Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación propuso que sean obligatorios los testeos para diferentes tipos de drogas ilegales en funcionarios de los tres poderes del Estado. La propuesta despertó dudas en Mendoza, sobre todo por los detalles en su aplicación y su utilidad.

La norma presentada por el diputado Gabriel Chumpitaz (PRO) expone la necesidad de instalar “la obligatoriedad de exámenes toxicológicos periódicos y aleatorios”.

El proyecto también fue firmado por Verónica Razzini, Patricia Vázquez, ⁠⁠Sergio Capozzi, ⁠⁠Emanuel Bianchetti y José Núñez, del PRO, y por Lorena Villaverde y Carlos Zapata, de La Libertad Avanza.

En la presentación de este proyecto, Chumpitaz describió que “es hora de acabar con la doble moral que ha permitido que funcionarios de alto nivel en los tres poderes se entreguen al consumo de drogas, minando la confianza pública y la eficacia de nuestras instituciones”.

El diputado nacional por Mendoza, Lisandro Nieri (UCR), consideró que, aunque está a favor de este tipo de controles en los funcionarios estatales, los exámenes deben ser voluntarios y con todas las garantías de transparencia.

“Las libertades son para un lado sí y para un lado no”, fustigó el legislador mendocino.

Además, explicó que para aplicar este tipo de iniciativas, los lugares donde se realicen los testeos deben ser “sumamente claros y transparentes” para evitar preferencias de carácter político, en alusión a los “vacunatorios VIP” que fueron denunciados durante el gobierno de Alberto Fernández.

Sin embargo, Nieri consideró que las adicciones no son motivo para inhibir a algún funcionario de ocupar cargos.

El Sol intentó consultar a los referentes de Salud Mental y del Plan Provincial de Adicciones, pero desde el Ministerio de Salud aseguraron que no iban a dar declaraciones porque se trata de un proyecto y no de algo “concreto”. Tampoco otros legisladores nacionales que fueron consultados al respecto emitieron opinión.

Una medida “simbólica”

Para entender todas las aristas, el psiquiatra mendocino Sebastián Della Torre, precisó que un factor determinante es “el estado clínico de la persona”, y profundizó:

“No es lo mismo un tipo de 25 años sano que una persona de 60 con una enfermedad comórbida como una diabetes, por ejemplo, y así, tenés infinitas combinaciones”, pero destacó entre las sustancias a las ilegales, incluidas en el proyecto, y al alcohol, ya que estas “terminan alterando las capacidades de la persona; la percepción, la velocidad de procesamiento de la información, la capacidad de cálculo, la motricidad y el juicio crítico en algunos casos“.

Sobre la utilidad de estos test, Dalla Torre describió al valor de los controles aleatorios como algo “bastante cuestionable”. Esto se debe porque, a ojos del psiquiatra, un control esporádico no ayudaría a conocer si el funcionario está en condiciones para realizar su función y para esto deberían aplicarse controles cada día que acuda a cumplir su rol estatal.

En esta línea, el psiquiatra definió el proyecto como una cuestión “más simbólica que practica”.

Con este tipo de pruebas, Dalla Torre consideró que se puede determinar el deterioro psicológico de una persona y al compararlo con sus registros clínicos, puede ser atribuido al consumo de ciertas sustancias.

Un fin más estadístico que útil

A esta apreciación, el psicólogo Matías Coll Fresquet, especialista en terapia cognitivo conductual (TCC) y docente de la Universidad de Mendoza, agregó que lo primero que se debe hacer es “tener en cuenta qué es lo que se consume“, ya que “son universos totalmente diferentes” dependiendo de la droga consumida.

Sobre los problemas que el consumo puede presentar en la psiquis de las personas, se explicó que “más que nada se afecta a la posición frontal cognitiva del cerebro“, es decir, las funciones que se realizan en el lóbulo frontal.

“El consumo de cocaína despierta más dopamina; el consumo de marihuana despierta, por ejemplo, más funciones ligadas a los endocannabinoides”, ejemplificó el especialista.

En torno al proyecto de ley de Chumpitaz, Coll Fresquet consideró es muy difícil que los legisladores u otros funcionarios presenten un consumo recurrente y sostenido de drogas como la cocaína. “Si sos cocainómano, es difícil que estés tanto tiempo en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores atinando en la vida”.

Un consumo prolongado de cocaína llevaría a que estos funcionarios comenzaran a “tomar malas decisiones y a tener malas relaciones con sus compañeros de trabajo”.

Por este motivo, se apuntó a que este proyecto tendría un fin estadístico más que uno útil, “porque está enfocado en drogas ilegales y no se está focalizando en sustancias legales, que es, donde veo que sí está la problemática en cargos públicos de alto rango”.

Coll Fresquet mencionó en primera instancia el alcohol y los psicofármacos, y relató que se puede apreciar secuelas de un consumo abusivo en discursos de algunos funcionarios: “Tienen mucho de la sintomatología de personas que han hecho un desequilibrio farmacológico. Y son drogas legales”.

Los comportamientos por los que se puede intuir este tipo de efectos en las personas son: la labilidad emocional (cambios bruscos de humor), la bradipsiquia (lentitud en el pensamiento y oratoria) o desvaríos en la línea discursiva.

“Si un legislador/a está tomando benzodiacepina (para tratar la ansiedad o el insomnio), con antidepresivos, con alcohol y antipsicóticos, tenemos un problemón, explicó.

Este consumo de sustancias legales en un punto agravado podría suponer un “enlentecimiento de las capacidades de comprensión que está conectado a la toma de decisiones”, lo que puede tener un impacto directo en sus funciones como funcionarios.

Otros fármacos legales que pueden afectar sus tareas son los “potenciadores cognitivos“, como el modafinilo, que causa una gran excitación que es capaz de dificultar la comprensión a la hora de leer, elaborar u opinar sobre un proyecto o tomar decisiones importantes. Este tipo de drogas son en ocasiones referidas como “reemplazantes de la cocaína”.

Ante esta situación, Coll Fresquet estimó que lo ideal sería aplicar “exámenes psicodiagnósticos“, con los cuales se podría “llegar al entendimiento de la psiquis” de una persona que consume.