Las encuestas de opinión y de humor social, junto con las de intención de voto, las de imagen política o del nivel de satisfacción sobre una gestión determinada, suelen dejar información clave y vital que no siempre es la que buscan en primera instancia quien o quienes las ordenan. Una reciente que se divulgó ampliamente entre contactos de WhatsApp de funcionarios y dirigentes políticos ha dejado un dato medular y central, que podría ser motivo de atención y discusión para la campaña electoral de cara a las legislativas de setiembre y noviembre: para el 61,2 por ciento de los mendocinos, la esperanza más cercana para conseguir y garantizar el trabajo está en manos de las empresas y de los emprendedores individuales, mientras que, para 19,7 por ciento, el que puede generar con éxito más empleos es el Gobierno.

La lectura rápida de ese resultado no debiese causar ninguna sorpresa, porque el mundo se maneja de esa manera. El trabajo en general y la creación de riqueza están sujetos al desarrollo de todas las empresas, muy especialmente las de escala pequeña y mediana; también a las iniciativas individuales o grupales de tipo particular; y, en definitiva, a la inventiva y creatividad privada. Los Estados, en el mundo desarrollado, suelen dedicarse en su gran mayoría a orientar las inversiones, facilitar los caminos, limpiar de malezas los terrenos y estimular la competencia entre los privados, convencidos de que los impuestos recaudados deberían ser destinados a proporcionar más y mejores servicios a la población, a la cual deben rendir periódicamente examen, como el próximo que se les avecina tanto al gobierno de Rodolfo Suarez como al nacional de Alberto Fernández.

Sin embargo, cuando en Argentina, ya fuese por las constantes crisis sin solución y por haber apostado mayormente a salidas mágicas del atolladero sin someterse a un plan que puede que seas esforzado y doloroso en una primera etapa, con sus dificultades propias, pero que a largo plazo podría permitirle opciones de crecimiento a su gente, y de desarrollo muy diferentes de las que se han venido utilizando, que seis de cada diez mendocinos digan que la salida laboral está en el desarrollo y auge privado no deja de marcar y de determinar una opción clara que le marca la cancha al Gobierno y le indica que muchas de las direcciones por las que lleva la administración de lo público hay que corregirlas, porque se encamina hacia frustraciones conocidas.

El trabajo de opinión mencionado fue realizado por el Instituto de Análisis del Comportamiento Social, que dirige el consultor Elbio Rodríguez. Al descomponer la respuesta de más de 60 por ciento de los encuestados, se destaca aún más la profundización del pensamiento de los mendocinos sobre por dónde tiene que venir la recuperación económica: de aquel 61,2 por ciento, 35,5 por ciento de las esperanzas laborales está puesto en los “emprendedores cuentapropistas” y el 25,7 por ciento restante en las empresas convencionales.

Durante muchos años, los gobiernos provinciales parecieron caer dominados en la poderosa influencia que ejercen sobre sus políticas los actores dominadores de lo público: los sindicatos en primer lugar, que han sido muy fuertes en el pasado reciente, condicionando muchas de las medidas de tipo fiscal y de gasto público y, por supuesto, cuándo no, los organismos autárquicos y descentralizados que en sus manos tuvieron la administración de servicios públicos estratégicos y esenciales.

Si bien el dominio de tales actores sobre la orientación en general de las políticas del Estado hoy no se asemeja al que tuvieron hasta no muchos años atrás, existe un resabio fuerte todavía de todo aquello, cuando se cree que toda solución debe venir de la mano del Estado y quien administra el Estado actúa en consecuencia. Como si se tratase de gobernar para una minoría, ruidosa, es cierto, tanto como que ese 19,7 por ciento que revela la encuesta de convencidos de que las soluciones, en este caso laborales, provienen del Gobierno mandase por sobre el resto de las demandas.

No es extraño que, de tanto en tanto, los gobiernos y, en este caso, sumando al nacional, se ocupen de enumerar la cantidad de fondos públicos que han tenido como destino subsidios de todo tipo y especie y, claro está, del denominado gasto social.

La Anses y el PAMI, organizaciones de un peso formidable en la administración del Estado nacional, son quizás las que más se ocupan de destacar hacia dónde van los recursos que controlan y la cantidad de planes y programas que surgen de esas cajas enormes de fondos que aportan los trabajadores, públicos y privados, y los propios afiliados. Pero, así también, se utilizan como herramientas formidables de campañas y operaciones políticas de toda laya. Es más, tales fondos suelen ser literalmente manoteados por los gobiernos para tapar agujeros fiscales o bien para encauzar, por esa vía, diversas políticas que, más que tener objetivos de reparación, responden a demagogia lisa y pura, más en momentos previos a las campañas electorales como la que tenemos a la vuelta de la esquina.

Cuando la política en su mayoría entienda que podrá ser reivindicada, en nombre propio y colectivo, por idear y seguir planes a largo plazo de recuperación cierta de la economía y de las condiciones para el crecimiento, las inversiones y el desarrollo, se habrá hallado, quizás, buena parte de la solución a ese enigma misterioso e increíble en el que se ha transformado Argentina. Pero son apuestas de largo aliento, algo que ningún gobierno, al menos hoy, está dispuesto a llevar adelante y liderar. Ni en la Nación ni en la provincia.