El Gobierno de Mendoza decidió llevar a la justicia al responsable de un choque ocurrido a principios de 2023. La medida, oficializada mediante decreto este miércoles, busca recuperar más de 10,6 millones de pesos por los daños sufridos en el móvil policial 3577, un Fiat Cronos que protagonizó una historia de infortunios institucionales. La movilidad terminó destruida en un incendio en la ex playa de secuestros de San Agustín. L acción judicial incluye a la empresa de seguros.
Un siniestro con final trágico en San Agustín
El caso se remonta al 4 de enero de 2023, cuando el patrullero del Ministerio de Seguridad y Justicia sufrió daños en un siniestro vial. Tras el peritaje de la División Logística, se determinó que la movilidad quedaba fuera de circulación total y permanente, siendo trasladada a la Playa de Secuestros San Agustín en julio de ese mismo año.
Sin embargo, el destino del vehículo se selló definitivamente el 16 de septiembre de 2023, cuando el predio de San Agustín sufrió un incendio masivo que destruyó por completo todas las unidades allí alojadas.
A pesar de que el auto ya era chatarra tras el fuego, el Estado mendocino continuó el reclamo por el daño original del choque.
El fracaso de la mediación
El Ministerio de Seguridad inició un reclamo extrajudicial ante la empresa de seguros por un monto de $10.640.000. Según el expediente:
- La aseguradora ofreció apenas $7.500.000.
- El Gobierno, siguiendo el consejo de Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado, solicitó que se incluyeran intereses.
- Tras este pedido, la comunicación con la empresa se cortó y no hubo nuevas respuestas.
Orden de juicio urgente
Ante el silencio de la aseguradora y la inminente prescripción de la causa, el Gobernador instruyó a la Asesoría de Gobierno para iniciar acciones legales de manera urgente.
El dictamen oficial es contundente: se han agotado las vías administrativas y, para evitar que el patrimonio del Fisco se vea perjudicado, la Provincia demandará tanto al conductor que intervino en el choque original como a la compañía de seguros.
El decreto faculta al Asesor de Gobierno a realizar una última evaluación de conveniencia, pero la orden política es clara: el Estado no resignará el cobro de la deuda por una movilidad que, tras ser chocada, terminó desapareciendo entre las llamas de uno de los incendios más grandes de los últimos años en Mendoza.