El radicalismo buscará aprobar el proyecto de reforma de la Suprema Corte el miércoles en la Cámara de Diputados, previa negociación con los aliados, que aún no confirman su acompañamiento a la iniciativa del gobernador Rodolfo Suarez.

El oficialismo quiere avanzar rápidamente en el recinto con el apoyo de los legisladores socios más importantes de Cambia Mendoza, el PRO, que tiene a Omar De Marchi como referente, y que hasta ahora ha elegido mostrarse “prudente” al respecto, e incluso criticó que no hayan sido tenidos en cuenta para diseñar la propuesta.

El diputado nacional ya ha marcado sus diferencias con la coalición en distintas oportunidades y se encuentra en medio de una interna con la Unión Cívica Radical (UCR) que se profundizó desde que confirmó que peleará por ser candidato a gobernador. Por eso es crucial la definición que surja de las charlas de este lunes.

El acompañamiento “amarillo” llegaría luego de que el radicalismo se comprometiera a acompañar una iniciativa del PRO que busca modificar las cámaras de Apelaciones en lo laboral para que a la Corte lleguen menos demandas de esa índole.

Otros votos no radicales son los del sector del Frente Renovador, el más importante es el de Jorge Difonso, por ser presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de Diputados. Ese legislador, que también ha mostrado disidencias con el resto de Cambia Mendoza, tampoco confirmó aún su apoyo. Dijo que intentará que el debate en LAC se amplíe a distintos sectores, como jueces en función y jubilados. “Vamos a tratar de sacar una ley que convenga al Poder Judicial, no al Gobierno”, afirmó.

Lo que suceda en la comisión es clave, ya que de ahí surgirá el despacho para que el proyecto llegue al recinto para su tratamiento. La componen ocho diputados de Cambia Mendoza, entre ellos, Gustavo Cairo (PRO) y Difonso (Frente Renovador-Unión Popular), cuatro del peronismo y una del Partido Demócrata. Para el dictamen son necesarios al menos siete votos, es por eso que la UCR debe acordar con sus aliados. 

En la cámara baja, el radicalismo cuenta con 20 diputados y el Frente de Todos, que rechaza el proyecto, tiene 17. Pero si se suman los tres del Frente Renovador, quedarían empatados. Así, más los votos en contra del Partido Verde y el Partido Demócrata, con una banca cada uno, la votación llegaría a los 22.

El debate

Este martes continuará el debate en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales entre ambas cámaras con las disertaciones de los magistrados Mario Adaro y Omar Palermo, a las 8.30; y del presidente del tribunal, Dalmiro Garay, y la jueza Teresa Day, a las 9.30.

“El Gobierno no quiere cambios, está totalmente cerrado en su postura. Lo único que quieren es darle media sanción el miércoles, es una locura, no se puede debatir en una semana un proyecto de modificación de una ley que lleva más de treinta años”, indicó Germán Gómez, jefe del bloque de Diputados del FdT-PJ.

Desde el radicalismo confían que será una jornada sin los sobresaltos vividos en el anterior encuentro, y que la denuncia del PJ contra el Gobierno por no adherir al feriado nacional por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, no influirá, aunque reconocieron que no cayó nada bien.

“Quizás haya alguna chicana, pero no creo que ese tema sea parte, espero que se mantengan en carriles separados. Es muy descabellada la denuncia”, afirmó Natacha Eisenchlas, senadora y presidenta provisional.

Adaro y Palermo, vinculados al sector filoperonista, llevarán una propuesta con detalles sobre cómo creen que debe modificarse el funcionamiento de la Corte, que reconocen que necesita adaptarse a los nuevos tiempos.

La iniciativa de Suarez, entre otras cosas, busca eliminar las salas con las que actualmente actúa el máximo tribunal y sortear las causas que llegan a los magistrados, implementando un sistema colegiado y dejando de lado las especialidades.

La diferencia estadística entre las cargas que tienen los supremos es uno de los temas a los que apuntarán los jueces invitados, ya que la Sala II recibe el 75% de los casos que ingresan anualmente al tribunal, pero no eliminándolas, sino modificando el sistema calendario que genera el llamado “forum shopping”, a través del que los abogados eligen las salas para presentar las demandas.

“Estamos de acuerdo con repensar el modelo en el que se eligen los jueces. El día martes vamos a traer una propuesta para el debate. Hay que apuntar a la transparencia y a la equidad en la carga del trabajo”, sostuvo Adaro el jueves pasado.

“No va a generar mejor calidad en las sentencias de la Corte, ni mayor rapidez en las resoluciones de los conflictos que llegan al máximo tribunal. Elimina las salas y su especialidad, a mi entender genera un retraso institucional, con consecuencias en el servicio de administración de justicia”, opinó sobre el proyecto oficialista Germán Gómez.