El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza oficializó la expulsión de las fuerzas de seguridad de un oficial subayudante que protagonizó un caso de “abandono de servicio”.

El efectivo fue sancionado con la cesantía tras determinarse que se ausentó de su puesto de manera “voluntaria y maliciosa”.

El origen del conflicto

El caso se remonta a finales de 2022. Según consta en la Resolución Nº 6715 publicada en el Boletín Oficial, el agente había obtenido una licencia médica justificada por 15 días a mediados de noviembre de aquel año, la cual fue extendida por otros 30 días por Sanidad Policial.

Sin embargo, el conflicto comenzó el 29 de diciembre de 2022. A partir de esa fecha, el oficial no solo no se presentó a prestar servicio ordinario en la Comisaría 35ª de Rodeo de la Cruz, sino que tampoco respondió a las citaciones de Sanidad Policial ni comunicó justificación alguna por su ausencia.

Un intento de regreso rechazado

Curiosamente, el oficial intentó solicitar su pase a “tareas operativas” tiempo después. No obstante, el Ministerio rechazó el pedido de inmediato, aclarando que no se podía dar lugar a su solicitud mientras tuviera un sumario administrativo abierto por abandono de servicio.

Durante el proceso de investigación llevado adelante por la Inspección General de Seguridad (IGS), se constató que:

  • El efectivo no compareció a las audiencias.
  • No nombró un defensor administrativo.
  • No ofreció pruebas en su defensa.

La sanción definitiva

La Junta de Disciplina y la Asesoría Letrada coincidieron en que la conducta del oficial vulneró las normas básicas de la investidura policial. Bajo el Artículo 100 inciso 3 de la Ley 6722, se consideró que hubo una falta gravísima al abandonar la prestación del servicio de seguridad pública.

Finalmente, la ministra de Seguridad y Justicia resolvió aplicar la sanción expulsiva de cesantía. Además, el Gobierno de Mendoza instruyó a la Dirección de Administración para que se investigue si el oficial percibió haberes de forma irregular durante el tiempo que no trabajó, con el fin de iniciar el trámite para la restitución del dinero al Estado.