El extraño caso del Corsa que salió de una playa de secuestros y terminó chocando en el Acceso Sur sumó novedades. El Ministerio Público Fiscal informó que hay dos causas penales en curso por el hecho.
La primera, en la Unidad Fiscal de Tránsito a cargo de Mariana Gutiérrez, investiga las lesiones del choque y la alcoholemia, aunque probablemente se archive porque el único lesionado es el propio responsable del hecho.
La segunda, en la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados a cargo de Mónica Fernández Poblet, investiga la falsificación del acta extrapoder utilizada para retirar el auto y una posible sustitución de identidad. Esta causa será remitida a la Unidad de Delitos Económicos para investigar una presunta estafa genérica.
La Fiscalía además precisó un dato clave: ingresó una denuncia de Pablo Núñez, quien asegura que otra persona condujo el vehículo y protagonizó el accidente identificándose con su nombre y un DNI falsificado. Núñez sostuvo que en 2025 ya había sido víctima de una maniobra idéntica, cuando alguien alquiló un auto a su nombre con la misma estrategia de falsificación.
El origen del caso
El hecho ocurrió la mañana del jueves pasado en el Acceso Sur, entre las calles Lamadrid y Alsina, cuando un Chevrolet Corsa colisionó con un Volkswagen Polo. El conductor del Corsa registraba 2,15 gramos de alcohol por litro de sangre. La situación se volvió llamativa cuando surgió que el vehículo había sido retirado de una playa de secuestros de la Ciudad de Mendoza, pese a que su propietario aseguraba desconocer que estaba circulando.
La trama detrás del auto retirado de una playa de secuestros que terminó en un choque
Un choque en el Acceso Sur terminó revelando una situación inesperada: el vehículo involucrado había sido retirado de una playa de secuestros de la Ciudad de Mendoza y ahora el procedimiento utilizado para su entrega quedó bajo investigación. El conductor Pablo…
La documentación apócrifa
Para retirar el auto de la playa se había presentado un acta extrapoder firmada ante escribano y certificada por el Colegio Notarial. Pero el Colegio investigó y confirmó que el documento era apócrifo: la legalización correspondía a otro instrumento notarial -una declaración jurada por el extravío de documentación de una moto- y tanto la firma de la escribana como el código QR habían sido adulterados. La propia escribana se presentó ante el Colegio y radicó una denuncia penal.