contador mendocino que se desempeñó al frente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) entre el 2008 y el 2016. Ambos se desempeñan como director ejecutivo y presidente de las sociedades que están detrás de la quiebra, las sociedades Iberte SRO y la mencionada Evisa. Estos grupos han expresado desde Fecovita a la Comisión de Derechos y Garantías, son los que “han iniciado y mantenido una planificada campaña de desestabilización contra Fecovita”.

Esa campaña se habría basado, afirman en Fecovita, “en acciones extorsivas antes las cooperativas socias, sus representantes en forma personal, las autoridades nacionales, tales como el Banco Central y los juzgados concursales y penales de Mendoza”. De ahí que Fecovita, aclaran en la presentación realizada en la Legislatura, haya formulado la denuncia penal por extorsión contra los grupos que piden la quiebra y que se tramite en la Fiscalía de Delitos No Especiales N.º 38.

Las denuncias cruzadas derivaron, además, en que Fecovita, que tenía una parte de Evisa, vendiera su parte en el 2022 y diera por terminada su relación comercial con Iberte.

Los pedidos de informes ante los juzgados, la fiscalía y los bancos que giró Derechos y Garantías fueron firmados por todos los legisladores integrantes de la comisión: José Luis Ramón, Evelin Perez, Josefina Canale, Laura Chazarreta, Cecilia Rodríguez y Julio Villafañe, mientras que el otro integrante, Emanuel Fugazzotto, estuvo ausente del encuentro. Según se ha ampliado desde Fecovita, el pedido de quiebra en su contra se sustenta en una coacción “para que Fecovita desembolse a su favor un crédito que nunca fue real. De hecho, Fecovita es acreedor del grupo Iberte y Evisa, como surge de los estados contables de la empresa y de las certificaciones de los auditores”.

En ciertos sectores políticos críticos no descartan alguna que otra maniobra interesada para perjudicar a Fecovita.

Creen ver manos en el ámbito económico y una llamativa indiferencia y silencio en el establishment político. Una caída eventual de Fecovita dejaría a un solo grupo económico dominando la escena vitivinícola del país, apuntándole al grupo Peñaflor. Hoy, el gigante con sede en Mendoza cobija a unos 5.000 productores y a casi una treintena de cooperativas extendidas en todo el territorio.