La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza confirmó un aumento exponencial en las cesantías y exoneraciones para docentes y celadores en casos que incluyen abusos sexuales. En lo que va del 2025, se registraron 38 cesantías, casi 4 veces más que en el 2024.

La Ficha Limpia para docentes y celadores fue reglamentada en enero por el Ejecutivo provincial e incorporó la exoneración e inhabilitación permanente para el ejercicio de la docencia a aquellos condenados por los delitos de abuso sexual, pero también la cesantía para quienes tengan conductas morales no acordes con la función educativa.

Durante el 2024 se aplicaron 11 cesantías a docentes y celadores, pero en lo que va del 2025, se registraron 38 casos. De estos, 2 terminaron en exoneraciones por tratarse de abuso sexual grave y 5 casos de abuso sexual leve, lo que da un total de 7 casos de abuso sexual.

El número restante responde a 20 apercibimientos por incumplimiento de normativas y 13 malos tratos entre docentes y directivos o hacia los estudiantes. En todos los casos, se trata de docentes o celadores titulares, por lo que la cifra es aún mayor si se tiene en cuenta a quienes tienen una suplencia. “El número de suplentes cesanteados o desvinculados inhabilitados por diferentes causas es mucho mayor”, reconocieron desde la DGE.

La aplicación de la sanción de cesantía (prevista para el incumplimiento grave de obligaciones y faltas que afecten el decoro de la función) busca dejar un registro definitivo en el legajo del exdocente, pese a su jubilación. Además, la inhabilitación por tres (3) años le prohíbe ejercer cualquier cargo en la administración pública.

Al ser consultada por el aumento de casos de un año a otro, la jefa de Gabinete de la Dirección General de Escuelas, Daniela García, dijo: “Al cambiar la normativa este año modificamos todos los procedimientos, mientras que en el 2024 tuvimos 11 cesantías, este año hemos tenido 38 y dos exoneraciones“.

En todos los casos son docentes o celadores titulares. “Las sanciones han sido diferentes y responden a lo que está dentro del estatuto”, agregó la funcionaria: “La gente se está animando a hablar más, hay una cuestión que está más consciente de cosas que pueden haber pasado en el pasado o que pasan actualmente”.

García detalló que, una vez realizada la denuncia, si se verifica que el docente está imputado, con esta nueva resolución se le suspende el salario preventivamente: “Es una medida de prevención hasta que ingrese al sistema su sumario y se pueda evaluar la situación y obviamente dar la sanción correspondiente. Siempre esperamos que exista la denuncia penal porque es un hecho delictivo, pero a la vez, implementamos acciones inmediatas, ya que siempre se busca el bien mayor para la víctima“.

Según la normativa, cuando existe una acusación hacia un docente se actúa preventivamente, aunque no exista una denuncia en Fiscalía. En esos casos, el docente es separado y trasladado a dependencias donde no tenga contacto con menores de edad.

Cuando son casos de gravedad donde existe una imputación, se realiza una suspensión preventiva del sueldo y se lo desvincula del sistema educativo.

En el caso de las 2 exoneraciones aplicadas este año, los acusados no pueden volver al sistema educativo, ya que se trata de delitos penales. No obstante, quienes fueron cesanteados, una vez que cumplen con el plazo de tres años, pueden volver a las aulas siempre y cuando no exista una inhabilitación.

La resolución de la DGE habilita un proceso de conciliación en los casos de maltrato entre pares o docentes y directivos. “De esa forma no se llega al apercibimiento ni a suspensión o sanción, porque se arregla previamente. Antes este proceso no existía”, agregó la jefa de Gabinete de la DGE.

Acompañamiento a las víctimas

La Dirección General de Escuelas cuenta con dos tipos de servicio para realizar los abordajes. En el caso del nivel primario, se encuentra la Dirección de Acompañamiento Escolar que también actúa en secundaria, pero también los Servicios de Orientación Educativa (SOE).

Al tomar conocimiento de una denuncia de abuso, violencia sexual o maltrato, se da intervención directa a la DAE. “Allí se trabaja con equipos interdisciplinarios especializados en dicha temática y luego de eso, si es necesario, se interviene con el sistema de salud. Obviamente que también se integra a la familia y se hacen los protocolos que están dentro del sistema y que son necesarios para dar las intervenciones correspondientes”, aclaró García.

Antecedentes recientes

La implementación de la llamada “Ficha Limpia Docente” comenzó a través de una resolución contundente en un caso de suma gravedad, que incluyó tocamientos. La sanción cayó sobre un docente que trabajaba en la Escuela Nº 1-181 “Juana de Jesús Aguirre de Quiroga” del departamento de La Paz.

El gobierno escolar dispuso la cesantía y la inhabilitación por tres años al maestro de grado titular. Esto, a pesar de que ya había presentado su renuncia por jubilación ordinaria en octubre de 2023.

La sanción se aplica tras la clausura del sumario administrativo iniciado por la denuncia de un hecho ocurrido el 26 de abril de 2019. Según consta en el expediente, el docente habría incurrido en hechos de violencia de género contra una alumna de 6º grado, al tocarle la espalda por debajo de la remera mientras se encontraba con compañeros en la galería del establecimiento.

En este caso, hubo una denuncia penal contra el maestro, según indicaron desde la DGE. Aunque se jubiló, el docente podría tomar horas, por lo que la medida le imposibilita volver a ocupar un cargo en una escuela por el lapso de tres años. La medida administrativa no afectará a su jubilación.