La investigación por el presunto pago de coimas en la Justicia Federal tuvo un efecto inesperado en los tribunales provinciales: un empleado del Registro Público y Archivo Judicial entregó en mano material sensible de la pesquisa a quien es el principal sospechoso de la causa, el juez federal Walter Bento.

La información a la que accedió el magistrado no sólo le confirmó que está siendo objeto de una causa caliente y le permitió tener argumentos para pedir formar parte del expediente. Además, generó revuelo en la Suprema Corte de Mendoza por el accionar negligente en una oficina que depende directamente del máximo tribunal.

“Estamos a la espera de lo que resuelva la Justicia Federal. Sabemos que en algún momento nos harán un pedido de informe o que nosotros armemos un sumario administrativo para saber qué ocurrió. Está claro que alguien actuó sin consultarnos”, afirmaron desde la Corte.

La causa por el supuesto pago de dinero a cambio de beneficios judiciales para imputados comenzó a instruirse hace unos meses a partir de dos hechos concretos: los datos que aparecieron en el teléfono de un detenido por una causa de narcotráfico y las declaraciones del principal imputado por el secuestro y homicidio de Diego Aliaga.

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Tanto el testimonio directo del imputado devenido a testigo como la evidencia obtenida en el celular apuntan a una estructura armada dentro del fuero federal para negociar condiciones de detención y beneficios procesales. El pago de coimas incluiría cambios de calificación en algunos casos para acceder, por ejemplo, a una prisión domiciliaria en lo inmediato y, una vez avanzada la instrucción, tener la posibilidad de llegar a un juicio oral con una acusación más benévola.

La organización, de acuerdo con la principal hipótesis, estaba formada por tres partes: un facilitador, un abogado y un alto funcionario judicial. Ese primer eslabón lo tendría como protagonista a Aliaga, un despachante aduanero convertido en empresario; simpático, entrador, y habitué de los cafés de calle Pedro Molina, radio de acción de abogados y magistrados. En julio del año pasado, tras una disputa con su socio, Diego Barrera, fue secuestrado, golpeado y finalmente asesinado.

Frente a la cantidad de pruebas en su contra por el crimen, Barrera declaró cómo actuaba Aliaga en los sótanos de la Justicia Federal de Mendoza. Y fue allí donde señaló la participación de un juez de primera instancia.

A partir de su relato, se abrió una causa paralela que quedó en manos del juez federal de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas, que delegó la tarea de investigación a la Fiscalía General, a cargo de Dante Vega.

El avance del expediente comenzó a generar zozobra en el juez Bento. Alertado de que su nombre podía aparecer entre las pruebas que se estaban evaluando, intentó por todos los medios ser parte de la causa y de ese modo saber cuál era su situación. De hecho, nombró como abogado defensor al mediático Mariano Cúneo Libarona sin siquiera estar imputado.

Pidió copia de una expediente que estaba secreto y su solicitud fue rechazada. No conforme, decidió moverse por su cuenta para saber si estaba siendo investigado y qué tan complicada podía ser su situación.

Por ese motivo pidió información en la Dirección de Migraciones, pero se la denegaron. Hizo lo mismo, personalmente, en el Registro Público y Archivo Judicial. Esa fue su puerta de entrada.

Un empleado le entregó un documento donde le informaba que esa dependencia había recibido un oficio por parte de la Fiscalía General Federal en Mendoza para saber su situación patrimonial en marco de una investigación que lo tenía como sospechoso.

Con esa información se presentó ante el juez Puidgéngolas, que no tuvo más remedio que incorporarlo como parte de la causa. Le permitió hacerlo bajo una figura similar a la del imputado, pero sin estarlo.

“Confirmamos nuestras sospechas sobre que al juez Bento lo estaban investigando. Entonces no les quedó otra que darle el rol de imputado. Ahora, podemos ejercer el derecho a defensa. Estamos aportando pruebas y documentos, aunque todavía no pudimos ver el expediente porque lo están escondiendo”, respondió Cúneo Libarona.

Es decir: procesalmente, a Bento no se le han notificado cargos en su contra ni lo han llamado a indagatoria. El secreto de sumario sigue vigente y la causa más caliente que hay en la provincia, por ahora, continúa siendo confidencial.