Tras presentar el proyecto de Ley de Ciberseguridad, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, confirmó que el Ejecutivo enviará durante el segundo semestre un amplio paquete de iniciativas a la Legislatura.

La agenda incluye reformas al Código Procesal Penal, al Código de Contravenciones, a la Ley de Tránsito y a la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario, además de proyectos vinculados con la responsabilidad penal juvenil, la creación del marco legal para el Laboratorio de Identificación Balística y la intervención de inmuebles utilizados para actividades delictivas.

Ley de responsabilidad juvenil y Código Procesal Penal

La funcionaria explicó que la Ley de Ciberseguridad es apenas el primero de una serie de proyectos que el ministerio tiene en elaboración, como la reforma para juzgar a menores de edad. “Esta ley de ciberseguridad, la ley de responsabilidad penal juvenil, que tenemos que terminar de trabajar en una mesa interjurisdiccional y que también involucra al Poder Judicial, pero que ya se viene trabajando. Va a ser casi un código, un compendio bastante largo, específico, atravesado por la especialidad que requiere el tema”, señaló.

Otro de los proyectos apunta a modificar el Código Procesal Penal con el objetivo de limitar la reiteración de beneficios judiciales para delincuentes reincidentes. “Estamos estudiando una reforma para cortar la cadena de beneficios a determinados delincuentes, es decir, que no sean beneficiados reiteradamente con condenas condicionales o con suspensiones de juicio a prueba. Queremos dar una respuesta contundente en esa materia”, afirmó.

Barras, aguantaderos y seguridad en rutas complejas

La ministra también adelantó cambios en el Código de Contravenciones. Rus señaló que el Gobierno analiza incorporar modificaciones puntuales para actualizar algunas figuras y adecuarlas a nuevas problemáticas de seguridad. En este punto se tipificaría la sanción para los barras de clubes que secuestren colectivos para transportarse a los estadios los días de partidos.

En materia de seguridad vial, el Ejecutivo prepara una reforma a la Ley de Tránsito orientada a incorporar herramientas tecnológicas para reforzar los controles en rutas y zonas donde resulta difícil mantener una presencia permanente de preventores o efectivos policiales. “Estamos estudiando qué le aporta la tecnología en materia de control para tener una mejor respuesta en una agenda tan importante como la seguridad vial“, sostuvo.

Un ejemplo que usó la funcionaria es la curva de Guido, uno de los sectores con mayor cantidad de accidentes viales fatales en la provincia, donde es complejo poner guardias permanentes de agentes viales.

Por otra parte, el Ministerio impulsará un proyecto para convertir en ley el mecanismo de intervención sobre inmuebles abandonados o utilizados como aguantaderos, búnkeres de venta de droga o escenarios para la comisión de delitos.

La propuesta busca darle respaldo legislativo a la actual Resolución 5425, que habilita intervenciones como tapiados o demoliciones en coordinación con los municipios. “Queremos consolidar esa herramienta como una política de Estado, aprovechando la experiencia que ya hemos tenido y estableciendo un marco normativo claro para proteger la propiedad y evitar que esos lugares sean utilizados por delincuentes“, concluyó Rus.

Trabajos en la cárcel y mejoras tecnológicas

Otro de los ejes será la reforma de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario. Rus explicó que la intención es consolidar legalmente el modelo productivo desarrollado en las cárceles provinciales, donde funcionan talleres e industrias que abastecen al propio Estado. “Hoy las personas privadas de libertad fabrican textiles que usa la Policía de Mendoza, zapatos para la fuerza, uniformes para distintos organismos y hasta el papel higiénico que compra la Ciudad de Mendoza. Queremos consolidarlo como política de Estado”, explicó.

La ministra remarcó que, en Mendoza, el trabajo de las personas privadas de libertad “no sólo es un derecho, sino también una obligación”, y destacó que el esquema permite reducir costos para la administración pública.

Finalmente, entre las iniciativas también figura una ley específica para el Laboratorio de Identificación Balística, recientemente incorporado por la provincia. Según Rus, el objetivo es otorgarle un marco normativo propio, similar al que ya posee el Laboratorio de Genética Forense, para institucionalizar su funcionamiento dentro del sistema de investigación criminal.