Mariana Gardey, la conjueza de Ejecución Penal que buscar ser nombrada de manera efectiva y que este miércoles se sometió a la audiencia pública para el tratamiento de su pliego, fue protagonista de uno los de hechos más graves de los últimos meses en la cárcel de Almafuerte: un preso que había sido convocado por ella llegó hasta la puerta de su despacho escondiendo una chuza, y fue, precisamente, el uniformado que custodia el juzgado el que hizo el hallazgo. Previo a eso, el interno había superado tres controles.

El hecho, calificado de “gravísimo” en el ambiente carcelario, por el riesgo que corrieron la funcionaria y el resto de los empleados, no fue denunciado penalmente. 

“Creo que se hizo un informe para pedir una sanción disciplinaria para el preso, pero no recuerdo qué más hicimos en ese expediente. Hoy (por ayer) he tenido un día larguísimo”, se excusó Gardey.

“Creo que se hizo un informe para pedir una sanción disciplinaria para el preso, pero no recuerdo qué más hicimos en ese expediente”.

No existe registro de que desde el juzgado de Ejecución se haya presentado una denuncia penal en contra del Servicio Penitenciario. Sucedió el 26 de mayo, cuando Alejandro Daniel Carmona, de 25 años, condenado por robo agravado, llegó a  metros de la conjueza cuando un miembro del Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias (GEOP) descubrió que portaba una chuza.

A simple vista, los guardiacárceles a cargo de los controles que no detectaron el arma blanca del preso deberían haber sido investigados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, una figura penal que, ahora, también le cabría a Gardey por no haber hecho la denuncia como correspondía.

 

La situación de la conjueza es, por lo menos, incómoda. Si bien rindió para el cargo que está ejerciendo, todavía no fue nombrada con la aprobación del Senado. Por el momento, continúa siendo “oficial adjutor” del Servicio Penitenciario de Mendoza. Es un cargo que tiene en reserva, pero el cual debería regresar si su pliego no es aprobado.

En otras palabras: Gardey debería haber denunciado a los efectivos que, en definitiva, continúan siendo sus compañeros. Una situación similar es la que atraviesa Sebastián Sarmiento, quien también tiene reserva de cargo penitenciario y espera la aprobación de la Cámara Alta para convertirse de manera efectiva en juez de Ejecución Penal.

Ese circuito entre empleados penitenciarios que piden la reserva de cargo para aspirar a otros puestos dentro del Estado será motivo de polémica cuando se voten los pliegos. La senadora María José Ubaldini no sólo goza del mismo estatus, sino que, antes de que Gardey fuera designada como conjueza, la tuvo entre su equipo de asesores y ahora deberá decidir si le da la bolilla blanca en la votación secreta.