Este miércoles se reanudó el juicio contra el destituido juez federal Walter Bento, procesado como líder de una asociación ilícita que cobraba coimas a presos a cambio de beneficios judiciales.

La primera jornada del año del megadebate, que tiene una treintena de imputados, tuvo como protagonista al ex comisario de la Policía provincial, Gabriel Moschetti, quien continuó con su declaración y respondió preguntas de la fiscalía. Sin embargo, antes de ese hecho, la defensa del removido magistrado realizó un pedido a las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá, integrantes del Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza.

Felipe Salvarezza, uno de los abogados de Bento, aseguró que el ex juez “teme por su seguridad” en el Centro de Detención Judicial de Mendoza, más conocido como la Unidad 32 (U 32), ubicado en el edificio de los Tribunales Federales. Por ese motivo solicitó que, tras las audiencias, sea trasladado a su celda en cárcel federal de Cacheuta.

Desde su destitución, en noviembre del año pasado, Bento está preso en el penal de Cacheuta y es transportado con custodia a los Tribunales Federales para presenciar el juicio, que se desarrolla los días miércoles, jueves y viernes, semana de por medio.

Así las cosas, Bento es trasladado al edificio ubicado en calle España de Ciudad los miércoles y queda alojado en la U 32 hasta los viernes, cuando nuevamente es derivado al complejo penitenciario federal en Luján de Cuyo.

En tal sentido, Salvarezza señaló que Bento “teme por su seguridad alojado en la U 32, producto que la nota que suscribió el alcaide mayor (Julio) Lalanda, que motivó una decisión del Tribunal que fue oportunamente impugnada por esta parte”.

El abogado hizo referencia a la resolución del TOF 2 que le prohíbe al removido juez y a Moschetti utilizar celulares y computadoras en la sala de debate. La decisión de las juezas Diamante, Pereira y Rattá surgió luego de un pedido de Lalanda, máxima autoridad de la U 32, para que los procesados no tengan acceso libre a dispositivos electrónicos con el objetivo de “velar por la seguridad de los imputados, de los funcionarios del Tribunal y del público”.

“El uso de dispositivos electrónicos durante las audiencias representa un riesgo para la seguridad de los involucrados”, consideró Lalanda. La sospecha es que tanto Bento como Moschetti utilizaban celulares y computadoras “para comunicarse con el exterior y tener acceso a información confidencial, realizar todo tipo de transacciones, cometer u organizar actos de violencia”.

“Los funcionarios del Tribunal y el persona a mi cargo tendrían que vigilar de cerca el uso de dispositivos para asegurar que no sean utilizados para fines ilícitos, lo que podría dificultar la atención a otros aspectos del proceso”, argumentó el jefe penitenciario. Ante tal solicitud, el TOF 2 resolvió que los imputados detenidos solamente podrán utilizar teléfonos y computadoras “en aquellos casos en que los abogados defensores invoquen y justifiquen la necesidad de visualizar, por parte de sus defendidos, actuaciones y/o documentación que no estuviese en soporte papel”.

La medida fue rechazada por la defensa de Bento, que considera que “de ningún modo está garantizada su seguridad en la U 32”. Así las cosas, ahora solicitó que su defendido “una vez finalizado el debate, sea reintegrado al Complejo Penitenciario Federal y sea trasladado nuevamente en el día de mañana, y así sucesivamente”. Diamante, presidente del TOF 2, adelantó que este miércoles responderán esta solicitud.

El juicio, en vivo

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