El destituido juez federal Walter Bento se presentó ante la Justicia de Capital Federal y denunció penalmente a quienes considera responsables de “un armado ilegal” del proceso que se sustanció en el Consejo de la Magistratura de la Nación y culminó con su apartamiento del Juzgado Federal Nº1 de Mendoza el miércoles 8 de noviembre.
Pidió que se los investigue por diversos delitos y solicitó que declaren como testigos, entre otros, el actual ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, quien supo representarlo legalmente en las causas que lo complicaron. Apuntó contra el ex diputado nacional del PRO Pablo Tonelli, el fiscal general Dante Vega y dos abogados.
La causa recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti y tiene como fiscal a Ramiro González, quien ya solicitó algunas medidas y es cercano a la jueza María Romilda Servini de Cubría, considerada una de las “madrinas” de Bento en su carrera judicial.
Bento aprovechó que el considerado testigo “estrella” del caso que lo mantiene en el banquillo como jefe de una asociación ilícita que cobraba coimas para beneficiar a ciertos detenidos, Diego Barrera, se desdijo durante las declaraciones que brindó el 14 y 15 de noviembre en debate oral que se inició a fines de julio en el Tribunal Oral Federal Nº2, para realizar la presentación hace algunas semanas.
Barrera, quien fue condenado a prisión perpetua con su esposa y los hijastros por el asesinato del señalado miembro de la banda que presuntamente lideraba el otrora juez, el despachante de aduanas e informante policial Diego Aliaga, aseguró cuando la causa se encontraba en instrucción -entre otras cosas- que Bento era el jefe de la asociación ilícita, que se movía con un grupo de abogados y hombres de confianza, y también lo ratificó cuando declaró vía Zoom ante Consejo de la Magistratura.
Diego Barrera dijo que las declaraciones que hizo contra Bento fueron armadas por políticos y el fiscal
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Sin embargo, luego de haber recibido la pena máxima por el caso Aliaga en la Justicia federal de Mendoza, fue citado como testigo en el debate oral y cambió totalmente su versión ante las partes, lo que sorprendió al Ministerio Público, representado –principalmente- por el fiscal que potenció la investigación, Dante Vega.
Básicamente, dijo que funcionarios públicos y abogados que lo representaban lo habían coaccionado para declarar “falsedades” -se desprende la denuncia- en el Consejo de la Magistratura “para perjudicarme y, de ese modo, motorizar el proceso que finalizó con mi remoción”.
“Así las cosas, hoy puedo afirmar -con seguridad y certeza, que la declaración brindada bajo coacción, amenazas, torturas, vejaciones por Barrera ante el Consejo de la Magistratura, pieza fundamental de la que se valió la acusación para promover mi juicio político y lograr mi destitución, fue producto de una orquestación impulsada por funcionarios públicos y abogados”, señala la denuncia que llegó a la Justicia federal el 21 de noviembre.
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De esta forma, por los dichos de Barrera en el debate, el ex magistrado solicitó que se investigue penalmente al ex integrante del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, al citado fiscal general Dante Vega y a los letrados Antonio Carrizo y Elena Quinteros. Estos dos fueron los abogados de Barrera mientras se encontraba procesado en la causa por el secuestro y asesinato de Aliaga.
“La maniobra objeto de denuncia, podría encontrar subordinación legal -prima facie- en las figuras típicas de instigación al falso testimonio, extorsión, cohecho agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o asociación ilícita, sin perjuicio que del curso de la instrucción se puedan determinar con precisión las calificaciones que le corresponderán a cada uno de los imputados”, entendió el destituido magistrado.