La senadora radical, María Mercedes Rus, presentó un proyecto para desalentar el mercado ilegal de los bienes muebles usados. Con esto se apunta a evitar los ilícitos con aquellos productos que generalmente se comercializan luego de haber sido robados, como computadoras, teléfonos y bicicletas, entre otros.

En concreto, la iniciativa pretende modificar la Ley 8.124 para aggionarla a estos tiempos, para lo que se creará un “Sistema de Registro y procedimiento para la compra y venta de bienes muebles usados y sistema de consulta de origen de los mismos”.

En este caso, la propuesta tiene una doble funcionalidad; por un lado, reemplazar el viejo sistema analógico que funcionaba a través de obleas adhesivas, libros en papel, constancias en duplicado, entre otras. Y por otro, permitir la verificación de origen lícito de bienes muebles.

De este modo, se busca sistematizar los registros para que se pueda controlar a quienes se dedican a la compra y venta de productos usados. El proyecto suma las bicicletas al registro.

En marzo, tras la muerte de Emiliano Fernández, asesinado cuando iba en bicicleta a su trabajo en Las Heras, el ministro de Seguridad, Raúl Levrino, anunció, entre otras medidas, que se iba a trabajar en un registro voluntario de las bicis, empezando con deportistas.

De ese tiempo a esta parte, desde la cartera señalaron que se están analizando opciones y sumando aportes de estos proyectos. Lo que se estudia en este momento, en el caso concreto de las bicicletas, es quién será el órgano de aplicación.

En detalle

“Propongo la informatización donde el que está habilitado para comprar pueda registrar la operación y el sistema le devuelva un código único de verificación”, sostuvo la legisladora.

Esto sería de utilidad para las ventas que se realizan a veces en diferentes grupos en las redes sociales, ya que podría verificarse el origen del bien que se comercializa.

“Con esto lograríamos tener toda la trazabilidad y reduciríamos el mercado ilegal. Para los que se dedican a esto, registrarse sería obligatorio. Así se evita que se vendan productos robados”, añadió Rus.

También el proyecto prevé un apartado para que cualquier persona pueda registrar un bien mueble con su factura y obtener así un código de verificación. Si bien no sería obligatorio, ese registro permitiría facilitar los recuperos.

“Por ejemplo, cuando hay un allanamiento, los bienes muebles son difíciles de recuperar. Si uno los registra en el sistema, sería más fácil lograrlo”, explicó la senadora.

Funciones del registro:

  • Registrar las compras y ventas de bienes muebles usados que se concreten dentro del territorio de la Provincia de Mendoza.
  • Generar un código de verificación único y encriptado para cada operación registrada.
  • Facilitar consultas sobre el origen de los bienes muebles usados.
  • Propender a la reducción del mercado ilegal de venta de bienes producto de infracciones a la ley o delitos.

Contra el robo de cables

También la legisladora presentó un proyecto para establecer un marco normativo para dar trazabilidad al control sobre el cobre y metales no ferrosos. Esto, como consecuencia del aumento de los robos de cobre en la provincia.

Para resolver la problemática se propone crear un Registro de Actividades Vinculadas a la Comercialización e Industrialización de Metales No Ferrosos y otros, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Seguridad.

Entre las víctimas, Rus menciona a Edemsa que -según un informe de la distribuidora- durante el 2021-2022, contabilizaron 308 robos de transformadores y 174 tentativas. Esta situación ocasiona inconvenientes con los usuarios por falta de prestación del servicio.

“Se estima que se han sustraído alrededor de 48.000 Kg de cobre para ser comercializados, totalizando, a valor de mercado ilegal, una suma superior a los $ 48.500.000, considerando un valor promedio del precio de cobre para el período analizado”, argumenta el proyecto.

Para dimensionar la problemática, solo el año pasado el costo de reposición ascendió a $199.500.000.