Este lunes, el Ministerio de Seguridad y Justicia publicó el decreto 2971 en el Boletín Oficial en el que confirma la sanción por 40 días a un agente policial acusado de ejercer violencia física contra una menor. El caso ocurrió en 2020 y se encuentra caratulado como “incidente de violencia intrafamiliar”.
Según el decreto, el agente alegó haber actuado bajo su rol de padrastro para “corregir” el comportamiento de la menor. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad consideró que sus acciones colisionaron directamente con los principios legales que protegen a los menores de edad.
Para la cartera que encabeza Mercedes Rus, la justificación del agente fue desestimada por ser incompatible con el marco jurídico vigente, ya que las normas legales que protegen a los menores de edad son contempladas a nivel provincial como nacional e internacional.
No obstante, el agente implicado argumentó que los hechos ocurrieron fuera del ámbito de sus funciones policiales y que no tuvo un defensor presente durante su indagatoria. Según el dictamen de la Asesoría de Gobierno, dejó en claro que el régimen disciplinario para el personal policial aplica tanto dentro como fuera del ejercicio de sus funciones.
Además, se constató que se le había informado sobre sus derechos y que contaba con la posibilidad de designar un abogado defensor, decisión que quedó supeditada a la aceptación del profesional propuesto.
El decreto también subrayó que la violencia ejercida, justificándola como una medida educativa, contradice de manera directa las garantías de protección infantil. En ese sentido, se reafirmó que los menores gozan de un estatus especial de protección legal que no admite excepciones en contextos familiares.
A raíz de este caso, la cartera de Seguridad y Justicia ha enfatizado que no tolerará conductas que comprometan los valores democráticos y los derechos humanos, reafirmando su compromiso con la modernización y profesionalización de la fuerza.
Por último, el oficial en cuestión, tiene la opción de impugnar la decisión en sede judicial dentro de los próximos 30 días, según lo estipulado en la Ley N.º 3918.